Báñez impide a los parados sin prestación jubilarse a los 61 como les había prometido
Báñez impide a los parados sin prestación jubilarse a los 61 como les había prometido. De acuerdo con la orden dada por el Ministerio de Empleo, desde este lunes, día 27, el Servicio Público de Empleo (SPEE), los mayores de 61 años que estén sin trabajo dejan de cobrar el paro.
Se da cumplimiento, de esta manera al decreto del Gobierno que obliga a los perceptores de esta ayuda a jubilarse en cuanto puedan, considerando que la edad más baja a la que puede un español acogerse a la jubilación anticipada son los 61 años.
Sin embargo hay un problema: no todos los parados de 61 años cumplen los requisitos para jubilarse a esa edad, lo que significa que se quedan sin cobrar prestación alguna. Y es que para jubilarse a los 61 años, de acuerdo con la ley, hay que haber completado, al menos, 33 años de cotización, lo que supone que quienes tengan 61 años y no hayan cotizado esos 33 se quedan sin cobertura alguna…algo que no contempla el decreto gubernamental que se aplica a estos casos.
El Ministerio de Empleo de Fátima Báñez la ha liado este verano. Ha cambiado de repente y sin explicación el criterio que aplicaba a los parados que se habían quedado sin prestación y seguían pagando de su bolsillo a la Seguridad Social para completar su pensión a cambio de jubilarse a los 61 años. Ahora les está denegando esta posibilidad, con lo que tendrán que seguir contribuyendo hasta los 63 años, pese a que sólo cobran un subsidio. Una situación que ha llevado a los afectados a organizarse en las redes sociales y a que los sindicatos protesten contra este cambio.
Este problema afecta a los parados de más de 55 años que han agotado la prestación por desempleo y que sólo perciben el subsidio especial destinado a este colectivo. En la última reforma de las pensiones, adoptada por el Gobierno del PP en 2013, se permitió que quienes hubieran perdido su empleo antes de abril de ese año se acogieran a los requisitos para jubilares de la normativa anterior a 2011, más laxos que los actuales. Es lo que se denominó «cláusula de salvaguarda». Esto significaba que estas personas podían completar sus cotizaciones -este subsidio cotiza por la base mínima- con sus ahorros, y así podrían mejorar su pensión y acceder a la jubilación a los 61 años.
Esta práctica, que se denomina convenio especial, fue aconsejada a los afectados por los propios empleados de la Seguridad Social como la mejor fórmula para terminar su vida laboral dada la situación en que se encontraban. Y supone un esfuerzo considerable para ellos, ya que los pagos anuales pueden alcanzar los 12.000 euros, una cantidad muy elevada para trabajadores que han agotado los dos años de prestación por desempleo y sólo cobran el citado subsidio.
Esta promesa de la Seguridad Social se había mantenido hasta junio de este año. La condición para acceder a la jubilación a los 61 era no volver a tener un empleo. Así, la norma establecía que la cláusula de salvaguarda se aplicaba «a las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes del 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en algunos de los regímenes del sistema de la Seguridad Social». El INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) entendía que cotizar a través de un convenio especial no se podía equiparar a estar dado de alta con un empleo y, por tanto, les permitía beneficiarse de esta regulación.
Sin embargo, Empleo dio un giro radical en junio de este año, cuando la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social emitió una circular que modificaba este criterio interpretativo, aplicado durante el último año y medio. Esta circular establecía que «a todo aquel que haya cotizado por la contingencia de jubilación a partir de abril de 2013» se le aplicará la nueva ley de pensiones, e incluía en este apartado a los suscriptores de un convenio especial al asimilar esta figura a estar dado de alta en alguno de los regímenes del sistema (es decir, a tener un empleo).
Seguir cotizando hasta los 63
Desde el Ministerio se asegura que no se trata de un cambio de criterio y que las condiciones no han cambiado, sino que están aplicando una interpretación «coherente» con la ley y la reforma que entró en vigor en el 2013. Es decir, considera que, si están cotizando a la Seguridad Social (aunque no estén trabajando), su situación es equiparable a estar dado de alta en el sistema como trabajador en activo. Y eso es algo que específicamente excluye la ley para ser beneficiario de esta modalidad de convenio especial. Según la versión oficial, esta circular tuvo que ser aprobada a raíz de las numerosas consultas y dudas que les llegaban desde las direcciones territoriales.
Esto significa que los que han optado por este sistema ven que el hecho de hacer un sacrificio para seguir cotizando no sólo no les reporta un beneficio, sino que se equipara a tener un trabajo y les perjudica. Ahora, tendrán que esperar dos años más para jubilarse (hasta los 63), durante los cuales seguirán sin cobrar su pensión y, lo que es peor, deberán seguir cotizando para que ésta no se reduzca en el momento en que tengan derecho al retiro. Lo que sí podrán seguir cobrando es el subsidio.
Indignación de afectados y sindicatos
Los afectados -agrupados en foros en Internet- han reaccionado con indignación, ya que consideran que Báñez ha cambiado las reglas en mitad del partido, y la Seguridad Social no puede recomendarles una cosa y luego no cumplir lo que les había prometido. UGT y CCOO emitieron este martes sendos comunicados en los que protestaban airadamente por el cambio de criterio gubernamental. Según este último sindicato, «se trata en todo caso de una interpretación administrativa que excede completamente la literalidad de la ley y se aparta radicalmente de la interpretación que ha venido aplicando este mismo gobierno durante casi un año y medio».
Para UGT, «esta orden supone un acto ruin del Gobierno que va a producir serios perjuicios a los trabajadores afectados, como el retraso del acceso a la jubilación ordinaria con una reducción en las bases de cotización, la aplicación de coeficientes reductores más agresivos para la jubilación anticipada o la reducción de ingresos en las arcas de la Seguridad Social, entre otras cuestiones».
También existe una seria discrepancia entre el Ministerio y las centrales respecto al número de afectados. Así, el departamento de Empleo habla de unos 7.000 al año, mientras que los sindicatos los cifran en 132.000 a fecha de julio. Esta nueva polémica llega en un momento de graves apuros para la Seguridad Social, puesto que tuvo que sacar 5.500 millones del fondo de reserva para pagar la extra de junio (que resultaron insuficientes, por lo que retiró otros 500 a finales del mes pasado) mientras el Gobierno sigue desoyendo las peticiones del FMI y de la UE de rebajar las cotizaciones para incentivar la creación de empleo.
