“Si Juana entra en la cárcel, todas vamos con ella”: cientos de personas piden el indulto de Juana Rivas en Granada

Critican la orden de entrada en prisión inmediata para Rivas, en un clamor a nivel nacional que solicita un indulto ‘parcial’ al Consejo de Ministros que se reúne hoy martes.

Cientos de personas recorrían ayer tarde las calles de la capital granadina pidiendo justicia para Juana Rivas. Plataformas feministas y sociedad civil, personas de todas las edades, escenificaron su indignación portando caretas de Juana Rivas y bolas de presidiario, por la orden que emitió el pasado 27 de mayo el juez de lo Penal nº 1 de Granada, Manuel Piñar, que rechazaba la posibilidad de suspender la ejecución de la pena de dos años y medio de prisión impuesta a Rivas hasta que se resolviera la petición formal de indulto realizada por el equipo jurídico de esta.

Recordamos que Juana Rivas fue condenada por el Tribunal Supremo a dos años y medio de cárcel por sustracción de menores, al pago a su expareja de 12.000 € de indemnización y la pérdida de la patria potestad de sus dos hijos durante seis años. Sus abogados solicitaron el 4 de mayo una petición de indulto al Gobierno español, alegando que en Italia hay dos procedimiento judiciales en marcha que se tendrían que tener en cuenta, uno penal contra el exmarido de Rivas por maltrato a los menores y un procedimiento familiar que el próximo mes de julio resolverá sobre la custodia de los menores. También argumentaban la disposición de Juana de respetar el régimen de visitas y seguir estrictamente la vía jurídica para demostrar lo que ha mantenido desde el principio, “que ella y sus hijos son víctimas de violencia de género y que en su procedimiento no se está aplicando la perspectiva de género prevista en este tipo de procesos judiciales por la Ley de Igualdad y el Convenio de Estambul”, según declaró a El Salto Andalucía, su abogado Carlos Aránguez.

En la manifestación se han portado pancartas de apoyo a Juana Rivas, otras pidiendo la inhabilitación del juez Piñar por no aplicar la normativa de perspectiva de género en el caso. Tanto los escritos como las consignas han puesto especial hincapié en la necesidad de defender a los hijos de Juana Rivas, a los que, según las personas que están en contacto directo con el caso, “no se les está escuchando y se encuentran en peligro”.

Los hijos de Juana Rivas necesitan a su madre y ella a sus hijos

Paqui Fuillerat, representante de la Plataforma 8M y 25N contra la violencia de género en Granada, nos transmite el gran sufrimiento que están pasando los hijos de Juana Rivas: “nos preocupa el daño físico y psicológico que están sufriendo y que probablemente les esté privando de su infancia. El mayor es ya un adolescente de 15 años que lo está pasando muy mal, que verbaliza su malestar y la voluntad de estar con la madre, con las consecuencias por parte del padre que sus manifestaciones le acarrean”.

Fuillerat quiere subrayar el apoyo de los colectivos y organizaciones feministas a Juana, “a la que vamos a acompañar hasta que consiga su objetivo, que es ni más ni menos que el de recuperar a sus hijos”, recuerda que Juana se encuentra entre dos sistemas judiciales, el español y el italiano, “que debido a su falta de coordinación, incumpliendo normas internacionales, ha dado lugar a una situación preocupante de manifiesta desprotección” y considera que “la justicia se sigue cebando con Juana, y con mujeres que como ella entran a un juzgado a poner una denuncia por maltrato y allí son tratadas como delincuentes y terroristas”. Paqui insiste, como el equipo jurídico, que en este caso no se ha cumplido el Convenio de Estambul, el Estatuto de la Víctima, ni la Ley de Igualdad, y considera que se trata de un claro ejemplo de violencia vicaria, “la que ejerce el padre sobre los hijos después de maltratar a la madre, una especie de ‘Te voy a dar donde más te duele’, y los hijos de Juana Rivas no sólo están sufriendo violencia vicaria, también violencia institucional si su madre entra finalmente en la cárcel por defenderles del maltrato”.

Si Juana va a la cárcel, todas vamos con ella

Para Diana Carranza, portavoz de la plataforma Feminismo Unitario, el caso de Juana Rivas es un caso paradigmático de una víctima no reconocida de violencia de género, violencia vicaria y violencia institucional. Insiste en que la justicia no sólo no dicta la sentencia de acuerdo a la ley vigente, incumpliendo protocolos internacionales y también españoles, sino que además basa su dictamen en el llamado síndrome de alienación parental “que es inexistente, y no reconocido por la Organización Mundial de la Salud ni por otros organismos oficiales”.

Carranza afirma que la manifestación en apoyo a Juana Rivas es de apoyo a todas las mujeres que se encuentran, o se pueden encontrar, en la misma situación, en casos en los que la justicia, lejos de actuar desde una perspectiva de género, lo hace desde una lógica patriarcal, machista y medieval; por esto, “ha sido tan importante salir a la calle con unidad. Si Juana va a la cárcel, todas vamos a la cárcel”.

De los peligros de la aplicación del Síndrome de Alienación Parental

María del Mar Daza es doctora en derecho, victimóloga y analista jurídica en Feminicidio.net, portal digital para visibilizar la violencia de género en España. Nos explica que el indulto parcial que puede conceder hoy el Consejo de Ministros a Juana es fundamental en este momento porque a principios de julio se resuelve en Italia la custodia definitiva de los menores y “no se puede seguir obviando el testimonio de los hijos de Juana que no han parado de pedir auxilio a la justicia y de explicar cuál es la situación de maltrato”. Para la letrada, una justicia que no es capaz de escuchar a sus víctimas “evidentemente está actuando sin perspectiva de género”. Señala que nadie le preguntó en el juicio a Juana Rivas por el motivo por el que no había entregado a sus hijos en el verano de 2016 y en el caso de Italia, explica, contando con los antecedentes de una sentencia por malos tratos a Hicuri en 2009, tampoco se ha tratado el tema de la violencia de género, “los equipos de valoración psicológica le dicen al hijo mayor de Juana ‘de esto, no vamos a hablar’”.

El Síndrome de Alienación Parental ha sido prohibido por la Ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia por carecer de base científica, y cuestionado por el Consejo General del Poder Judicial

Daza señala que en nuestro país se tiene que tomar conciencia sobre el peligro y las consecuencias dañinas de la aplicación del Síndrome de Alienación Parental (SAP), aplicado al caso de Juana Rivas. El síndrome, también conocido como el de ‘la mala madre’, ha sido prohibido por la Ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia por carecer de base científica, y cuestionado por el Consejo General del Poder Judicial. Consiste en un supuesto desorden psicopatológico en el cual un menor, de forma permanente, denigra e insulta sin justificación alguna a uno de sus progenitores, en general pero no exclusivamente, al padre y se niega a tener contacto con él.

Según el doctor Miguel Lorente Acosta, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada, “lo que hace el SAP es evitar que se investigue cuáles pueden ser las verdaderas razones para que los hijos e hijas muestren ese rechazo al padre”. Para la letrada Maria del Mar Daza cuando una madre denuncia una situación de maltrato o abuso de sus hijos, “sistemáticamente no se les cree; se dictamina síndrome de alienación parental y ya da igual todo; cualquier razón que se intente poner de manifiesto para probar esa situación de maltrato es abordada como fruto de este síndrome. Las mujeres son tratadas como desquiciadas, exageradas o que padecen preocupación mórbida; una serie de fórmulas de silenciamiento y neutralización de las víctimas. Nuestro sistema ha admitido esto y se está enseñando en facultades de psicología, en másteres profesionales de la abogacía, incluso está recogido en procedimientos de valoración de maltrato infantil”.

La manifestación de apoyo a Juana Rivas precisamente ha coincidido con el inicio del juicio de un caso paradigmático en este tema, el de Irene Costumero, en el que se ha sentado en el banquillo a cuatro responsables del Servicio de Menores de Bizkaia: el ahora diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, y a tres funcionarios acusados de prevaricación, maltrato y delito de lesiones psíquicas por haber quitado a Costumero la custodia de su hija sin conocimiento del juez, que previamente había resuelto un régimen de custodia compartida, alegando síndrome de alienación parental. Para María del Mar Daza, “nuestra sociedad pone el grito en el cielo y pide penas grandes y penas perpetuas a padres que violan y matan a una criatura pero en general no da ningún paso ante casos en los que las consecuencias no son tan terribles, precisamente cuando la criatura está viva y hay que protegerla”.

Por otra parte, el equipo jurídico de Juana Rivas ha anunciado que presentará una queja al Consejo General del Poder Judicial por el “comportamiento irregular” y la “manifiesta parcialidad”de Manuel Piñar, juez de lo Penal nº 1 de Granada, que todavía no ha dado traslado a Fiscalía del recurso interpuesto contra el auto que ordenaba la entrada de Juana a prisión.