El Tribunal Supremo, dividido, abre la puerta al indulto parcial a Juana Rivas

La sala de lo penal del Tribunal Supremo se ha posicionado en contra de conceder un indulto total a Juana Rivas, la vecina de Maracena condenada a dos años y medio de cárcel por retener a sus hijos durante un mes para no entregárselos a su padre, al que acusaba de maltrato. Los jueces tampoco se han puesto de acuerdo sobre un posible indulto parcial y han empatado con ocho magistrados a favor y ocho en contra.

La sala que preside Manuel Marchena, por tanto, ha remitido al Gobierno un informe que recoge ambas posturas sobre el posible indulto parcial. Su trabajo para informar sobre la medida de gracia, por tanto, «en nada se resiente, antes al contrario, se enriquece con la conjunta exposición de las razones sostenidas por unos y otros».

La Fiscalía presentó su propio informe hace unas semanas y sí apoyó un posible indulto parcial para la vecina de Marcena (Granada). El Ministerio Público rechaza la concesión de un indulto total de toda su condena pero sí concede una rebaja de medio año para que no implique su cumplimiento entre rejas. Rivas salió de prisión en junio de este año para cumplir su condena en casa y bajo control telemático pero volvió a entrar en la cárcel un mes después.

Juana Rivas fue condenada por un delito de sustracción de menores. Estuvo un mes en paradero desconocido con sus dos hijos en el verano de 2017 para no entregárselos a su exmarido, Francesco Arcuri, que ya había sido condenado en 2009 y al que entonces acusaba de nuevo de violencia machista. En un primer momento los tribunales andaluces le impusieron cinco años de cárcel pero el Supremo, con el apoyo de la Fiscalía, dejó su condena en la mitad al entender que sólo debía ser sancionada por un delito aunque fueran dos niños. La condena de dos años y medio supuso su entrada efectiva en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada para cumplir condena. Las autoridades le concedieron el tercer grado poco después pero se estableció que pudiese salir dos fines de semana al mes.

La sala de lo penal del Supremo que preside Marchena explica que ha habido unanimidad para informar en contra de un indulto total de su condena. Dice el informe que «no hemos cuestionado, por tanto, la posibilidad de un indulto total de la condena. En su improcedencia la Sala ha sido unánime». Pero no han sido capaces de ponerse de acuerdo a la hora de informar sobre un posible indulto parcial.

La «angustia extrema» de un hijo

Ocho magistrados y magistradas de la sala de lo penal han informado a favor de que se indulte una parte de su condena. Son explícitos a la hora de decir que no se pronuncian sobre la realidad de las agresiones denunciadas o sobre quién debe tener la custodia de los pequeños, pero ponen encima de la mesa elementos que prueban «la angustia extrema» de unos de sus hijos. Documentos e informes aportados en distintos procesos en los que el niño, por ejemplo, relata golpes e insultos de su padre y cómo quiere vivir con Rivas y no con él. Exponen también la condena penal de 2009 al padre por agredir a Rivas que, con la legislación actual, hubiera supuesto incluso la suspensión de las visitas.

Este «interés del menor», dicen estos ocho magistrados, sería suficiente para conceder el indulto parcial. Pero también entienden que no hay riesgo de que Rivas vuelva a esconder a sus hijos. Desde 2017 «las visitas vacacionales de los menores en Semana Santa y Navidad han trascurrido con absoluta normalidad. Circunstancia de especial consideración en las penas de corta duración».

Se han pronunciado en este sentido Ana Ferrer, Vicente Magro, Susana Polo, Antonio del Moral, Javier Hernández, Andrés Palomo, Juan Ramón Berdugo y Andrés Martínez Arrieta. Andrés Palomo fue, de hecho, el magistrado ponente de la sentencia que rebajó su condena a dos años y medio de prisión hace unos meses.

En contra del indulto

La otra mitad de la sala de lo penal se ha pronunciado en contra de cualquier tipo de medida de gracia. Los magistrados entienden que las razones que esgrimen sus compañeros no son suficientes para conmutar una parte de la condena de Rivas. Aseguran que «no comprendemos las razones por las que» sólo «unos meses después» de dictar sentencia deberían rebajar aún más su condena «a una magnitud que nosotros mismos, de manera fundada, descartamos entonces».

Este grupo de magistrados explica que no han podido examinar todos los informes y pruebas de los que habla la mitad favorable al indulto y no pueden, por tanto, justificar esa «angustia extrema» del menor. Se preguntan: «¿Cómo podremos saber cuál es el interés superior de los niños? ¿solo a partir de la documentación aportada por una de las partes en un expediente de indulto? Creemos no estar, en condiciones, por lo hasta aquí explicado, de determinar, en el trámite de un expediente de indulto, cuál pueda ser, en el caso, el preferente interés de los menores». 

Reconocen que Rivas no ha vuelto a delinquir ni a incumplir sus obligaciones a la hora de entregar a sus hijos a Arcuri. Pero cumplir con la Ley y con una condena «no resulta sino consecuencia del cumplimiento del deber que a todos los ciudadanos nos vincula» y no constituye un mérito para obtener un indulto. No son competentes para estudiar todos estos elementos y eso no les permite, dicen, «considerar justificada tampoco en este aspecto la existencia de una situación cualitativa distinta con relación a otros en principio equivalentes».

Este segundo informe desfavorable que también será estudiado por el Gobierno para decidir si indulta o no a Rivas ha sido firmado por el presidente de la sala, Manuel Marchena, la magistrada Carmen Lamela y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Miguel Colmenero, Pablo Llarena, Eduardo de Porres, Ángel Hurtado y Leopoldo Puente.

«Satisfacción» de su abogado

En un comunicado remitido a los medios poco después de conocerse el doble informe del Supremo, el letrado de Rivas ha mostrado su «satisfacción» porque la mitad del pleno haya decidido «informar favorablemente el indulto parcial que habíamos solicitado para nuestra patrocinada». Recuerda el letrado Carlos Aránguez que la Fiscalía también ha apoyado un indulto parcial y que es una medida que «en este caso resulta absolutamente adecuada para resolver por fin un procedimiento penal abierto contra una madre que solo quiere defender a sus hijos de un maltratador».

Destaca el comunicado que el indulto total ya no es posible al haber cumplido parte de su condena en el CIS de Granada pero «el Gobierno tiene ahora la posibilidad de acabar con la ejecución de unas penas que carecen de sentido y utilidad pública». Confía el letrado en que finalmente se le otorgue una medida de gracia parcial «puesto que destacados miembros del Ejecutivo se han manifestado públicamente a favor del indulto».