El pin parental otorga a los padres la capacidad de vetar contenidos que se aprueban en el Consejo Escolar.

Abascal impone esta medida a sus socios de Madrid, Andalucía y Murcia

El Ministerio de Educación y Formación Profesional anunció ayer que recurrirá por la vía judicial contra cualquier iniciativa “dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado”

El pin parental obliga a los padres a autorizar de manera previa y expresa la asistencia de sus hijos a cualquier tipo de actividad celebrada en el centro escolar. Pueden vetar así la presencia de los niños en talleres preparados por sus docentes en horas lectivas en las que se traten temas que no sean de su agrado, como la diversidad afectivo-sexual. Se trata de una especie de “objeción de conciencia” que no está contemplada en la legislación española, por lo que el Gobierno impugnará su aprobación.

Esos contenidos que permite vetar el pin parental son los de igualdad o educación sexual, y, curiosamente, están recogidos en la LOMCE, la última ley educativa del PP.

El pin parental es, en realidad, un papel. Un documento que los colegios que lo apliquen tienen que repartir entre los padres para que den su consentimiento a que sus hijos participen en actividades complementarias en las que, según Vox, se les adoctrina.

Se trata de charlas sobre la igualdad, la diversidad sexual o contra la violencia machista, por ejemplo. Estas actividades pueden realizarse dentro o fuera de los centros son obligatorias, forman parte del currículo, y son evaluables

El pin parental fue una de las propuestas estrella de Vox durante la campaña electoral y, pese al rechazo total de la comunidad educativa, está decidido a hacerla valer en las comunidades en las que sus votos son necesarios para aprobar los presupuestos

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