La contratación pública como política de fomento de la Economía Social
Las compras y contrataciones de nuestros gobiernos locales, regionales y estatal representan en torno al 20% del Producto Interior Bruto de nuestro país, un volumen nada desdeñable en términos de incidencia e influencia en la economía y el modelo de desarrollo.
Simplemente, con las obligaciones y exigencias que se imponen a las empresas para contratar con las entidades públicas se podría conseguir una mayor y mejor cultura fiscal, ética y sostenible en el tejido empresarial. Ese 20% de nuestra economía debe estar al servicio del bien común, y ser aprovechado para potenciar e implantar políticas para la equidad de género, el desarrollo sostenible, el bienestar laboral, el respeto a los derechos humanos, promoviendo así una transición económica basada en empresas mucho más democráticas y respetuosas con los derechos de las personas y con el medio ambiente.
En este ámbito es donde las empresas y entidades de la Economía Social juegan un papel crucial, como apuesta de futuro, por muchos motivos: por su gran arraigo en el territorio, ejerciendo como agentes de desarrollo local y rural, fijando población; creando oportunidades y empleo estable e inclusivo a través de la inserción de colectivos desfavorecidos, comprometidas con la equidad social y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; permitiendo mayor participación de la sociedad en la economía a través de estructuras más democráticas, tal como representan las empresas cooperativas o las asociaciones… etc. En definitiva, las entidades de la Economía Social representan un modelo económico y empresarial que puede ayudar a favorecer un futuro desarrollo mucho más inclusivo, con mayores cotas de bienestar social y sostenibilidad ambiental.
Entidades de la Economía Social con las entidades del sector público, ya no sólo para garantizar los impactos positivos anteriormente descritos, sino para tender hacia una economía más plural y una mejor calidad democrática. De este modo se busca reequilibrar el poder que actualmente tienen las grandes empresas y multinacionales (las cuales, además, son las adjudicatarias del 70% de la contratación pública1), capaces de incidir de forma determinante en las decisiones de los gobiernos, condicionando la voluntad democrática de los Pueblos y los derechos de las personas, algo que, a todas luces, debería estar por encima de cualquier interés económico, como ha puesto de manifiesto La campaña “Derechos para las personas. Obligaciones para multinacionales” así lo ha puesto de manifiesto, coincidiendo con el inicio del Foro Económico de Davos el pasado 22 de enero.
La actual Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado mes de marzo de 2018, ha sido un punto de inflexión en relación a la normativa anterior. Sin ir más lejos su artículo 1, en el que establece el Objeto de la propia Ley, habla de que se debe “facilitar el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social”. A la luz de este artículo, todas las entidades del sector público tienen el mandato de facilitar la participación de las empresas y entidades de la Economía Social en los procesos de contratación administrativa.
La Ley anterior, aunque permitía la consideración de criterios sociales y
ambientales (entre los que se incluía, por ejemplo, la obligación de
reservar parte de sus contratos a centros especiales de empleo y
empresas de inserción social), tuvo poca repercusión, es más, algunas
instituciones públicas incluso desconocían su existencia. Por ello,
aunque son numerosas las buenas prácticas en relación a la contratación
pública responsable no tuvieron un gran impacto social y económico. Y es
que las entidades del sector público han estado mucho más preocupadas
por garantizar un impoluto trámite administrativo de estos procesos
(especialmente tras los numerosos escándalos de corrupción asociados a
los procesos de contratación administrativa) que en exprimir todo su
potencial para favorecer el bienestar social y el desarrollo sostenible.
Aprendizajes y propuestas
Llegadas a este punto, hay que echar la vista atrás y aprender de los errores. Uno de ellos ha sido que los gobiernos locales, regionales y estatal no han identificado la contratación administrativa como una política estratégica que puede incrementar el impacto de algunas políticas públicas. Viéndolo desde esta perspectiva, volcar en la contratación administrativa las políticas de igualdad, de inserción socio laboral, cooperación internacional, transición económica y ecológica o de apoyo a la economía social es el primer paso que permitiría aprovechar todo su potencial.
La transformación de los modelos de contratación pública debe ser una prioridad gubernamental y, por consiguiente, se deben dedicar recursos a ello: formación de los/as trabajadores/as públicos, sensibilización y estímulos para el tejido empresarial, coordinación de procesos de contratación pública para favorecer sinergias y ‘círculos virtuosos’, como diría aquel, para catalizar algunos procesos de cambio económico y social que irían mucho más rápidos si tuvieran el apoyo público. Las Redes de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS) de Madrid y Aragón, con la colaboración de IDEAS y el Ayuntamiento de Madrid, han puesto en marcha la 2ª Edición del Curso de Experto sobre Contratación Pública Responsable con el ánimo de dar la capacitación suficiente a trabajadores y trabajadoras públicos, empresas y entidades del tercer sector para poder implementar políticas en esta materia. Oportunidades formativas de este tipo son las que se deben potenciar y aprovechar para hacer realidad una contratación pública social y ambientalmente más responsable.