Simplificación de contratos, refuerzo de la negociación colectiva y digitalización: la reforma laboral que se abordará en 2021

Que la reforma laboral va a ser uno de los puntos calientes del 2021 en el seno del Gobierno de coalición y del diálogo social genera pocas dudas. Si bien este asunto ha sido aplazado durante el primer año de legislatura, debido, entre otras cuestiones, a la irrupción de la pandemia del coronavirus y sus consecuencias económicas, y al mantenimiento de otras negociaciones abiertas entre el Ejecutivo y los agentes sociales (como la regulación de los riders o la subida del salario mínimo), la reforma laboral ha estado presente en todo momento.

Lo estuvo cuando el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu firmaron a finales de mayo un acuerdo para derogar la reforma laboral del 2012, un pacto que derivó en polémica cuando los socialistas decidieron modificar a última hora los términos del acuerdo. También cuando varios grupos de izquierdas quisieron introducirlo como un punto de los acuerdos de reconstrucción que se fraguaron en el Congreso. 

Aunque la medida no salió adelante (el PSOE y el PP la tumbaron en las votaciones), el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, dio cuenta de las intenciones de su grupo y de los ministros del espacio confederal al asegurar que de la reforma laboral no quedarían «ni los palos del sombrajo».

Y, lo más relevante, ha estado presente cada vez que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reafirmado su compromiso con la derogación y ha recordado que es un punto recogido en el acuerdo de coalición que sirve de ruta programática para el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Aunque no hay una fecha concreta para iniciar las negociaciones (desde Trabajo se ha avanzado que la mesa de la reforma laboral se abrirá cuando concluya sus trabajos la de plataformas digitales, que actualmente está en un punto muerto), los sindicatos ya han apelado al Gobierno para que retome este asunto cuanto antes. Tampoco hay, de momento, una propuesta concreta por parte de Trabajo (dado que las conversaciones no han empezado), aunque en el acuerdo de Gobierno sí que se concretan algunas modificaciones.

El programa pone sobre la mesa tres medidas concretas calificadas de «urgentes»: La derogación del despido causado por bajas por enfermedad (ya aprobado a través de un decreto del Gobierno y tramitado como proyecto de ley en el Parlamento); la derogación de las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, «haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo»; y la derogación de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Un plan que conoce Bruselas

Además, se recogen otros compromisos en esta materia, como la limitación de la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa; la limitación de la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa; y la revisión del mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándose al descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.

Hace unas semanas, la ministra de Trabajo se reunió con los comisarios europeos de Economía, Paolo Gentiloni, y de Empleo y Derechos Sociales, Nicholas Schmit, unas reuniones en las que Díaz habría esbozado algunos de los elementos clave que quiere llevar al diálogo social cuando se aborde la derogación de la reforma laboral.

Desde Trabajo se hace un análisis que pasa por identificar que el funcionamiento del mercado de trabajo en España es una anomalía en términos comparados con la media de los países de la Unión Europea debido, sobre todo a que tiene la tasa de temporalidad más alta de la UE, la segunda tasa de paro más alta y, además, es el país con más personas desempleadas en cifras absolutas.

Para el departamento que dirige Díaz  existe un elevado desempleo, temporalidad excesiva y, como consecuencia, un nivel de rotación laboral extraordinario: desde 2012 (fecha de la última reforma laboral que tenía, precisamente, como objetivo formal reducir la temporalidad) se han formalizado en España 165.209.047 contratos de trabajo, según se apunta desde el Ministerio. Una cifra «extraordinariamente elevada» para Trabajo que refleja la precariedad del mercado laboral español.

Entre estos contratos, que tienen una duración media muy baja, uno de los más utilizados es el de menos de 7 días: en 2019 se firmaron más de 6,1 millones de contratos con esta duración mínima, la mitad de todos los contratos temporales de duración determinada, según datos de Trabajo. Para atajar la precariedad, la temporalidad y la inestabilidad que lastran al mercado laboral español, desde el departamento dirigido por Díaz se esbozan algunas soluciones.

Menos contratos, menos espacio para la temporalidad

La primera de ellas es la simplificación contractual para reforzar la contratación indefinida. Desde Trabajo se pretende impulsar un gran pacto por la estabilidad en el empleo entre el Ejecutivo y los agentes sociales, un pacto que propondría una simplificación de las modalidades contractuales actuales para reducirlas a tres figuras fundamentales: el contrato indefinido, el contrato temporal justificado y limitado, y el contrato de formación.

El contrato indefinido se plantea para que se convierta en la forma habitual de contratación, «generalizando su uso por parte de las empresas convirtiéndolo en la norma general de la relación laboral entre la empresa y la persona trabajadora». El temporal deberá según el Ministerio responder siempre a «una causa que justifique su utilización, vinculada a necesidades temporales que no se pueden cubrir con un contrato indefinido».

Por último, el contrato formativo deberá servir para facilitar la incorporación al trabajo de personas con falta de experiencia laboral. Otra de las grandes reformas que se estudian es la modificación de la negociación colectiva para llevar a cabo un reequilibrio de las fuerzas negociadoras que dé lugar a convenios más consensuados y justos con las partes.

La ministra de Trabajo se reunió hace unas semanas con los comisarios europeos de Economía y de Empleo

En este sentido se aboga por establecer los mecanismos que permitan el mantenimiento de los derechos laborales pactados entre las partes una vez expire la vigencia de los convenios. También se propone reforzar la autonomía de las partes en la definición de los ámbitos de la negociación, «asegurando una articulación adecuada entre los diferentes ámbitos, que respete los contenidos de cada uno para asegurar las condiciones laborales y de competencia empresarial».

La modernización de la regulación de la contratación y la subcontratación entre empresas es otra de las modificaciones que se pretende abordar. El objetivo es garantizar la igualdad de condiciones entre trabajadores subcontratados y los de la empresa principal, reforzar la responsabilidad de las empresas contratistas o subcontratistas y acabar con en el uso de la externalización productiva «que solo busca la reducción de costes laborales, porque afecta negativamente a la competencia cualitativa entre empresas e incide también en el incremento de la precariedad laboral».

La digitalización es otro de los grandes retos que se abordará en la reforma laboral. Desde Trabajo se quiere que las políticas de formación para el empleo tomen como claves de bóveda la economía verde y la digitalización, tal y como se prevé en el Plan Next Generation UE.

Más allá de la simplificación contractual, el refuerzo de la negociación colectiva y el reto de la digitalización, desde el Ministerio de Trabajo se proponen otras medidas, sobre todo después de la experiencia de la afectación de la pandemia al mercado laboral. 

En este sentido se propone reforzar la estabilidad en el empleo proporcionando a las empresas mecanismos internos para adaptarse a las situaciones de crisis o de cambio de ciclo de la demanda, como pueden ser los ERTE o los acuerdos en la negociación colectiva. «El objetivo es reforzar los mecanismos de flexibilidad interna a través de la adaptación de las horas y no de la rescisión de la relación laboral, lo cual se traducirá en una mayor utilización de la contratación indefinida», se defiende desde Trabajo.