Los parlamentos autonómicos aplicaron restricciones más duras que las del Congreso
Euskadi y Galicia llegaron a cancelar sus respectivas elecciones con sus cámaras ya disueltas, el de Andalucía suspendió los plazos de enmiendas, la Asamblea de Madrid canceló plenos y comisiones y el Parlament de Catalunya redujo su actividad al mínimo hasta junio de 2020
El Tribunal Constitucional apoyó este martes el recurso presentado por Vox y declaró nula la suspensión parcial de la actividad del Congreso de los Diputados decretada en la primavera de 2020, durante tan solo las primeras semanas del estado de alarma. La decisión de los magistrados –que contó con los votos particulares de cuatro de sus diez miembros, incluido su presidente– estableció así que la suspensión temporal de los plazos de enmiendas aprobada por la Mesa de la Cámara Baja el 19 de marzo de 2020, que se prolongó durante apenas 20 días y que no supuso en ningún caso la paralización de su actividad –ya que se siguieron celebrando plenos–, fue ilegal.
Vox pidió por carta a Batet anular la agenda del Congreso por la COVID y luego recurrió la paralización al Constitucional
Los distintos parlamentos autonómicos adoptaron medidas muy similares a las del Congreso –anuladas ahora por el Constitucional– durante la emergencia sanitaria, y algunos incluso fueron más allá, suspendiendo por completo plenos y comisiones, sin que la extrema derecha las haya recurrido ante los tribunales. Es más, tal y como adelantó elDiario.es, en el caso de la Cámara Baja el partido ultraderechista recurrió la suspensión parcial de su actividad solo diez días después de pedir por carta a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que anulase la agenda parlamentaria.
La principal anomalía democrática se dio en Euskadi y Galicia, donde sus respectivos gobiernos anularon por la pandemia sus respectivas convocatorias de elecciones para abril de 2020. Dejar en suspenso unos comicios supuso entonces un procedimiento inédito, que no estaba amparado por ninguna norma vigente. Además, cuando se tomó la decisión ya habían sido disueltas sus cámaras autonómicas, por lo que no pudieron realizarse plenos como los que sí se celebraron en el Congreso de los Diputados para que el presidente del Gobierno y sus ministros comparecieran para informar de la emergencia sanitaria o para prorrogar los distintos estados de alarma.
«Reuniones informales» en lugar de plenos
En el caso vasco la suspensión de las elecciones no implicó la reconstitución del Parlamento autonómico, de modo que la cámara entró en una anomalía jurídica que reflejaron varios informes de los letrados. El único órgano activo fue la diputación permanente, que en todas las cámaras cumple las funciones parlamentarias mientras se encuentra cerrado el periodo de sesiones.
El 2 de abril de 2020, en plena primera ola de la pandemia, miembros de esa diputación permanente se reunieron por vía telemática para que el lehendakari, Iñigo Urkullu, diera cuenta de la situación epidemiológica. En ese momento los letrados dijeron claramente que la propia sesión y desde luego cualquier votación o acuerdo eran nulos porque no cumplían los requisitos y formalismos de las convocatorias oficiales. Lo calificaron de «reunión informal».
En mayo de 2020, un Consejo de Gobierno extraordinario tuvo que levantar la emergencia sanitaria en pleno estado de alarma, una condición indispensable para que Urkullu pudiera convocar de nuevo las elecciones, que se celebraron el 12 de julio, y en las que se prohibió votar a los infectados con coronavirus en varias poblaciones. Fue una campaña inédita, con aforos limitados, campaña menguada, distanciamiento social y mítines virtuales. Tras los comicios el Parlamento vasco volvió en agosto a constituirse, desde octubre de ese año pasó a un sistema de aforo máximo del 50% y el pasado septiembre recuperó ya el 100%.
Con esas mismas medidas excepcionales el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, convocó las elecciones para ese mismo 12 de julio tras reunir a su Gobierno y hablar con los distintos partidos de la comunidad al margen del Parlamento, que llevaba disuelto desde febrero.
En el caso gallego, cuando se suspendieron las elecciones de abril, el decreto aprobado por la Xunta estableció que los comicios solo se podrían celebrar cuando cesaran tanto el estado de alarma decretado por el Gobierno central como la situación de emergencia sanitaria establecida por la Xunta. Pero finalmente el Ejecutivo autonómico convocó las elecciones de julio cumpliendo con el cese de la segunda condición y mientras se mantenía el estado de alarma a nivel estatal, si bien la prórroga vigente entonces sí contempló la posibilidad de celebrar elecciones, pensando precisamente en los casos vasco y gallego.
Ayuso compareció por la presión de los partidos
La Asamblea de Madrid fue incluso más allá que el Congreso. El 11 de marzo de 2020 decidió suspender los plenos previstos para ese mismo día y el 19 de marzo, así como las comisiones parlamentarias de los siguientes quince días. Inicialmente la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento madrileño habían acordado seguir con las sesiones plenarias, aunque sin iniciativas largas, es decir, limitándose a las preguntas de control al Gobierno regional. Sin embargo, finalmente acordaron la suspensión de plenos y de comisiones. Más de un mes después de que lo hiciera Sánchez en el Congreso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compareció ante la Asamblea el 29 de abril, ante la presión del resto de los grupos.
Es destacable, asimismo, el caso del Parlamento de Andalucía, porque adoptó exactamente las mismas medidas que el Congreso, que ahora han sido consideradas ilegales por el Constitucional. Allí gobierna el PP en coalición con Ciudadanos pero con el respaldo de Vox, lo que puede explicar que la extrema derecha no recurriera el freno a la actividad parlamentaria como sí hizo en el caso de la Cámara Baja.
El 11 de marzo de 2020, el Parlamento andaluz suspendió la actividad prevista para esa semana. El 16 de marzo, ya con el estado de alarma aprobado a nivel estatal, la Mesa del Parlamento acordó por unanimidad, en reunión telemática, «adaptar la actividad de la Cámara durante el tiempo que dure el estado de alarma declarado por el Gobierno de España, con la suspensión de las sesiones programadas y de los plazos de tramitación de las iniciativas parlamentarias», exactamente igual que hizo el Congreso.
Se suspendió el registro de nuevas iniciativas, incluidas las de control al Gobierno de la Junta de Andalucía, y a efectos de continuar con la labor parlamentaria «indispensable», se convocó la Diputación Permanente. Esta situación se prolongó hasta el 6 de mayo, cuando se acordó retomar los plenos concentrados en un solo día. El segundo pleno de un solo día fue el 20 de mayo. El 3 y 4 de junio de 2020 empezaron los plenos de dos días.
En todo este tiempo, la oposición exigió al Gobierno andaluz y al presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, que compareciera y diera la cara en el Parlamento andaluz, pero no recurrió la suspensión en los tribunales. Lo que sí hizo el PSOE, con la firma de 50 senadores, fue presentar un recurso ante el Constitucional porque la Junta estaba usando la Diputación Permanente para ratificar decretos ley de mucho peso político, sin pasar por el escrutinio de la Cámara.
Dos plenos del Parlament en tres meses
El Parlament de Catalunya rebajó su actividad pero, como el Congreso, no paró durante el primer estado de alarma. La Cámara catalana fue una de las que optaron por reducir su actividad al mínimo a partir de la semana del 16 de marzo de 2020, cuando entró en vigor el primer estado de alarma, aunque nunca llegó a parar completamente. Entre el inicio del confinamiento estricto y el mes de junio, el entonces presidente Roger Torrent solo convocó dos plenos, que se celebraron de forma mixta, con una representación presencial de diputados y, el resto, siguiendo el debate de forma telemática. Por contra, se multiplicaron las comparecencias del Govern ante la Cámara.
El president Quim Torra fue el primer miembro del Ejecutivo que reclamó comparecer ante los diputados. Lo hizo por primera vez el 25 de marzo. Durante el mes de abril pasarían el resto de consellers para dar cuenta de la gestión de la pandemia, comenzando por el vicepresident Pere Aragonès. A partir del mes de junio el Parlament retomó la plena actividad e incluso aceleró, pues entre junio y julio se celebraron hasta cinco plenos, todos ellos con aforo reducido.
El periodo ordinario de sesiones de las Corts Valencianes quedó asimismo cancelado el 19 de marzo de 2020, cinco días después de la declaración del estado de alarma, en un gesto que limitó la actividad parlamentaria más allá que la restringida por el Congreso, sin que ello motivara ningún recurso por parte de la oposición. La Mesa de la Cámara autonómica decidió entonces dar por terminado su trabajo ordinario y cerrar las instalaciones y, mientras duró la la emergencia sanitaria, tan solo mantuvo activa la Diputación Permanente.
Igual que en el Congreso, aunque no decayó ninguna de las iniciativas ya presentadas, la decisión comportó la suspensión de todos los trámites parlamentarios e iniciativas, así como el cierre de las instalaciones. La actividad plenaria se retomó, sin embargo, a finales de abril de ese año, aunque con una presencia mínima de diputados, que se ha ido aumentando progresivamente a medida que ha ido mejorando la situación epidemiológica.
Comparecencias de presidentes y consejeros
En Aragón, durante la vigencia del estado de alarma se estableció que solo podría celebrarse la actividad parlamentaria «imprescindible por cuestiones relacionadas estrictamente con el control de la COVID-19 o la gestión del estado de alarma en la comunidad autónoma de Aragón, en correspondencia con la actividad que desarrolle el Gobierno de Aragón para la gestión de esta situación».
En cuanto a las sesiones parlamentarias se mantuvieron las reuniones de Mesa y Junta de Portavoces; la convocatoria de un Pleno de la Cámara adoptó el formato de la Diputación Permanente para garantizar la seguridad de los asistentes; la convocatoria de las Comisiones se estableció en formato reducido de asistencia, con la presencia únicamente de un portavoz por Grupo y la adopción de acuerdos por voto ponderado. Además, al igual que en el Congreso, se suspendió la tramitación de todos los asuntos parlamentarios en trámite.
Algo similar ocurrió en Extremadura. Durante el inicio de la emergencia sanitaria hubo reuniones de la Diputación Permanente, con comparecencias del presidente y del consejero de Sanidad, para explicar la situación sanitaria y dar cuenta de las medidas adoptadas. La Mesa de la Asamblea acordó el 21 de abril de 2020 celebrar las reuniones de sus órganos ordinarios (Mesa, Junta de Portavoces, Comisiones y Plenos) con presencia reducida. Y, con un plazo de paralización más prolongado que el del Congreso, hasta el 1 de junio no se abrió el registro a cualquier tipo de iniciativa parlamentaria, no solo aquellas relacionadas con la pandemia COVID-19.
La Asamblea de Murcia aprobó, dos días antes de que se declarara el estado de alarma, un plan de contingencia para hacer frente a la COVID-19. Se suspendieron las visitas de los grupos y la celebración de actos que no fueran la actividad parlamentaria habitual. Se cancelaron también viajes oficiales, visitas, cursos de formación presenciales o reuniones con empresas externas. El acceso a la Asamblea se limitó a los diputados regionales, el personal de la Cámara y los Grupos Parlamentarios, representantes de los medios de comunicación acreditados previamente y proveedores o personal para reparación y mantenimiento.
Reuniones telemáticas
El 16 de marzo, la Asamblea decidió aplazar la actividad del Parlamento autonómico hasta el 31 de ese mes, debido a la entrada en vigor del decreto de alarma aprobado dos días antes. También optaron por que el Parlamento autonómico continuara en funcionamiento, aunque con servicios mínimos, durante el estado de alarma, de manera que el registro de la Cámara siguiera abierto durante este periodo. La actividad parlamentaria se reanudó el 20 de abril, con la aprobación de los presupuestos regionales.
La actividad sí se mantuvo en el parlamento de Castilla y León desde el inicio de la pandemia. Una vez se declaró el estado de alarma por parte del Gobierno de España se convocó la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León, ante la que compareció el presidente de la Junta de Castilla y León el 17 de marzo. El 24 de abril, una vez desconvocada la Diputación Permanente, se retomó la actividad parlamentaria presencial con la comparecencia de nuevo del presidente de la Junta de Castilla y León en el Pleno de las Cortes, con un número reducido de procuradores, el 24 de abril, para la aprobación del Real Decreto de Medidas Urgentes.
Desde el día 27 de abril se produjo la comparecencia, a razón de una diaria, de los consejeros de la Junta de Castilla y León para explicar las medidas adoptadas en cada una de las áreas ante la pandemia. Desde ese momento, no se suspendió ninguna actividad parlamentaria prevista, sino que se llevó a cabo una reorganización del calendario que sólo afectó a la convocatoria de un Pleno, cuya fecha se aplazó de los días 5 y 6 de mayo al día 12 de mayo. Por tanto, entre el 14 de marzo y el 21 de junio, periodo de vigencia del primer estado de alarma, se celebró en las Cortes de Castilla y León un total de 46 sesiones de comisión, cuatro plenos y una comparecencia ante la Diputación Permanente, lo que llevó a poder concluir el periodo de sesiones correspondiente con el número inicialmente previsto de actividades parlamentarias.
En Cantabria, al igual que en Castilla-La Mancha, se paralizaron todas la actividades ordinarias pero, a cambio, se montaron plenos y reuniones telemáticas además de sendas comisiones específicas sobre la COVID-19 que funcionaron durante todo el confinamiento. En Illes Balears se paralizó la actividad nada más decretarse el estado de alarma, pero como el Congreso, el Parlament retomó la actividad apenas 10 días después, el 25 de marzo de 202, para una comparecencia de la presidenta autonómica, Francina Armengol.
* Con información de Arturo Puente, Iker Rioja, Gonzalo Cortizo, Dani Cela, Laura Martínez, Candela Canales, Santiago Manchado, Carlos Sosa, Francisca Bravo, Santiago Cabrera, Laura Cornejo y Blanca Sáinz.