La exención del IBI, una injusticia más a favor de la Iglesia
Ahora que muchos españoles tienen que hacer frente al dichoso recibo del IBI, vuelve a plantearse el trato de favor del que goza la Iglesia Católica en este tema. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de abril de 2014, abogó por la exención total del pago del IBI por todos los inmuebles de la Iglesia, salvo los afectos a explotaciones económicas, y no únicamente a aquellos destinados a actividades de culto.
Ya antes, en diciembre de 2013 el pleno del Tribunal Constitucional avaló, por unanimidad, la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles a la Iglesia. Una decisión que respondía a un recurso presentado por el Gobierno a la ley aprobada, en su momento, por el parlamento navarro en la que obligaba a la Iglesia a pagar la contribución urbana a los Ayuntamientos por todos sus edificios excepto por los destinados al culto.
Los tribunales son claros, pero los datos objetivos están ahí. A día de hoy, se calcula que la Iglesia católica tiene unos 100.000 inmuebles en España y, por tanto, tendría que pagar unos cinco millones de euros, si se le cobrase el IBI como a cualquier otra sociedad o empresa.Esta situación tan favorable viene avalada por la Ley de Mecenazgo y, también, por el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos de 1979, que en sus artículos IV y V, enumera una serie de exenciones para el pago de impuestos, como las de los templos y capillas destinados al culto; las residencias de los obispos y sacerdotes, o los seminarios destinados a la formación del clero, entre otros.
Hasta aquí la jurisprudencia y las leyes, ahora queremos saber lo que dicen los españoles. 1.100 ciudadanos de diferentes zonas geográficas, edades y niveles de renta y estudios dan su opinión sobre el hecho de que la Iglesia esté exenta del pago del IBI.
Un 10’8 % de los encuestados manifiesta que está situación les parece muy bien, porque la Iglesia realiza una gran labor social y hay que ayudarla. En el extremo contrario, el 13’5 % de los ciudadanos opina que está mal y el Estado debería expropiar esos bienes.Con un criterio menos drástico se manifiesta la inmensa mayoría, uno de cada dos españoles, el 51’2 % para ser exactos, piensa que estamos ante una desigualdad absoluta, ya que todos debemos participar por igual en el sostenimiento del Estado y la Iglesia española también.
Otro hecho de índole económica relacionado con la Iglesia católica, que agitó a la sociedad española fue el registro de 4.500 propiedades inmobiliarias efectuado por la Iglesia en los primeros años de este siglo XXI. Una reforma de la ley Hipotecaria llevada a cabo en 1998 durante el Gobierno Aznar, permitió a la Iglesia, y solo a la Iglesia, inscribir lugares de culto y otras propiedades que no estuvieran registradas. Esta reforma concedió a la Iglesia católica un resquicio legal que le permitió hacerse con templos, ermitas, casas parroquiales, cementerios y fincas de todo tipo, algunas de las cuales vendió con posterioridad a su registro y le permitió obtener las correspondientes plusvalías. Entre las muchas apropiaciones destaca el caso de la Mezquita de Córdoba, que fue registrada por 30 euros en marzo de 2006.
Gracias a esta reforma, la Iglesia católica amplió aún más su extenso patrimonio artístico, lo que ha enfurecido a muchas organizaciones laicas que piensan que, dicho patrimonio debe ser gestionado por el Estado y no por la Iglesia.
Esta cuestión ha sido objeto de debate en nuestra encuesta sobre la Religión en España. Un 30’2 % de los encuestados opinan que la Iglesia y el Estado deberían gestionar ese patrimonio artístico y cultural de forma conjunta. Un grupo menor, el 13’3 %, cree que debe hacerlo únicamente la Iglesia dado que es su propietaria legítima.
En todo caso, existe una corriente de opinión mayoritaria entre los españoles. Un sobresaliente 56’5 % afirma que debe ser el Estado quien se encargue de gestionar estos bienes que, por su valor cultural, deben estar en manos de todos españoles.
Resulta, una vez más, sintomático el laicismo que respira nuestra sociedad frente a los claros beneficios, en este caso económicos, de los que disfruta la Iglesia católica en España. Se trata de una herencia de nuestro pasado, pero también de la constatación del poder de una institución como la Iglesia en determinados entornos políticos y jurídicos de nuestra cúpula dirigente.