Los seis pasos necesarios para aplicar el artículo 155 de la Constitución

Los seis pasos necesarios para aplicar el artículo 155 de la Constitución

El artículo 189 del Reglamento del Senado establecen un total de seis pasos a dar para que la medida se ponga en marcha de manera efectiva, y el procedimiento puede detenerse en cualquier momento.
Paso 1: el requerimiento formal

 Lo anunciado este miércoles por Rajoy en una declaración institucional es el primer movimiento para activar esta medida, como él mismo reconoció al señalar que el paso dado es el “requerimiento previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución”. La Carta Magna señala que el Gobierno “podrá adoptar las medidas necesarias” para obligar a una comunidad al cumplimiento de la ley “previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado”.
 En ese requerimiento –cuyo contenido concreto no se conoce todavía–, el Gobierno pedirá a Puigdemont que vuelva a la legalidad. El artículo 155 de la Constitución faculta al Ejecutivo a su aplicación “si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”.

Paso 2: el Gobierno se dirige por escrito al presidente del Senado

La pelota queda ahora en el tejado de Puigdemont, a quien el Gobierno ha pedido formalmente que le explique exactamente cuál es la decisión que se tomó el martes en el Parlament de Cataluña, si es que se tomó alguna. Si Puigdemont no responde o su contestación no satisface al Ejecutivo, el segundo paso a dar para aplicar el 155 es dirigirse por escrito al presidente del Senado, Pío García-Escudero. Según el reglamento de la Cámara alta, el texto que se hiciera llegar a García-Escudero debería detallar dos cosas: “el contenido y alcance de las medidas propuestas” y “la justificación de haberse realizado el correspondiente requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y la de su incumplimiento” por parte de Puigdemont.

Paso 3: la Mesa del Senado remite la documentación a la Comisión General de las Comunidades Autónomas

Una vez presentada esta documentación por el Gobierno al presidente del Senado, éste la distribuiría al resto de los miembros de la Mesa –el órgano de gobierno de la Cámara alta– y estos, a su vez, la remitirían a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, uno de los grupos ordinarios de trabajo del Senado. El reglamento de la cámara establece una segunda opción: “constituir una Comisión conjunta”, si bien eso alargaría los plazos y parece descartado en este caso.

Paso 4: el Senado requiere por escrito al presidente de la comunidad

Llegados a este punto, la Comisión General de las Comunidades Autónomas requeriría a Puigdemont que le enviase “cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes” para el asunto y le daría la opción de designar, “si lo estima procedente, la persona que asuma la representación a estos efectos” del president.

Paso 5: propuesta de la Comisión General de las Comunidades Autónomas

Una vez oídas las partes, la Comisión del Senado debería pronunciarse. Según el reglamento de la Cámara alta, este órgano “formulará propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas”. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado, por lo que no cabe duda de que superaría este trámite.

Paso 6: debate y votación en el pleno del Senado

El último paso a dar para aplicar de manera efectiva el artículo 155 pasa por el pleno de la Cámara alta. El reglamento establece que se otorgarán “dos turnos a favor y dos en contra” de la aplicación del artículo, de veinte minutos cada uno, y también podrían intervenir los portavoces de los grupos parlamentarios que así lo solicitaran. “Concluido el debate, se procederá a la votación de la propuesta presentada, siendo necesario para la aprobación de la resolución el voto favorable de la mayoría absoluta de senadores”.