Las controvertidas acusaciones del manifiesto, a examen

La manifestación del domingo pasado  en Madrid concluyó con la lectura de un manifiesto donde en pocas líneas se presentan como sentencias inapelables algunas afirmaciones que no se corresponden con la realidad u otras en las que se acusa al Ejecutivo de Sánchez de conductas muy similares a otras llevadas a cabo por gobiernos populares. Estas son algunas de ellas.

1) «Tras meses de constantes cesiones intolerables, el Gobierno decidió dar una puñalada por la espalda a la ley y la justicia española aceptando los términos y exigencias impuestos por el presidente de la Generalitat”.  

El Gobierno no aceptó los términos y las exigencias impuestos por Quim Torra. Dio por rotas las posibilidades de negociación porque no asumió la principal demanda del Govern: incluir en el plan de trabajo de la mesa de partidos una mención expresa al derecho de autodeterminación del pueblo catalán. Tampoco aceptó negociar mejoras para Cataluña que supongan saltarse la Constitución. La propuesta del Gobierno socialista era abrir un diálogo para estudiar iniciativas que permitieran resolver el conflicto catalán y aceptó que en las mesas de negociación se sentara una especie de intermediario o relator o moderador.

Respecto a la actitud del Ejecutivo en relación al juicio del procés y a las instituciones que dependen de él, no atendió la demanda de los independentistas de ordenar a la Fiscalía que rebajase sus acusaciones por rebelión. Tampoco asumió la pretensión de que la Abogacía del Estado no acusara. Este organismo dependiente de Justicia no siguió la calificación de rebelión de la Fiscalía pero sí acusó por sedición —delito que conlleva penas menores pero también de muchos años de prisión—.

2) «El Gobierno cedió al trasladar a los políticos a la cárcel de Lledoners (Barcelona). Cedió al aceptar la bilateralidad entre iguales en la reunión de Pedralbes”.

Los presos independentistas han pasado tanto tiempo encarcelados en Madrid (noviembre de 2017 a julio de 2018) como en Lledoners (julio de 2018 a febrero de 2019). El Ministerio del Interior, tras el cambio de Gobierno, decidió trasladarlos a una prisión próxima al domicilio de sus familiares, algo que se intenta con todos los reclusos preventivos y penados con la excepción de los etarras por una decisión de política penitenciaria vinculada a estrategias de lucha contra el terrorismo. La Ley General Penitenciaria establece en su artículo 12: “La ubicación de los establecimientos penitenciarios será fijada por la administración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen. En todo caso se procurará que cada una cuente con el número suficiente de aquellos para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social”.

La bilateralidad de la que se acusa a Sánchez consiste en una reunión entre el Ejecutivo central y el catalán en el palacio de Pedralbes, en Barcelona. La misma bilateralidad existió cuando Mariano Rajoy se reunió en La Moncloa con Artur Mas en 2012 para tratar de una plataforma reivindicativa del Ejecutivo catalán con la exigencia de un pacto fiscal específico para Cataluña.

3) «Pedro Sánchez cedió al aceptar las 21 condiciones de Torra”.

No ha aceptado ninguna: no reconoció el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña ni lo hizo efectivo; no aceptó una mediación internacional para una negociación de igual a igual; no admitió investigar los supuestos abusos policiales y económicos que ha sufrido Cataluña; no asumió “superar la vía judicial, que ha de abandonarse”; nunca ha defendido que en España hay limitación de derechos fundamentales ni que exista complicidad de jueces y fiscales con la ultraderecha, y tampoco ha dicho que vaya a iniciar un proceso de debate sobre la monarquía.

4) «Cedió al iniciar unas negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado ofreciendo a cambio la soberanía nacional”.

Ninguna medida del Gobierno de Sánchez ha cedido soberanía a Cataluña. ERC y PDeCAT han presentado enmiendas a la totalidad de los Presupuestos.