Así se beneficiarán los españoles de los cambios hipotecarios que exige Bruselas

La Comisión Europea comunicó ayer su intención de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber transpuesto en su legislación la normativa europea sobre los créditos hipotecarios.

España tenía de plazo hasta el 21 de marzo de 2016 para implementar la directiva que protege a los consumidores ante los abusos de la banca, como las cláusulas suelo, los desahucios o las amortizaciones anticipadas.

Así se beneficiarán los españoles que compren una vivienda, una vez entre en vigor la nueva ley hipotecaria que se aprobará en el marco de la transposición de la directiva europea:

Amortizaciones más baratas. El coste de amortizar anticipadamente una hipoteca o cualquier préstamo inmobiliario se abaratará. Permitirá que, de forma general, a partir del sexto año la entidad financiera no cobre comisión alguna por este concepto.

En los cinco primeros años del crédito, el consumidor podría tener que pagar una comisión, máxima, de hasta un 0,25% del capital reembolsado anticipadamente o el importe de la pérdida financiera que pudiera sufrir el prestamista. Si la amortización se produce, en los tres primeros años de vigencia del préstamo, el límite se mantiene en el 0,50% que opera en la actualidad para los cinco primeros años de la vida del crédito.

Divisa extranjera. Las hipotecas en divisas extranjeras también están en el punto de mira. Los bancos tendrán que informar a los clientes cuando lo que paguen en moneda foránea supere en un 20% el importe en euros. Los clientes tendrán siempre la posibilidad de convertir su préstamo a euros.

Seguros y otros productos de vinculación. Se regula la venta cruzada de productos. Los bancos no podrán vincular la concesión de una hipoteca a la contratación de otros productos, como los seguros, salvo que dichos productos tengan un claro beneficio para los clientes. Sí puede hacer ventas combinadas, es decir, ofrecer un préstamo por separado o en un paquete.

Claridad en las condiciones. Será obligatorio que el banco entregue al cliente una ficha estandarizada con las características del préstamo (Ficha Europea de Información Normalizada o FEIN), que tendrá carácter de oferta vinculante durante siete días.

Si el préstamo es a tipo de interés variable, el banco entregará al cliente un documento separado con una referencia especial a las cuotas que tendría que pagar en diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés.

Advertencias destacadas. La entidad deberá entregar al cliente una Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE) en la que se informará de la existencia y riesgos de las cláusula suelo, posibilidad de vencimiento anticipado, distribución de gastos asociados a la concesión del crédito y préstamos en divisas.

Menos desahucios.  El borrador de la ley hipotecaria duplica la cantidad de dinero impagado necesario para que un banco pueda iniciar el trámite contra el hipotecado. Ahora basta que un cliente no pueda pagar tres cuotas del crédito para que la entidad empiece el trámite de ejecución. Con la nueva ley, no se podrá ejecutar la hipoteca hasta que el impago sea de entre el 3 y el 5% del capital a pagar, según informó la Cadena Ser. 

Asesoramiento profesional. La Ley refuerza el control sobre los notarios y registradores. No se autorizará la escritura si el banco no acredita que ha entregado la información precontractual siete días antes al cliente. En este plazo, el notario asesorará al cliente sobre el proyecto de contrato de préstamo inmobiliario y sobre las cláusulas que incluya.

Comprensión del contrato. El cliente ha de expresar en un documento manuscrito que se le ha remitido la documentación precontractual y que comprende y acepta su contenido. Se documentará en un acta notarial que no tendrá coste para el cliente.

La Comisión Europea ya advirtió a España, en junio de 2016, sobre el riesgo de abrir un procedimiento por infracción por el retraso en la transposición de la directiva, pese a que muchos de los aspectos que recoge el texto europeo sobre transparencia y protección de los consumidores ya están incorporados en el sistema financiero español desde finales de 2011.

A %d blogueros les gusta esto: