Más de 32,7 millones de euros. Y subiendo. La condena que España recibió en julio de 2018 por la falta de depuración de aguas urbanas residuales en varias aglomeraciones urbanas —que contemplaba una multa fija y penalizaciones semestrales mientras perduren los incumplimientos de la normativa comunitaria— ha supuesto ya la mayor sanción que el país ha tenido que pagar nunca a Bruselas. Además, la previsión es que siga aumentando, al menos, hasta 2023, cuando el Gobierno estima que se habrán solventado todos los problemas de este caso.
Fuentes de la Comisión Europea informan de que la factura de lo abonado por España asciende ya hasta esos más de 32,7 millones, de los que 12 fueron impuestos directamente por el Tribunal de Justicia de la UE en julio de 2018 como sanción fija por los incumplimientos pasados. Pero en el momento de dictarse aquella sentencia nueve aglomeraciones —en las que viven 379.000 personas— seguían vertiendo sus aguas residuales sin tratar adecuadamente al mar o a los ríos. Se trata de Matalascañas (Huelva), Alhaurín el Grande (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Tarifa (Cádiz), Coín (Málaga), Nerja (Málaga), Barbate (Cádiz), Gijón Este (Asturias) y Valle de Güímar (Santa Cruz de Tenerife). El tribunal estableció que por cada seis meses que perdurase el incumplimiento la sanción iría aumentando 10,35 millones. España ha pagado ya dos semestres de incumplimientos completos, según la información facilitada a EL PAÍS por la Comisión.
Desde que se dictó esa sentencia de julio de 2018 hasta ahora solo se han solventado los problemas en uno de los casos: la depuradora de Tarifa, que cubre las aguas de más de 20.000 habitantes. Existe un calendario para el resto de casos que, en el escenario más optimista, se completará en 2023.
La multa más alta que hasta ahora había pagado España —30 millones— era por las denominadas vacaciones fiscales (ayudas ilegales a empresas disfrazadas de exenciones fiscales) que Euskadi concedió y no recuperó a tiempo. En aquel caso el Gobierno vasco se hizo cargo de la sanción. La intención del Ejecutivo central en este caso es que también paguen las comunidades. El Ministerio para la Transición Ecológica recuerda que la competencia sobre las aguas residuales es municipal, aunque en algunos casos las obras han sido declaradas de interés regional o, incluso, nacional ante los retrasos de la aplicación de una directiva comunitaria de 1991. El Gobierno tiene intención de trasladar parte de la sanción europea a las comunidades y ayuntamientos afectados, aunque el Ministerio de Política Territorial sostiene que aún no se ha completado el expediente para poder reclamar ese dinero.
La Comisión Europea dispone desde 1992 de la potestad de sancionar a los Estados que incumplan sus directivas. Bruselas fue remisa en un principio a utilizar un instrumento tan potente y, de hecho, no lo estrenó hasta 2000. Pero desde entonces las sanciones se han hecho más frecuentes y, además, el Tratado de Lisboa amplió el tipo de infracciones que se pueden castigar con multas y agilizó la imposición de algunas.
En total, el Tribunal de Justicia de la UE ha impuesto 38 multas a instancias de la Comisión. El récord de la sanción a tanto alzado se lo ha llevado Italia (con 40 millones de euros) y el de la sanción coercitiva (que se repite hasta que Estado infractor cumple con la normativa) lo tiene Francia, con una multa semestral de casi 58 millones.
Las sanciones, de todos modos, están relacionadas con la envergadura económica de cada país, por lo que el montante no refleja de por sí el golpe sufrido. La frecuencia parece un indicador más adecuado para calibrar el impacto. Y Grecia, con 10 sanciones, es el país más castigado. España e Italia ocupan el segundo lugar, con cinco sanciones multimillonarias. Y Francia y Portugal completan un podio (muy mediterráneo) con tres multas cada una.
El gran problema: el agua
Los incumplimientos medioambientales lideran las sanciones impuestas por la justicia europea. Dentro de esas infracciones con multa los problemas con el agua ocupan un lugar destacadísimo. España tiene abiertos cinco procesos de infracción europeos por falta de tratamiento de las aguas urbanas en este momento, que están agrupados en función del tamaño de las poblaciones que no depuran o lo hacen mal y las zonas naturales afectadas. En total, esos cinco expedientes conciernen a casi 1.100 aglomeraciones urbanas, según detallan fuentes de la Comisión Europea.
Los planes hidrológicos del Ministerio para la Transición Ecológica contemplan 3.500 medidas de saneamiento y depuración, que supondrán una inversión de unos 10.000 millones en los próximos 18 años. Según este departamento, dos tercios de esas actuaciones las deben realizar las comunidades y un tercio el Estado. Y el Gobierno afirma que tiene previsto realizar 86 obras de depuración por valor de 447 millones hasta 2023. El objetivo: evitar que lleguen más sanciones multimillonarias como la que ya está pagando.
La primera vez que España fue multada (con 9,3 millones) por el Tribunal de Justicia de la UE fue en 2003 por la mala calidad para el baño de las aguas interiores (lagos, ríos, pozas). La siguiente —que alcanzó los 23,9 millones— fue en 2012 por ayudas ilegales a la empresa Magefesa. En 2014 el tribunal volvió a condenar a España con 30 millones por el caso de las llamadas vacaciones fiscales vascas. Y en julio de 2017 llegó la condena de tres millones por el retraso en la reforma de la estiba. Un año después España fue condenada por la mala depuración.
