Cientos de organizaciones piden que se investiguen y sancionen las irregularidades judiciales del caso de Juana Rivas

Según las organizaciones firmantes, el de Juana Rivas es un caso paradigmático que ha puesto en tela de juicio el estado de derecho y las leyes con las que nuestro país se ha dotado a lo largo de la última década para proteger a las víctimas de violencia de género, en especial a los niños que la sufren. Tal como reconocen muchas juristas, la normas estaban previstas para poner en marcha toda una serie de medidas de protección que permitieran al Estado proteger de forma efectiva a las víctimas. Sin embargo, la lucha de Juana Rivas para proteger a sus hijos de un padre condenado por malos tratos en 2009 y contra el que Rivas había interpuesto una denuncia por malos tratos psíquicos y físicos continuados en noviembre de 2016, no ha sido siquiera tenida en cuenta dentro del proceso judicial, a pesar de que tanto ella como sus hijos tenían la condición de víctimas de violencia machista.

Dos son, según el los escritos presentados, los momentos en los que se han cometido graves fallos en el caso. Por un lado una falta de diligencia del juzgado de violencia sobre la mujer nº2 de Granada por no dar curso a la denuncia presentada por Rivas en 2016 contra su expareja, Arcuri, por malos tratos continuados, que durmió en un cajón durante más de un año sin ser tramitada. Según la jueza encargada del caso, la denuncia se archivó por «falta de jurisdicción de este órgano judicial para el conocimiento de los hechos…».

Los escritos de las quejas consideran ésta una falta muy grave de «ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales», puesto que vulnera lo establecido en el artículo 17 de la ley del Estatuto de la Víctima del Delito. Esta norma establece que «las víctimas residentes en España podrán presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea. En el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos...»

Sin embargo, no fue hasta más de un año después (el 3 de agosto de 2017) que dicho juzgado finalmente envió a traducir la denuncia de Rivas para enviarla a Italia, tras la queja de la responsable de la Unidad de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena ante la fiscalía. Según el escrito de presentado este lunes ante el CGPJ, «la omisión de esta obligación ha generado una clara situación de indefensión para Rivas y para sus hijos, que ha marcado todo el devenir del proceso posterior en el que se halla inmersa». A día de hoy, año y medio después de que Rivas interpusiera la denuncia, ésta no ha llegado al tribunal italiano que juzga el caso y nadie parece hacerse responsable de ello ni de darle seguimiento.

«El caso de Juana Rivas está plagado de mala praxis por parte de jueces, magistrados y fiscales, que debían proteger el bien superior de los menores»

«El caso de Juana Rivas está plagado de mala praxis por parte de jueces, magistrados y fiscales, que debían proteger el bien superior de los menores. Nuestro país se ha dotado de una serie de leyes, empezando por la de violencia de género de 2004, que suponía que cuando una mujer víctima de malos tratos denunciaba, el Estado ponía en marcha toda una serie de mecanismos para protegerla a ella y a sus hijos». Pero también se han ignorado otras leyes como la del estatuto de la víctima o la de protección de la infancia y adolescencia», explica Consuelo Abril, abogada, presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos y vicepresidenta de la COMPI, una de las plataformas firmantes.

«El caso de Juana Rivas es paradigmático porque se han querido cumplir a toda costa las resoluciones judiciales caiga quién caiga, sin tener en cuenta el espíritu de las leyes». añade Abril.

Sentencia de corta y pega

Otra de las irregularidades graves que se detallan en el escrito es la «falta absoluta y manifiesta de motivación de las resoluciones judiciales», detallando los graves errores cometidos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada al hacer un corta y pega «bochornoso» y que adolece de los requisitos que tienen que tener las sentencias: que sean motivadas y que concuerden con la realidad. En este caso no concuerdan ni los datos de las personas ni los hechos y esta es una falta grave», comenta Alba Pérez, miembro de la plataforma 7N.

Esa sentencia, a la que ha tenido acceso Público, alude a una menor de cinco años de nombre Estela, habla de tres denuncias (de las cuales dos fueron archivadas), que nada tienen que ver con Juana Rivas y sus hijos y relata hechos ocurridos en el año 2012 cuando Rivas aún ni siquiera estaba en España.

La queja presentada ante el Consejo General del Poder Judicial, la más explícita en cuanto a los fallos judiciales, afirma que los «hechos expuestos pueden ser constitutivos de acciones y omisiones muy graves que han generado y continúan generando un grave nivel de desprotección y revictimización de la señora Rivas y sus hijos (de tres y 11 años de edad), siendo intolerable en el marco de nuestro Estado de Derecho, violando gravemente su derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el articulo 24 de la Constitución». Afirma que hay «tres magistrados y una jueza que hicieron o dejaron de hacer cosas que entendemos que requieren un expediente disciplinario. Por eso estamos exigiendo una investigación», comentan. «El caso de Juana lo necesita, pero sobre todo es necesario para las otras juanas, para que esto no se vuelva a repetir», concluye Abril.

Que se escuche a los hijos

Desde el principio, una de las peticiones de Juana Rivas fue que se escuchara a sus hijos, sobre todo al mayor, que cuenta con 11 años de edad y que había pedido personalmente en una carta a la jueza poder hablar. Sin embargo esto nunca se produjo.

El hijo mayor de Juana Rivas fue explorado a petición el Ministerio Fiscal por un equipo el psicosocial Nº3 de Granada, a pesar de que, tal como afirman las organizaciones, dicha psicóloga no está colegiada, aunque la ley andaluza sobe colegios profesionales así lo exige. Fuentes cercanas al caso, afirman que quién debería haber visto al menor es la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), especializada y adscrita al Instituto de Medicina Legal.

Cabe recordar que Juana Rivas y sus hijos tenían el reconocimiento de víctimas de violencia de género y que desde hacía casi un año recibían apoyo psicológico y legal (entre otros) de la unidad de la mujer del Ayuntamiento de Maracena.

Según la cronología de los hechos relatados por las organizaciones firmantes del las quejas, poco después de que Juana Rivas entregara a sus hijos a Arcuri en Granada, el juzgado de instrucción Nº2 de esa ciudad citó a Arcuri y a su hijo mayor, Gabriel, para que éste último fuera explorado por el Instituto de Medicina Legal, debiendo presentarse el día 31 de agosto a las 10 de la mañana. Esta comparecencia nunca se produjo porque Arcuri abandonó España con sus dos hijos antes de la cita. Ante esta espantada, los agotados de Rivas solicitaron, entre otras cosas, que se dictara una orden europea de detención contra Arcuri, dado que con su desaparición impedía la correcta continuación de la instrucción. También pidieron que se dictara una orden Europea de Protección para los menores. El juzgado Nº2 de Granada, sin embargo, decreta que «no ha lugar a acodar la reapertura de las diligencias previas ni a adoptar medidas cautelas solicitadas por la representación de Rivas».

El pasado fin de semana Juana Rivas solicitó al juez que lleva el caso en el tribunal de Cagliari, en Italia, que de manera urgente escuche a los niños y que estos sean vistos por un perito competente.

Cientos de organizaciones firmantes

Las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial y ante la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género están firmadas por más de 70 organizaciones y plataformas. Algunas de ellas, como el Fórum de Políticas Feministas o COMPI, están formadas por unas 300 o 400 organizaciones respectivamente. En total son varios cientos las organizaciones que se han sumado es esta queja.
Entre las firmantes están:
La Plataforma 7N contra las Violencias Machistas, el Fórum Política Feminista, la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI); la Plataforma 25 de Noviembre contra la Violencia de Género de Granada, Colectivo Independiente de Granada, Colectivo de mujeres AURA, Almena Cooperativa Feminista, AAMM Feministas Marcela Lagarde, Custodia en Positivo, la Asociación de Mujeres Valdés, la Asociación de Mujeres ACCI, la Asociación de mujeres «Ntra. Sra. de la Paz», la Asociación de Mujeres Belerdeñas, la Asociación de Mueres la Estación Guadix, la Federación de asociaciones de mujeres del Valle de Lecrín, la Asociación de mujeres La Casa Grande, la Asociación de mujeres Azahara, la Asociación de mujeres La Razuela,  Asociación de mujeres Bezneras.com, la Asociación de Mujeres Viudas la Alcazaba, ACCOES – Casa de Colombia en España, AAMM «PODER ALTERNATIVO», Mujeres por la Paz, Asociación PROMETEO – Hombres por la Igualdad, Fórum de Política Feminista de Granada,  Nosotras Mismas, Forum Feminista de Madrid, la Asociación Damos la cara contra la violencia de género, la Asociación Rural de Mujeres Tiemar, la Asociación Mercedes Machado, la Federación Feminista Gloria Arenas, la Asociación de Mujeres Feministas «Puntos subversivos», Foro Feminista, la Asociación feminismo Córdoba, entre otras.