Bruselas pide multar a los bancos que oculten tretas fiscales de sus clientes

Los trajes fiscales a medida que proliferaron en Luxemburgo, los papeles de Panamá y otros muchos encajes fiscales opacos requieren de un experto que los idee. Y aunque el objetivo suele ser evadir impuestos, pocas veces los intermediarios rinden cuentas por esos esquemas. La Comisión Europea quiere obligarlos a entregar automáticamente información fiscal modificando una directiva sobre cooperación entre Estados. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, define al intermediario como «cualquier persona que asuma la responsabilidad ante el contribuyente» por estos modelos fiscales ventajosos. Tras recibir la información, cada Gobierno nacional deberá ponerla a disposición del resto de socios de manera trimestral. De esa forma se produce una alerta temprana sobre comportamientos fiscales turbios que puedan afectar a más de un país de la UE.

Bruselas concede que algunos ejercicios de ingeniería fiscal se atienen a la ley, pero en general los considera una fuente de riesgo de evasión. «Mientras que algunas actividades pueden tener objetivos enteramente legítimos, otras pueden ser menos legítimas y, en algunos casos, ilegales», argumenta una portavoz de la Comisión Europea. El proyecto se presentará el próximo miércoles.

Aunque la política fiscal —y también la persecución del fraude— es competencia exclusiva de los Estados miembros, la creciente importancia de las operaciones transfronterizas exige una mayor cooperación. Fuentes comunitarias aseguran que han sido los propios Gobiernos los que han pedido un marco de este tipo para frenar los comportamientos abusivos. Las arcas públicas de los países europeos dejan de ingresar cada año un billón de euros por distintas formas de fraude y elusión fiscal, según cálculos de la Comisión Europea. Y a pesar de la recuperación económica, el peso de la fiscalidad de las empresas sobre el PIB no despega: las artimañas fiscales de las grandes compañías explican en parte estos dos fenómenos.

Con la directiva reformada, cualquier arreglo en el que al menos una de las partes sea residente en otra jurisdicción (incluidas las jurisdicciones fiscalmente opacas) tendrá que comunicarse al fisco cinco días después de que se le haya ofrecido a la empresa. Cuando el intermediario no tenga residencia fiscal en la UE o pertenezca a un gremio amparado por el secreto profesional (como los abogados), la obligación se transferirá a la propia empresa beneficiaria del esquema. El texto da pistas sobre lo que se considera acuerdo de riesgo: implica una ventaja fiscal, la empresa exige confidencialidad sobre lo firmado, el intermediario percibe un porcentaje de esa ganancia fiscal y el esquema emplea pérdidas para reducir la factura fiscal, entre otras características.

Para garantizar que bancos, contables, bufetes de abogados o simples particulares que operen como intermediarios cumplen con el mandato, el Ejecutivo comunitario propone multas, pero insta a los Gobiernos a fijarlas. «Las sanciones serán eficaces, proporcionadas y disuasorias», apunta el texto comunitario.

Norma disuasoria

La Comisión es consciente de que el mero hecho de obligar a los intermediarios a que informen de arreglos que bordean la legalidad —y a veces la violan— no resolverá el problema. La norma no reportará inmediatamente a los Estados una lista detallada de esquemas opacos para investigar. Lo que sí espera el Ejecutivo comunitario es que el requisito de información actúe como desincentivo: si hay que comunicar las claves sobre un trato fraudulento, mejor no suscribirlo.

El Parlamento Europeo ya había exigido a Bruselas más contundencia contra los facilitadores de la fiscalidad agresiva. «Celebramos esta propuesta; obligando a los intermediarios a facilitar el detalle de su actividad a las autoridades fiscales se crea una herramienta muy poderosa de persecución del fraude», destaca el eurodiputado Ernest Urtasun, del grupo de Los Verdes, uno de los más activos contra la evasión fiscal.