«Los refugiados en centros de acogida han pasado a ser prisioneros»
El acuerdo entre la UE y Turquía ha llevado a muchas ONG a plantearse si seguir trabajando en los centros de registro, ya que no quieren ser cómplices de un pacto que consideran vergonzoso
La firma del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para expulsar a los refugiados que han llegado a Grecia después del 20 de marzo ha convertido a muchos centros de acogida y registro en centros de detención en lugares donde la autoridad ha pasado a ser el ejército y la libertad para entrar y salir se ha restringido.
Esta razón ha llevado a muchas organizaciones humanitarias a plantearse si continuar trabajando en estos centros en los que trabajar significa ser cómplices de un acuerdo que consideran vergonzoso, o si, a pesar de todo, es necesario ser testigos de lo que allí sucede y deben seguir atendiendo a quienes piden refugio en Europa. “Este acuerdo pone en cuestión el marco jurídico que rige los derechos de los refugiados y nos plantea un dilema a las organizaciones humanitarias. La acción humanitaria no es solo proveer asistencia, que es lo fundamental, sino mantener y recuperar la dignidad humana y eso tiene que ver con el cumplimiento de los derechos de las personas afectadas por crisis humanitarias y por tanto con las obligaciones de los estados”, apunta Paco Rey, codirector del instituto de Estudios sobre conflictos y acción humanitaria, que señala que las ONG no quieren ser cómplices de violaciones sistemáticas del derecho internacional.
“El objetivo de las ONG no es solo prestar ayuda humanitaria, lo asistencial, ser mano de obra mal pagada de lo que no hacen otros, sino también la protección de los derechos de las víctimas. Lo que la UE hace con este acuerdo es incumplir la convención del año 51 y el protocolo del 67 de los refugiados y eso plantea un dilema a las asociaciones humanitarias, que no quieren ser cómplices de una situación donde se viola el derecho internacional”, comenta Paco Ferrer.
Precisamente por este motivo, por estas violaciones sistemáticas del derecho internacional, es la causa por la que Médicos Sin Fronteras (MSF) se ha retirado del centro de acogida de Moria, en Lesbos. “Tomar una decisión como esta es difícil porque lo que está en juego es la asistencia de personas que están en situación vulnerable y verdaderamente necesitan esa ayuda (…) Quedarte allí te hace cómplice de una situación con la que no estás de acuerdo, pero salir deja a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad”, comenta Amaia Esparza, directora de comunicación de MSF en España que pide responsabilidad a los Gobiernos de la Unión Europea.
“Los primeros responsables deben ser los Gobiernos y las ONG lo que hacemos es llenar esos vacíos que deja a las personas en una situación vulnerable. En el caso del campo de Moria, estamos evidentemente en desacuerdo en cómo se está instrumentalizando la ayuda humanitaria, nosotros no estamos de acuerdo con una expulsión masiva sin tener en cuenta los derechos individuales de las personas que tienen que tener derecho a refugio y tomamos esta decisión, por eso nos vamos”, señala.
Los centros de acogida se han convertido en centros de detención
Otra ONG que ha limitado sus actividades en campos como el de Moria ha sido Save The Children, que únicamente permanece en este campo para prestar ayuda a los menores. “Las razones para no seguir con algunas actividades son básicamente porque los centros de acogida se han convertido en centros de detención, los refugiados han pasado a ser prisioneros. No hay que olvidar que el 90% vienen de países en conflicto, lo que garantiza su condición de refugiados. Seguimos estando ahí porque el interés del menor es superior, pero hacemos cosas que no tienen que ver con la conversión de refugiados en detenidos” afirma David del Campo, director de cooperación internacional de Save The Children.
Tanto desde MSF como desde Save The Children insisten en que la decisión de cesar, en parte, la actividad en estos campos no en sencilla, pero que es una medida que pretende concienciar a los Gobiernos, de los que se espera una reacción. “La decisión no es sencilla, pero si los motivos. Se está incumpliendo una normativa internacional de manera flagrante y en el caso de los menores es una patada en el estómago a la convención de derechos del niño, se vulnera de una manera de manera fundamental el derecho del menor (…) La pregunta es qué hace que ONG como Save The Children abandonen estos campos. La UE que tiene un Nobel de la Paz es la UE que comete esta violación de derechos. Son decisiones difíciles pero necesarias”, lamenta Del Campo, que además coloca a las mafias como principales beneficiadas del acuerdo firmado entre la UE y Turquía. “Los primeros aplausos de la decisión de la UE son las mafias, son más clientes buscando otras vías para llegar a Europa y los menores entran en ese juego. Un tercio de los refugiados son menores según ACNUR. Cualquier grupo clandestino tiene más fácil trabajar”, sostiene.
Los centros de registro de refugiados, similares a los CIES
Especial atención merece la afirmación de que los refugiados se están convirtiendo en prisioneros. “La tendencia sería equiparas estos centros con los CIES. Un país como Grecia, miembro de la UE y con ciertos recursos, tuvo que montar recursos parecidos a los países que en mi época llamábamos del tercer mundo. Si se cumple este acuerdo con Turquía, los centros de refugiados se convierten en CIES, donde no hay libertad de movimientos, con el agravante de que no saben qué pasa con su situación de asilo, viven en un limbo jurídico”, añade Paco Rey a las palabras del David del Campo.
“Grecia ha estado muy solo en los últimos años, ya pidió ayuda a Bruselas y Bruselas no respondió y eso se ha degradado a esta situación, donde tenemos centros de detención, donde no se habla de refugiados sino de detenidos”, ha apuntado el codirector del Instituto de Estudios sobre conflictos y acción humanitaria.
Esta transformación de los centros de registros de refugiados en espacios cerrados incluso ha llevado a que ACNUR también ha limitado su ámbito de actuación en centros como el de Moria y similares. “No nos hemos marchado, es importante aclarar que ACNUR opera en centros abiertos, donde las personas tienen derecho de entrar y salir y tiene otra modalidad de actuar en centros cerrados. A raíz del acuerdo se decidió que esto serían centros cerrados y nosotros hemos cambiado nuestras actividades. Ya no hacemos asistencia directa, no hacemos trabajos de transporte de playas o puertos a los centros…pero seguimos teniendo presencia en los centros”, sostiene Giovanni Lepri, responsable de Operaciones de ACNUR en Grecia, que apunta que el problema grave no es si los centros son abiertos o cerrados, sino el hecho de que los refugiados sean ‘devueltos’ sin tan siquiera resolver sus solicitudes de asilo.
“La parte más delicada no es si lo procedimientos se hacen en centros abiertos o cerrados, sino que todas las personas tengan derecho a ver sus solicitudes de asilo completas antes que se tomen una decisión sobre su futuro, hecho sobre el que se centra la preocupación. Ninguna deportación masiva debería poderse hacer, es una violación de los derechos humanitarios”, lamenta Lepri. “ACNUR no se opone al retorno de personas que no tengan necesidad de protección, pero es contrario a que esta decisión de retornar refugiados a Turquía se tome sin tener en cuenta la situación y la seguridad del solicitante”, sentencia.