¿Qué novedades trae la ampliación de ayudas a los autónomos?

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Las medidas para paliar los efectos de la caída en la facturación a causa de la crisis sanitaria entre los trabajadores por cuenta propia se amplían hasta el 30 de septiembre

Nueve de cada diez autónomos afirman que su facturación disminuirá en 2020 y más de 300.000, en torno al 9%, tiene previsto echar el cierre antes de que comience 2021, de acuerdo con una encuesta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) realizada en junio.

El colectivo, que representa el 80% del tejido empresarial español, se enfrenta a un año difícil en el que los gastos han continuado, pero los ingresos se han despeñado o, incluso, paralizado durante varios meses.

Para suavizar la situación, el Gobierno acordó con diversas asociaciones de autónomos medidas de apoyo que estuvieron vigentes hasta el 30 de junio, entre ellas, el aplazamiento del pago de impuestos sin intereses, el cobro del paro por cese de actividad, una moratoria de hipotecas y alquileres o el acceso al bono social eléctrico. Ahora se abre un plazo nuevo de subvenciones, que entró en vigor el 1 de julio y que se extiende hasta el 30 de septiembre, aunque con distintas novedades que harán variar las medidas extraordinarias aplicadas hasta ahora.

Las medidas válidas hasta el 30 de junio iban dirigidas a autónomos cuyos ingresos se redujeran en, al menos, un 75%. Casi 1,5 millones de los más de 3,2 millones que hay en España se han beneficiado de ellas, según datos de ATA, esencialmente de los sectores del comercio, la hostelería y la construcción, lo que ha supuesto un desembolso de más de 3.700 millones de euros. Las comunidades autónomas con mayor número de receptores han sido Andalucía, Cataluña y Madrid, según datos del Ministerio de Trabajo.

El nuevo decreto, disponible hasta el 30 de septiembre, mantiene el pago por cese de actividad y el resto de las ayudas sociales, como la moratoria del pago de la hipoteca para los autónomos que hayan perdido un 40 % de su facturación, la moratoria en el pago de suministros y la de alquileres, en caso de que el arrendador sea un gran tenedor, para aquellos hogares en situación de vulnerabilidad económica.

ATA afirma que algo menos del 12% de los autónomos se ha beneficiado de estas ayudas sociales. “El problema es que para optar a ellas había que causar baja censal en la Agencia Tributaria. Una circunstancia que conllevaba la pérdida de titularidad del alquiler, por ejemplo, lo que lo hacía inviable”, aclaran desde ATA.

En qué consisten las nuevas prestaciones

Podrán acceder a esta ampliación de ayudas los trabajadores autónomos que prevén una reducción de sus ingresos del 75% o más durante el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, siempre que sus ingresos mensuales netos no superen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), es decir, los 1.425 euros. “La documentación para demostrar la bajada en la facturación se presentará al final de este trimestre, pero si no se cumplen los requisitos, será obligatoria la devolución”, apostilla la Celia Ferrero desde ATA.

En esta nueva prestación, los autónomos (tanto los nuevos como los que prorrogan el subsidio) que puedan beneficiarse de ella cobrarán el 70% de su base reguladora y la cuota de cotización se bonificará al 100%.

En esta ocasión hay nuevos requisitos. El autónomo debe haber cotizado al menos 12 meses con anterioridad a su solicitud (no era así en el anterior paquete de medidas, en el que bastaba demostrar la caída de ingresos o el cierre del negocio por el estado de alarma) y no podrán pedirla los autónomos con tarifa plana (pago mensual de 60 euros), “porque en esta cuota no está incluida la aportación por cese de negocio”, señala Ferrero.

En el caso de dejar de cobrar la prestación, se podrá acceder a una bonificación de la cuota de autónomos de la Seguridad Social que va del 100% en la del mes de julio al 50% en la de agosto y del 25% en la de septiembre.

Otra de las novedades de este nuevo decreto de medidas es la inclusión de los autónomos de temporada (unos 700.000 en nuestro país), con actividades ligadas sobre todo al verano como músicos o feriantes, entre otros, que se habían quedado fuera del anterior paquete. Estos trabajadores tienen derecho al cobro del 70% de su base reguladora durante cuatro meses, siempre que en los ejercicios de 2018 y 2019 hayan estado dados de alta al menos 120 días cada año. “Se había excluido a un colectivo muy importante vinculado al verano que el 14 de marzo no estaba cotizando, requisito indispensable para solicitar la prestación anterior”, explica Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA.

“Valoramos positivamente estas ayudas, aunque haya autónomos que se han quedado fuera. Para ellos estamos buscando soluciones. Por otro lado, ha habido inseguridad jurídica y falta de claridad, por ejemplo, con la forma de parar la prestación. En este nuevo decreto, el autónomo puede solicitar dejar de cobrarla, pero no así en el anterior, en el que no se articuló un mecanismo de salida. Hay 2.000 autónomos que volvieron al trabajo y solicitaron la suspensión de la misma. Ahora se les pide la devolución de lo cobrado durante el estado de alarma y no solo desde el momento de la salida”, apunta Celia Ferrero.

Ayudas autonómicas y locales

Además de las prestaciones del Gobierno, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos han puesto en marcha proyectos de ayuda a los autónomos. Los requisitos y las cuantías establecidos durante la vigencia del estado de alarma, en principio, se prorrogan durante los próximos meses, siempre y cuando queden fondos.

Las ayudas pueden consultarse en las páginas web de cada comunidad y Ayuntamiento. “Seguro que en este nuevo trimestre se anuncian nuevas medidas. Ahora estas instituciones están valorando y estudiando la situación”, explica Ferrero.

 

Pilar Calleja

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