La población inmigrante en España es joven, con estudios universitarios y los peores salarios
Cáritas Española pide políticas que reduzca la segregación laboral y económica de los inmigrantes
La sociedad española ha cambiado mucho en la última década. El 16,32 por ciento de su población (7,74 millones de habitantes) son inmigrantes. «Estamos ante el nacimiento de una nueva sociedad, una sociedad multiétnica», aseguró este martes, Juan Iglesias, profesor del Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas, durante la presentación del informe «Un arraigo sobre el alambre».
El estudio –elaborado junto a Cáritas Española a partir de una encuesta estatal para evaluar cuál ha sido en la última década el proceso de integración de los habitantes de origen inmigrante– revela que el perfil de la población extranjera afincada en nuestro país es muy diferente a la que ha construido el imaginario colectivo.
Su edad media es de 36 años (frente a los 44 de los nacionales), mujer (52 por ciento), con una estancia media de 13 años y con estudios universitarios (23 por ciento). «Una cifra similar al nivel de estudios de los españoles que ronda el 29 por ciento de universitarios», aseguró Iglesias. Pese a ese enorme capital humano, la población imigrante sufre una gran segregación laboral y económica.
Su ingreso medio mensual es de 926 euros, un 38% menor que el de los trabajadores españoles. Esto provoca que su tasa de exclusión social sea más del doble respecto a los españoles de nacimiento.
Rostro femenino
La feminización de la inmigración es otro factor que agudiza la exclusión. En la última década, la población extranjera femenina que ha llegado a nuestro país ha aumentado un 3,5 por ciento y ya representa el 52 por ciento de los inmigrantes.
«Las mujeres son las que mejor se sienten entre nosotros, las que cuidan de nuestros mayores y niños, las que mantienen limpias nuestras casas, colegios y oficinas, pero las que sufren la peor segregación laboral y las que menos ingresos obtienen. Y aquí se cruza la doble discriminación, porque no solo se ven negativamente afectadas por los mencionados procesos de discriminación étnica, sino también por procesos de desigualdad basados en género», aseguró Daniel Rodríguez de Blas, del Equipo de Estudios de Cáritas.
Para Iglesias, el trabajo «flexible y barato» de la población inmigrante se ha convertido en «el núcleo asalariado central de nuestro modelo de crecimiento intensivo basado en sectores de baja productividad». El trabajo femenino dentro de este colectivo «es además el recurso central que permite organizar y costear las tareas domésticas y de cuidado esenciales en una sociedad tan envejecida como la española», añade.
Contrariamente a lo que señala el imaginario colectivo, la inmigración tiene una tasa de actividad muy alta (72% frente al 57% de los españoles) y pese a ser más vulnerable es la que menos recursos utiliza de los sistemas de protección social. Solo un 15,5% de los hogares inmigrantes en España reciben ingresos «sociales» –rentas mínimas, prestaciones desempleo, pensiones, becas, ayudas de organizaciones sociales, etc.- y solo un 12,3% de ellos rentas procedentes del sistema público.
«La juventud de la inmigración se traduce en mayores tasas de natalidad y menor utilización de determinados servicios, como el sanitario. Si a la mencionada juventud le unimos sus altas tasas de actividad, se evidencia que la población inmigrante supone una notable contribución al crecimiento económico y al equilibrio del gasto social, mejorando la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar social», señaló Rodríguez de Blas.