Una ley de 1985 para los ‘whatsapps’ del siglo XXI

Es muy difícil poner límite a la propaganda electoral en redes sociales, muchas veces anónima

Mari Luz Peinado

La estación de Avenida de América es una de las más utilizadas de la red de Metro de Madrid. Los viajeros que estos días salían a la superficie, se encontraban con una gran lona desplegada por Ciudadanos en la que se leía: «Pedro, nosotros vamos a cambiar España». La frase aparecía debajo de una que se incluye en el libro de memorias del presidente: «Mi primera decisión fue cambiar el colchón de La Moncloa». La Junta Electoral de Madrid ordenó su retirada después de una reclamación del PSOE, que consideraba que el mensaje de la lona incumplía la ley electoral. El artículo 53 de esta ley establece que «desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral».

La decisión de la Junta Electoral se tomó el viernes 5. Ese mismo día, los partidos políticos utilizaron sus canales de Telegram y WhatsApp para enviar mensajes a los teléfonos de sus seguidores. El PP, por ejemplo, distribuyó un vídeo con el título «¿Quieres que ellos también gobiernen España? PSOE / ❤️ OTEGI». Los socialistas enviaron 18 mensajes a los más de 3.200 suscriptores de su canal oficial de Telegram, esencialmente hablando sobre la intervención de Pedro Sánchez en Toledo y explicando las medidas tomadas ese día en el Consejo de Ministros. Y todos utilizaron sus cuentas oficiales en redes sociales. Mensajes directos, con contenido político, que se mueven rápido y que son difíciles de controlar por la ley. Los grupos de WhatsApp de familiares o de antiguos alumnos se convierten en una versión moderna de las fachadas sobre las que colgar las lonas.

Uno de los mensajes de WhatsApp del canal oficial del Partido Popular
Uno de los mensajes de WhatsApp del canal oficial del Partido Popular

La ley que controla las normas de estas elecciones se aprobó en 1985, cuando Twitter, Facebook y WhatsApp ni siquiera eran un proyecto. «Está pensada para regular, principalmente, los medios públicos de aquella época», explica Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. La politóloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona Berta Barbet explica que, «cuando se aprobó, la ley quería igualar la batalla electoral, para que los partidos tuvieran posibilidades similares». «A lo mejor todos no podían pagar una campaña de seis meses, pero sí una de 15 días. Cómo se puede conseguir esto en un mundo en el que existe tanta información, es algo que habría que replantear», añade.

El PP ha acudido a la Junta Electoral de Madrid después de que Podemos proyectara los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor el sábado 6 de abril. Pero ¿qué ocurre con los miles de mensajes que acompañaron la acción bajo el hashtag #QueNoVuelvan? Solo en Twitter, el domingo hubo más de 71.000 mensajes con esa etiqueta, según la herramienta de medición Digimind. El artículo 53 sí habla de «medios digitales» de los partidos, pero en redes sociales no siempre es fácil identificar a los emisores de los mensajes. Detrás de las lonas y de las proyecciones tiene que haber una empresa que pague y una firma que autorice un presupuesto. Detrás de un mensaje de WhatsApp viral solo tiene que haber gente dispuesta a darle a reenviar.

«Por un lado, están las redes sociales abiertas, como Twitter o Facebook, donde no puedes controlar la información que mueven los individuos, igual que tampoco puedes controlar que la gente hable de política en las calles. Algo más difícil es WhatsApp, donde no tienes ningún tipo de control sobre lo que se dice y lo que se comparte, ni quién lo hace», dice Barbet.

La ley y la trampa

La ley electoral también tiene otros artículos que entran en conflicto con la manera en la que recibimos información en la actualidad: la prohibición de hacer campaña el día anterior a la votación (la jornada de reflexión) y la de publicar sondeos en los días previos a la jornada electoral. Ambas son fáciles de evitar a través de una cuenta de Twitter —que incluso puede ser anónima— o con una cadena de mensajes.

«Los principios generales del derecho pueden ayudarnos en parte. Por ejemplo, aunque la ley no diga nada de redes sociales, un partido no podría pedir el voto a través de sus cuentas en la jornada de reflexión, por considerarse un medio más», opina Ruiz Robledo. «Otra cosa es que te lleguen mensajes de amigos más favorables a unos o a otros. Eso no creo que se pueda evitar». De hecho, ese tipo de comunicación es la más importante y también la más deseada por los partidos. En una convocatoria en la que, según el CIS, más del 40% de las personas que quieren ir a las urnas aún no ha decidido a quién votará, la opinión del entorno cercano es la que más influye, según los estudios.

Respecto a la prohibición de publicar sondeos, hace ya varios años que los que seguimos la campaña estamos familiarizados con las frutas andorranas. El Periódico de Andorra publica los resultados de sus encuestas y varias cuentas de Twitter lo representan con frutas, sin citar a los partidos por sus nombres (el PSOE es una fresa, el PP una gota de agua, Podemos es una berenjena y Ciudadanos una naranja). El profesor de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB Óscar Coromina resume así estas contradicciones: «Es un poco paternalista por parte de la ley. La información está ahí, es más accesible que nunca y no se puede parar».

https://elpais.com/politica/2019/04/09/actualidad/1554809033_813883.html