El año por delante

El año por delante

El fin de la pandemia puede contribuir a frenar a escala global los instintos más disruptivos del populismo de ultraderecha.

Todo tiene visos de tomar un rumbo decisivo en el año 2022 que ahora empieza: la salida de la pandemia, la recuperación económica, el futuro de la democracia, el orden geopolítico mundial e incluso la gobernanza medioambiental del planeta. Si el final no se produce pronto, recibirán nuevos impulsos los instintos disruptivos más populistas que han alentado las protestas contra los confinamientos, las mascarillas y las vacunas, hasta influir más allá de lo razonable en el signo de las citas electorales más trascendentales del año: las presidenciales en Francia y en Brasil, las generales en Hungría y las de mitad de mandato en Estados Unidos. El populismo de ultraderecha juega fuerte en todas estas partidas, pero también dos mandatarios de signo opuesto como Macron y Orbán dirimen su futuro y el de los 27, como lo hace Estados Unidos, donde el republicanismo trumpista pretende recuperar las dos Cámaras.

A la democracia ahora vacilante o en retroceso le conviene una salida inmediata de la pandemia y una recuperación acelerada, a ser posible acompañada de una persistencia en los planes de estímulo y de las políticas expansivas, no tan solo para asegurar el cambio digital y la economía verde, sino también paliar la extensión de la nueva pobreza y los incrementos de las desigualdades que han acompañado a esta crisis. No facilitarán una recuperación robusta y libre de sobresaltos los altos niveles de endeudamiento, el horizonte inflacionario y la disrupción de las cadenas globales de producción y de distribución, no tan solo los producidos por la pandemia, sino también los que son fruto de la incipiente guerra fría con Rusia y China.

En 2022 deberá resolverse el dilema geopolítico que define la época. La mayor palanca de Rusia y China para satisfacer sus proyectos autoritarios interiores y expansionistas en el exterior, Ucrania y Taiwán concretamente, es la interdependencia energética, tecnológica y científica de las economías globales. Habrá que resolver las dificultades crecientes que plantean las asimetrías entre los regímenes autoritarios, opacos y hostiles a la influencia exterior, y los regímenes democráticos, abiertos y vulnerables, especialmente cuando sirven para exhibir la celeridad y la eficacia del modelo de decisionismo autocrático sobre los lentos y difíciles procesos parlamentarios y democráticos.

A finales del próximo año también sabremos el grado de cumplimiento de los acuerdos sobre cambio climático y transición energética de la COP26 reunida en Glasgow. De momento, dos recomendaciones de la cumbre han sido ya incumplidas, como la gradual eliminación de la combustión de carbón y de los subsidios a los combustibles fósiles. De este año que ahora empieza se deducirá claramente si la humanidad en su conjunto tiene alguna capacidad efectiva para gobernar la casa común, el planeta, justo a la salida de la primera pandemia global y de una incipiente división del mundo organizada alrededor de dos ideas políticas y modelos de sociedad contrapuestos.

La agenda reformista del Gobierno español pondrá a prueba tanto su cohesión interna como su capacidad de resistencia

Ningún Gobierno occidental tendrá el próximo año el control firme de su calendario político, tampoco el español. Nada es fácil en este tiempo, pero Pedro Sánchez puede exhibir unos presupuestos aprobados con una mayoría holgada de 190 diputados y una reforma laboral inédita en 40 años, pactada con sindicatos y patronal. Sus dos posibles vías de ratificación comportan riesgos en este mismo enero: el Gobierno no tiene asegurados los votos para convalidar la reforma como decreto ley en el Congreso y, en el caso de tramitarla como proyecto de ley, las enmiendas de sus socios parlamentarios podrían acabar sacando del acuerdo a la patronal.

Sin argumentos creíbles para un adelanto electoral y con el empleo creciendo a buen ritmo, el Gobierno tiene por delante el cumplimiento de la mitad del acuerdo de investidura, según cálculos del presidente, pero también la gestión de asuntos pendientes con potencial desestabilizador. El PP mantiene bloqueada la renovación del poder judicial, a pesar del gesto de la coalición de gobierno de acordar una muy cuestionable renovación del Tribunal Constitucional. En el primer trimestre del año, el Supremo se pronunciará sobre los recursos de PP y Vox contra los indultos a los presos independentistas, mientras sigue el embrollo judicial en Europa con Puigdemont. También debe pronunciarse en este 2022 el Constitucional sobre leyes de calado político promovidas por este Gobierno y muy atacadas por la derecha: la ley Celaá de educación y la ley de eutanasia, además de la sentencia de la ley del aborto de Zapatero, recurrida por el PP hace 11 años.

Pero continuará la agenda reformista del Ejecutivo y en los próximos meses verán la luz o se tramitarán la reforma de la universidad, la ley mordaza, la ley de vivienda y la ley de memoria democrática. En algunos de esos casos se pondrá a prueba la cohesión interna del Gobierno con una oposición en campaña electoral permanente. Pablo Casado ha conseguido, forzando la disolución de las Cortes de Castilla y León, diseñarse una escalera con la que espera llegar a La Moncloa. Esas elecciones y las de Andalucía someterán a un test de resistencia a los partidos del Gobierno de coalición, cuyas expectativas electorales en ambos lugares son malas, además de tasar el recorrido político de las plataformas de la España vacía. También sobrevolará el año el hipotético regreso del rey emérito, en particular si la Fiscalía General archiva, como tiene previsto, la causa penal, sin que haya avanzado la regulación de la transparencia y el control de la Casa del Rey.

La democracia española no es ajena al zarandeo que los sistemas democráticos están padeciendo en todo el mundo. Por eso, quizás el reto mayor al que nos enfrentamos es la responsabilidad con la que los representantes públicos afronten la tarea que constitucionalmente tienen prevista. Bloqueos institucionales, insultos personales, mentiras y desinformación han poblado las sesiones del Congreso en 2021. El mayor riesgo para la convivencia es que los mismos diputados que representan a la ciudadanía no se la tomen en serio.

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