Escuelas rurales: las semillas contra la despoblación

A más de 300 metros sobre el nivel del mar, entre los bancales de Río Verde, se asientan los tres pequeños pueblos de Jete, Otívar y Lentegí. Tierras de nítidos cielos azules; olor a leña; tierra mojada; cuestas tan estrechas como escarpadas y casitas bajas, donde las vecinas friegan su tramo de calle y los mayores del pueblo matan el tiempo en un banco al sol.

Lugares en los que todavía cuelgan las banderillas de las verbenas, distinguen a los forasteros con sólo un paso, los vecinos hacen cola frente al consultorio médico y los niños juegan en la calle, aunque cada vez los corrillos sean menos numerosos.

La vida se abre paso a un ritmo más lento, mientras libran la batalla a la despoblación. Los municipios pierden vecinos y sobra espacio en las aulas.

El más grande de ellos, Otívar, supera por los pelos el umbral de los 1.000 habitantes, mientras que Lentegí no suma 400 residentes. Ahora temen quedarse sin la única arma para garantizarse un futuro: sus escuelas rurales. Hace más de una década empezaron a cerrarse módulos de enseñanza y la Junta de Andalucía estudia suprimir el primer ciclo de secundaria del Colegio Público Valle Verde, que con tres escuelas funciona como un sólo colegio y abarca las tres localidades.

Los niños son para profesores y vecinos las ‘semillas’ contra la despoblación. En los pupitres empieza el sentimiento de arraigo para luchar contra el ocaso demográfico, se les ofrece «atención personalizada» y los docentes hacen honor a la palabra ‘maestro’.

Las clases poco tienen que envidiarles a las escuelas escandinavas (o eso dicen los maestros) . La guía docente se respeta, pero los profesores sobrepasan los márgenes del programa y el campo sustituye a veces al colegio. Alumnos de distintas edades se mezclan en un aula. Los grandes ayudan a los pequeños y el acoso escolar es «inexistente».

Los tres centros suman 133 alumnos: Otívar (79 alumnos), Jete (39) y Lentegí (15). En la década de los 2000 eran más niños. Hijos en su mayoría de inmigrantes y agricultores que con la crisis económica iniciaron un éxodo a otras zonas. Aún resisten con una gran cadena de vecinos que respalda su función social. Consideran que la Junta de Andalucía les ve como un gasto en vez de una inversión. Por eso, hoy han fletado dos autobuses para secundar la huelga contra el cierre de módulos en los colegios.

«Para Educación es fácil cerrar módulos y acabar poco a poco con la escuela rural. Deberían vernos como una inversión, pero nos consideran un gasto. Se ahorran dinero al enviar a los niños de nuestros pueblos a colegios más grandes en los que las clases están masificadas, pero se pierda calidad de enseñanza», mantiene Maricarmen Pretel, jefa de estudios del centro. Ejerce como profesora de infantil la escuela de Jete desde hace 20 años y es una firme defensora de los colegios rurales. «Para los maestros es un caos enseñar a niños de varios ciclos, pero a los alumnos les resulta fácil madurar o repasar si tienen déficit en el desarrollo», explica. «Flexibilizamos las materias. El año pasado estuvimos aprendiendo sobre la Prehistoria y ellos eligen de qué quieren aprender. Salimos al campo, conocemos las plantas y se les enseña a respetar el entorno», añade.

Los profesores de Música, Francés, Inglés, Religión o Educación Física rotan por las tres escuelas para completar las horas lectivas. El conocimiento es itinerante, pero no cambiarían su plaza por dar clase en la capital. «Muchos hemos dado clase en colegios más grandes y aunque cuando llegas el contraste es muy grande, merece la pena. Puedes dedicarle tiempo al alumno», dice uno de los profesores.

La sede de las tres escuelas está en Otívar. El centro tiene 79 niños y varios ciclos de primaria reagrupados. Ofrecen clase hasta segundo de la ESO. Después, los pequeños se desplazan hasta Almuñécar para ir al instituto. «Si los niños se trasladan y empiezan a cerrar clases, las familias se van. Somos la herramienta que fija la población. Algunos vecinos trabajan fuera y si no se fomenta la escuela rural los pueblos mueren. Tenemos los mismos recursos y programas que cualquier colegio de la Junta. No nos falta nada, además nuestra función social es muy importante. El motor de las actividades socioculturales e incluso las únicas bibliotecas que hay están en nuestros centros», mantiene el director del CPR Jorge Soto.

El docente no secundará la huelga para cumplir con los servicios mínimos del centro, sin embargo apoya la medida y critica los cambios de dirección de la administración sobre el cierre de módulos.

En Lentegí el centro cuenta sólo con dos clases, dos tutores y 15 estudiantes. En un aula conviven 8 alumnos de Infantil y del primer ciclo de primaria, mientras que en la otra hay 7 alumnos de entre 8 y 11 años. «Es un verdadero reto dar clase a alumnos de primaria en un entorno en el que los pequeños hacen ruido y juegan. Aprenden a concentrarse, a adquirir responsabilidades y madurar. No dejan de ser niños de 7 años. Ellos querrían hacer lo mismo que los de infantil, pero en cambio saben que tienen deberes y responsabilidades», dicen los profesores.

Las familias de los 133 alumnos de este colegio rural han comenzado una batalla para defender la educación de sus hijos. Se han concentrado a las puertas de los centros y han comenzado una recogida de firmas para que no supriman más módulos, pese a que el delegado de Educación, Antonio Jesús Castillo, ha paralizado la supresión de la secundaria un año más hasta obtener el consenso de la comunidad educativa. Los padres están convencidos de que la intención de la administración es suprimir módulos hasta acabar con la vida de los tres pueblos y «desmantelar» su escuela, pero se mantendrán en sus trece. Juancho Palomo y Montaña Carrascosa, padres de dos menores de la escuela de Otívar, han movilizado a los alumnos de Valle Verde. Ya han orquestado una concentración más que exitosa y han iniciado una campaña de firmas para que la Junta mantenga operativo sus servicios y no condenar a los localidades: «Un pueblo sin niños es un pueblo en vías de desaparición», mantienen. Los padres se niegan a que en un futuro próximo sus niños se enfrenten a casi dos horas en bus para poder continuar con su educación.