La persecución de las renovables es ideológica, no económica

La persecución de las renovables es ideológica, no económica

Habrá que recordar al Partido Popular que, tal y como se reconoce en el resto del mundo, apostar por las renovables no es de izquierdas ni de derechas, sino de sentido común

Que el hachazo a las renovables perpetrado por el Partido Popular se haya producido con ausencia total de transparencia y objetividad es una clara demostración de que la reforma eléctrica es ideológica. No es cierto que las renovables tuvieran más rentabilidad que el resto de tecnologías de generación eléctrica; ni siquiera que entre ellas hubiera grandes diferencias. Lo que ha quedado patente es que el Gobierno quería aniquilar un sector porque su modelo económico no le gusta.

Las renovables, a diferencia de las energías fósiles, no tienen prácticamente costes variables de explotación. En la medida en que el sol o el viento sigan siendo gratuitos, el coste de producir un kWh con energía solar o eólica quedará determinado esencialmente en el momento de la inversión. Y lo hará durante toda la vida útil de la instalación, que suele superar los 25 años. Todo lo contrario de lo que ocurre con una central de gas o de carbón, cuyo precio depende de cotizaciones internacionales de la materia prima sometidas a gran volatilidad y sobre las que las empresas productoras españolas no tienen influencia alguna. Recordar que España depende energéticamente en más del 80% del exterior cuando la media de la Unión Europea es ligeramente superior al 50% justificaría, por sí solo, que nos encontráramos a la cabeza de Europa en la transición energética.

Teniendo en cuenta esta característica es fácil darse cuenta de lo dañina que resulta la incertidumbre regulatoria para la inversión en renovables. Si un país promete a través del Boletín Oficial del Estado –como hizo España en 2007– una retribución esencialmente constante durante 25 años de funcionamiento de la instalación y, pasados menos de cinco años desde la construcción, reduce sustancialmente el importe de la retribución, deja al inversor completamente atrapado.

Se comprende, pues, que los más de 60.000 inversores nacionales y extranjeros que acudieron en su día a la llamada del Gobierno para hacer de este país un líder en energías renovables que cumpliera con sus compromisos medioambientales internacionales estén ahora pleiteando en tribunales y cortes de arbitraje internacional para que se les devuelva lo que el mismo BOE les quitó.

Es normal, igualmente, que España haya caído al puesto 24 de 40 en atractivo de inversión en renovables cuando años atrás estábamos en los primeros puestos. En una actividad como ésta, la incertidumbre regulatoria causará que en el futuro la energía producida por renovables en España sea más cara que en otros países con menos sol o menos viento, sencillamente, porque los inversores exigirán más rentabilidad aquí. Y lo va a ser ahora que tras un increíble recorrido de la curva de aprendizaje, estas tecnologías ya son más baratas que las convencionales sin necesidad de ningún tipo de apoyo ni de recurrir al arrollador balance de impactos medioambientales y sociales a su favor.

Volviendo a la metodología del recorte, el Partido Popular transformó el sistema inicialmente simple de pagos por energía producida y que ya había sido alterado sustancialmente por el último Gobierno del Partido Socialista, en uno muy complejo, que requirió nada menos que 1.700 páginas en el BOE repletas de números, a través del cual el Gobierno “se metía a inversor” y estimaba las inversiones y costes en que “un prudente empresario” debería haber incurrido durante toda la vida de la instalación. A partir de estos datos calculaba los ingresos que le correspondían para que resultara una “rentabilidad razonable”, concepto que el propio Gobierno nuevamente fijaba de forma unilateral. No se trata, pues, de que se hayan auditado los costes reales y en función de éstos se hayan estandarizado las rentabilidades. Se trata de que se han inventado más de 1.000 proyectos “tipo” ficticios, que no existen en la realidad y, en función de éstos, han determinado lo que le corresponde ingresar a cada planta real. Las similitudes con las expropiaciones que hemos presenciado recientemente en América Latina son evidentes.

La arbitrariedad y falta de transparencia en la fijación de los parámetros, cada vez más obvia, deja en evidencia el proceso. No tenemos garantías de que los recortes a unas instalaciones hayan sido mayores que los de otras; mucho menos del criterio que justificaría esta previsible falta de equidad de trato. Y sobre todo, nos preguntamos por qué no se ha utilizado el mismo mecanismo para ajustar los pagos a tecnologías como la nuclear o la gran hidráulica que, tras decenas de años de recibir ingentes apoyos públicos, viven ahora su época dorada al gozar de una normativa que les permite “competir” en el mercado como si todas sus prebendas jamás hubieran existido.

Habrá que recordar al Partido Popular que, tal y como se reconoce en el resto del mundo, apostar por las renovables no es de izquierdas ni de derechas, sino de sentido común. El modelo energético está cambiando y España se está quedando atrás debido principalmente al cortoplacismo miope de nuestro Gobierno, empeñado en demoler sin criterio objetivo una industria de la que éramos líderes y que podría permitirnos, por sí sola, salir de esta eterna crisis con sólidos fundamentos.

Jorge Morales de Labra es ingeniero Industrial y emprendedor. Sector eléctrico español
En Twitter es @jorpow

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