Incertidumbre en sectores clave de la economía andaluza por la tensión en las relaciones con Marruecos
La agricultura, la pesca y la construcción naval aguardan con cautela posibles efectos de los incidentes de la frontera de Ceuta en una comunidad donde la marroquí es la mayor población extranjera.
Andalucía es, aparte de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la gran frontera de España con Marruecos. Ambos países están separados por menos de 15 kilómetros de distancia en el punto más meridional del litoral de Cádiz, en el Estrecho de Gibraltar. Millones de personas y de toneladas de mercancías entran y salen cada año de varios de sus puertos cruzando de un continente a otro. Así que, el grave conflicto que ha generado la llegada a nado de miles de marroquíes a las playas ceutíes se está viviendo con especial incertidumbre en los sectores económicos y sociales andaluces más afectados por los movimientos que puedan producirse en la otra orilla del Mediterráneo.
Andalucía es la comunidad española, junto a Catalunya, que más productos exporta a Marruecos, con un valor de 1.462 millones de euros, según los datos de un estudio de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior de la Junta (Extenda) realizado a finales de 2018. Los principales productos que exporta son combustibles y aceites minerales, que suponen el 50%, a los que siguen el cobre y sus manufacturas (13%) y los materiales plásticos y sus manufacturas (5%). Por contra, lo que más importa la comunidad andaluza del país magrebí vecino son pescados, crustáceos y moluscos, que representan el 23% del total, frutas y frutos comestibles (20%) y las legumbres y hortalizas (18%).
De resulta de estos datos, la balanza comercial entre Andalucía y Marruecos refleja, según el mismo estudio de Extenda, un incremento de los intercambios del 72% entre los años 2014 y 2018, hasta alcanzar los 2.200 millones de euros, con un aumento de un 57% en las exportaciones andaluzas y de un 108% en sus importaciones. Marruecos era ya en 2018 el segundo país no comunitario, tras EEUU, en volumen de exportaciones andaluzas.
A este cada vez mayor intercambio comercial entre ambas orillas se une un factor demográfico y sociológico muy importante: la población marroquí es la mayor comunidad extranjera residente en Andalucía y de las más numerosas de toda España.
El futuro en juego de la juventud extranjera más numerosa
Según los datos del padrón continuado publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado mes de enero, en Andalucía viven 156.439 marroquíes, 88.809 hombres y 67.630 mujeres, que representan el 22% de toda la población extranjera que reside en esta comunidad y la más numerosa con gran diferencia. Supone además esta comunidad el 18% de toda la población marroquí residente en España y casi duplica a la que hay en la Comunidad de Madrid.
Los sectores de la economía andaluza que más emplean a la población marroquí son la agricultura, la hostelería y los servicios, y el empleo doméstico también, en el caso de las mujeres.
Pero a los datos de la población que refleja el INE habría que añadir, a juicio del secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, los de los hijos nacidos en España de esa generación migrante que empezó a llegar a la comunidad andaluza en gran número a mediados de los años 90, de la segunda e incluso tercera generación que conserva la cultura, los orígenes y la identidad de sus padres y abuelos, aunque su nacionalidad ya sea española.
La parte más negra de la presencia de esta población en Andalucía se encuentra, a juicio de Morales, en los asentamientos de chabolas de los municipios de la agricultura intensiva de Almería y de la fresa en Huelva, donde hay un alto porcentaje de ocupantes marroquíes viviendo en condiciones lamentables. «Es un sistema fallido, porque en esos ayuntamientos no reconocen ni el derecho a la vecindad de esta población, aunque muchos lleven viviendo en esos asentamientos de forma permanente durante años», critica el responsable de Andalucía Acoge.
Esta organización de acogida considera que lo ocurrido en la frontera de Ceuta podría tener consecuencias en esta población de Andalucía si algunas fuerzas políticas y creadores de opinión pública insistiesen en confundir a la sociedad, «en hablar de invasiones«, en llamar a la islamofobia para incrementar la tensión. «En general, en España la gente distingue entre el comportamiento de un Estado, inasumible como ha sido en este caso el de Marruecos, con el comportamiento de su vecino en el barrio. Pero la gran cuestión es saber qué va a pasar con los hijos de migrantes, con las nuevas generaciones, con los jóvenes, si van a ser reconocidos de pleno derecho, no sólo legalmente, sino también de facto, para tener igualdad de oportunidades como cualquier otro andaluz. O si la precariedad les va a afectar con más virulencia al ser tratados como diferentes», advierte su secretario general.
Morales: «La gran cuestión es saber qué va a pasar con los hijos de migrantes, con las nuevas generaciones»
Respecto a lo sucedido esta semana en Ceuta, José Miguel Morales considera que la ONU debe intervenir y analizar lo que ha hecho el Estado marroquí vulnerando los derechos humanos y de la infancia, y España y, sobre todo, la UE replantearse todas las ayudas que concede a ese gobierno sin controlar luego su uso.
Temor en el sector pesquero gaditano que faena en aguas de Marruecos
Los pescadores de Barbate, Conil, Tarifa o Algeciras que faenan en aguas marroquíes ya no sólo miran al cielo buscando señales que les indiquen si podrán salir o no a pescar, si habrá o no temporal de levante. Ahora también buscan señales en la televisión, en los diarios, sobre los efectos de la tensión que se ha desatado en la frontera de Ceuta. Para sus bolsillos, el estado de las relaciones de España con Marruecos resulta crucial: si están tranquilas, como la mar en los buenos días, pescan, si no, se tienen que quedar en casa.
Cerca de 45 barcos de los puertos gaditanos, que se dedican a la pesca de cerco y palangre de sardina, boquerón, voraces y sables, pueden faenar en aguas de Marruecos gracias al acuerdo de pesca que se firmó en julio de 2019, con vigencia hasta 2023. Antes de la firma, las tripulaciones de esas embarcaciones, de las que dependen unas 500 familias, estuvieron un año parados porque no se llegaba a un acuerdo para renovar el anterior. «Pedimos a las autoridades serenidad, porque a nosotros cualquier viento nos afecta. Y somos muchas familias que vivimos de esto«, advierte el presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios Pesqueros, Tomás Pacheco.
Cada barco tiene que pagar al ministerio de pesca de Marruecos una media de entre 4.000 y 5.000 euros al trimestre, en función de tonelaje, por la licencia para faenar en un tramo de sus aguas que va desde la altura del cabo Espartel a la de Kenitra, aproximadamente. Las de este trimestre, según Tomás Pacheco, ya las han pagado y vencen a finales de julio, así que, si la cosa se pusiese muy fea, perderían también ese dinero.
Pacheco: «Desde 2007 no ha habido más conflictos con las patrulleras marroquíes y esperemos que siga así»
Lo que no quieren por nada del mundo estos pescadores gaditanos es volver a las andadas con las patrulleras marroquíes, que hace años solían apresar barcos andaluces y canarios bajo la acusación de faenar en sus aguas sin licencia, y los tenían retenidos durante un tiempo en uno de sus puertos hasta que pagaban unas cuantiosas multas. «Toquemos madera –dice el presidente de los empresarios pesqueros de Barbate-. Desde 2007 no ha habido más conflictos con las patrulleras marroquíes y esperemos que siga así».
La dura competencia de la agricultura marroquí
La agricultura andaluza ha encontrado en la marroquí su mayor competidora, sobre todo en el sector de las hortalizas, los cítricos y, últimamente también, en el de los frutos rojos. El clima y los calendarios de cultivo son similares, pero las condiciones de la producción, los controles y los salarios difieren mucho. Y ahí empiezan los problemas de convivencia.
Esta semana, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía ha exigido a las autoridades comunitarias europeas «la inmediata paralización del acuerdo preferencial en materia de comercio agrícola» con Marruecos, tras los graves incidentes en la frontera de Ceuta. A su juicio, la UE no puede seguir manteniendo un acuerdo comercial con «una dictadura que utiliza para sus fines políticos una crisis humanitaria de migración de personas, incluido niños».
La potente agricultura intensiva bajo plástico de Almería y la del litoral de Granada son las principales afectadas por la competencia de la marroquí, absolutamente desleal, según la COAG. La judía verde ya ha desaparecido de los cultivos andaluces, porque la mano de obra que requiere su recolección la hace inviable económicamente, la superficie cultivada de tomate ha bajado de 12.000 a 8.000 hectáreas en cinco años y el calabacín, el pimiento, los cítricos y los frutos rojos empiezan a sufrir los embates desde el otro lado del estrecho, sobre todo desde la zona de Agadir, donde hay empresas con más de 500 hectáreas de invernadero.
El responsable del sector de Frutas y Hortalizas y secretario provincial de Almería de COAG, Andrés Góngora, sitúa el principio de todo en los acuerdos euromediterráneos de 1992 que permitieron a Marruecos exportar su producción libre de aranceles o con aranceles muy bajo: «Nosotros no nos oponemos a su desarrollo agrícola, todo lo contrario. Pero esos acuerdos no han servido, como se pretendía, para mejorar las condiciones de vida de las zonas rurales de Marruecos. Lo que se ha generado es un movimiento de capitales de inversión a lo bestia, en los que también hay empresarios españoles, fondos de inversión europeos e incluso la oligarquía marroquí, que se han quedado hasta con el mercado local que antes era de los pequeños agricultores. Y en vez de frenar los procesos migratorios, que era lo que buscaban aquellos acuerdos, ha ocurrido lo contrario, que la migración ha aumentado en todos estos años».
Góngora: «En vez de frenar los procesos migratorios, (…) la migración ha aumentado»
A juicio de Góngora, el Gobierno de Marruecos ha hecho siempre lo que ha querido en las negociaciones comerciales con la UE. Y el último episodio ha podido ser lo ocurrido esta semana en la frontera de Ceuta. Él se acuerda de alguna vez que, justo cuando estaban en Bruselas negociando asuntos de política comercial agrícola, se producía un asalto masivo a la valla de Melilla. «Marruecos pone sobre la mesa en las negociaciones otras cuestiones, el narcotráfico o la migración o el yihadismo. Y lo hemos vuelto a ver estos días. A nosotros nos gustaría que los acuerdos comerciales se ciñeran estrictamente a lo comercial. Esperemos que la UE se dé cuenta de que no puede seguir doblegándose», señala el responsable de COAG.
La diferencia de salarios, entre 75 y 80 euros al día aquí (incluida seguridad social y otros conceptos) y 5 euros en Marruecos, la falta de control de la administración marroquí sobre el uso de fitosanitarios y el doble etiquetado de productos cultivados al otro lado del estrecho y puestos luego a la venta como si fueran españoles, unidos a la flexibilización de los aranceles establecidos en los acuerdos con la UE constituyen, a juicio de los agricultores andaluces, una competencia demoledora.
Cautela en los astilleros que tienen un pedido de la Marina Real de Marruecos
Los graves incidentes de la frontera de Ceuta han puesto en el punto de mira la patrullera que va a construir para la Marina Real de Marruecos la empresa pública Navantia en los astilleros de San Fernando. En juego hay un millón de horas de trabajo con 250 empleos durante los próximos tres años y medio, mucho en una provincia con los mayores índices de paro de toda España.
La construcción naval es el corazón de la industria gaditana, como bien muestran los datos: los 12.600 puestos de trabajo directos e indirectos que genera Navantia en los astilleros de Cádiz, Puerto Real o San Fernando representan el 36% del empleo industrial de esa provincia, mientras que los que genera en los de A Coruña, que son más, suponen sólo el 23% del trabajo en el sector industrial de esa provincia gallega.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en enero la firma de un contrato con la Marina Real marroquí para la construcción de una patrullera de altura, una noticia que fue recibida con alborozo en los astilleros de San Fernando, que dan trabajo de forma directa a cerca de 800 personas y a otras 1.500 en la industria auxiliar. Un equipo de Navantia se desplazó al país vecino el pasado verano y ambas partes han mantenido, según la empresa, contactos permanentes para adecuar todas las especificaciones técnicas del buque a los
requisitos de la Marina marroquí. Ahora, tras lo ocurrido en Ceuta, algunas organizaciones de derechos humanos y prosaharauis han pedido al Gobierno que paralice el contrato.
No es la primera vez, además, que la empresa española construye embarcaciones militares para Marruecos. En los años 80, ya le suministró patrulleros y una corbeta a su Marina Real. Y actualmente, en los astilleros de San Fernando se están construyendo cinco corbetas para Arabia Saudí, con un presupuesto total de 1.800 millones de euros y una carga de trabajo de siete millones de horas, que generan unos 6.000 empleos entre directos, indirectos y de la industria auxiliar.
En la sección sindical de UGT de Navantia en San Fernando dicen que no tienen todavía elementos para hacer un juicio sobre las posibles consecuencias que podría tener en su sector la crisis diplomática entre Marruecos y España originada por los incidentes de Ceuta. Lo ven con preocupación, porque saben que les afectaría de forma negativa que las relaciones entre los países se deteriorasen, pero de momento prefieren guardar cautela.