El ahorro y la eficiencia energética: los grandes ausentes de la política
Llegamos a casa y encendemos la luz. Ponemos la calefacción, o el aire acondicionado para que la temperatura sea agradable. Encendemos la televisión, o el ordenador, para entretenernos. Preparamos la cena y nos damos una ducha caliente, mientras la lavadora hace su trabajo.
La cotidianidad de todos y cada uno de estos actos es tal que sólo percibimos la importancia de la energía en nuestras vidas cuando se va la luz o cuando se convierte en un producto de lujo que no podemos pagar. Paradójicamente, este consumo diario y vital de energía lo hacemos sin plantearnos los efectos que genera en nuestro entorno.
Por un lado, la mayor parte de la energía que consumimos proviene de combustibles fósiles (gas natural, petróleo, carbón) que presentan una doble problemática: su extracción genera graves problemas ambientales en los países de origen y son la principal causa del cambio climático que sufrimos. Además, el consumo alto de energía suele ir emparejado con un gran consumo de materiales, principalmente relacionado con nuevas infraestructuras de abastecimiento. Pero el derroche energético es también una cuestión económica y social: la factura energética de familias, empresas y el estado es un gran agujero negro que detrae recursos para otras necesidades.
Hablamos de pobreza energética sí, pero también de la gran dependencia energética de España. La compra de combustibles del extranjero provoca un importante déficit de la balanza comercial. En 2015, y a pesar de la importante bajada del precio del petróleo, la balanza comercial ha tenido un déficit de 24.000 millones de euros. Pero si descontamos la compra de combustibles, nos encontramos con un superávit de 1.900 millones.
Es por lo tanto urgente que los países ricos abordemos la eficiencia y el ahorro energético como una prioridad política, por la justicia social y ambiental: reduciremos nuestra factura de combustibles, mejoraremos el medio ambiente, y además se crearía empleo.
Un ejemplo: la rehabilitación energética de edificios. Un estudio del Grupo de Trabajo en Rehabilitación estima que se pueden crear 150.000 empleos estables de media hasta 2050, con una inversión total de 26.000 € por vivienda, pero generando unos ahorros de 39.000 € por vivienda. Esto es, además de generar nuevos empleos, estaría suponiendo un ahorro neto para las familias que habiten las viviendas rehabilitadas, reduciendo la factura energética.
Sin embargo, el Gobierno español ha ignorado una y otra vez el ahorro energético en sus planes y normas, convirtiéndola en una política de segundo nivel. Y buena prueba de ello es lo que está sucediendo con las directivas de eficiencia energética de la Unión Europea. En la actualidad hay dos directivas a nivel europeo sobre eficiencia energética: la Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia energética general y la Directiva 2010/31/UE sobre eficiencia energética en los edificios. Estas normas a nivel europeo establecen unos plazos para que el Gobierno las adapte a la normativa estatal, pero el Gobierno las ha adaptado tarde y mal.
Tan tarde que la Comisión Europea avisó el pasado octubre de la apertura de expediente al Estado por incumplimiento de los plazos. Y tan mal que el Gobierno ha omitido uno de los artículos de la directiva europea, el que hace referencia a la instalación de contadores individuales en los sistemas de calefacción centralizados. Esta medida, de bajo coste, se ha demostrado como de las más eficientes para impulsar el ahorro energético, pero al gobierno parece que no le interesa reducir hasta un 30% de la energía que consumimos (datos del IDAE).
El Gobierno ha ignorado durante la legislatura pasada el potencial de ahorro energético y las ventajas que este tipo de políticas pueden suponer, retrasando y modificando las directivas de la Unión Europea, exponiéndose incluso a ser multado por esta causa. ¿Por qué? Es evidente que toda la energía que no consumamos es energía que no pagamos. Una vez más el interés económico de unos pocos se antepone al interés general y el bien común. Esta dejadez e irresponsabilidad política en el desarrollo normativo de una medida que solo supone beneficios al conjunto de la sociedad, tiene que ser explicada.
Para EQUO, el ahorro de energía es uno de los pilares más importantes del cambio de modelo energético que se tiene que dar en los próximos años. Por eso, en el Congreso hemos preguntado al gobierno los motivos por los que estas directivas se han transpuesto tarde y mal. Y, desde luego, tomaremos las medidas que estén en nuestra mano para hacer del ahorro y la eficiencia energética una oportunidad para construir una sociedad más justa social y medioambientalmente.
