«La crisis moral de la política» por Juan Santaella

Decía Gregorio Peces Barba, uno de los padres de la Constitución, que no debe haber poder sin responsabilidad, que es el límite más preciso para impedir la arrogancia, la arbitrariedad y la corrupción. Cuando un político pierde la responsabilidad, deja de ser un político digno, abandona las atribuciones que el pueblo le ha encomendado, y su actuación se hace caprichosa y antisocial.

Esta es la situación que estamos viviendo en el Ayuntamiento de Granada. Con una actuación irracional: colocar como alcalde al primero de una lista que solo tenía cuatro concejales, contraviniendo así el mandato popular, se viciaba uno de los fundamentos de la democracia. Que esa decisión la tomasen líderes nacionales, producto de trueques políticos, emponzoñaba aún más la esencia de la vida comunitaria, y sumía a Granada (siempre tiene que ser Granada la afectada por decisiones políticas arbitrarias), en una fuerte inestabilidad, que podría desembocar, como ha ocurrido, en una debacle.

El que los propios responsables políticos de la Junta de Andalucía y los concejales del PP, a excepción de Sebastián Pérez, refrendaran, en su día, una decisión tan caprichosa, colaboraba, aún más, a crear una situación insostenible. Y, la guinda, Luis Salvador, quien encomendándose a todos los santos políticos, propios y ajenos, había logrado lo que tanto ansiaba: ser alcalde de Granada, sin que nadie lo quisiera: ni el pueblo, que no lo había votado, ni los concejales del PP, ni los de Vox, ni siquiera alguno de los suyos. No se daba cuenta de que, en política, ocupar puestos que no nos corresponden es peligroso, y fácilmente eliminable. Y, es que, como decía el filósofo Hans Küng, el paradigma político de la modernidad ha entrado en una profunda crisis que pone de manifiesto las carencias morales de la política.

En este momento, el alcalde, y su único colaborador, José Antonio Huertas, son una rémora para el Ayuntamiento y para la ciudad de Granada. Deben abandonar el Consistorio cuanto antes. Cada día que permanecen en la sede municipal son oportunidades que nuestra ciudad pierde, en el ámbito económico, urbanístico, cultural, educativo, de gestión de los recursos, y de posibilidad de acordar con las fuerzas sociales, y empresariales, y con el resto de administraciones públicas, sobre todo, con la Junta y con el Gobierno de la Nación. El poder sirve para lograr el bienestar de la ciudad, pues, como decía Rousseau, en el ‘Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres’, los pueblos se dan jefes para que defiendan su libertad y no para que los esclavicen.

Un político digno no debe tener miedo a pedir perdón cuando se ha equivocado, e, incluso, la actitud correcta es dejar la política cuando ve que lo que hace no es coherente. La tendencia a no rectificar, dice Victoria Camps, revela una actitud agresiva, incompatible con la coherencia, con lo que, entonces, la integridad ética es imposible. Sin principios, la política se convierte en algo vulgar y mezquino, porque toda actividad pública debe estar orientada éticamente. Si en lugar de los principios rigen los intereses de partido o personales, naufraga la política y ésta pierde su esencia: hacer más iguales y felices a las personas.

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