El estricto cumplimiento de las medidas de protección es imprescindible ante la expansión de la variante ómicron

La enseñanza ha demostrado ser en diferentes fases de la pandemia un entorno disciplinado y seguro. No tendría sentido retrasar ahora la vuelta a las aulas mientras se mantienen abiertas otras vías de contagio en sectores como el ocio, los deportes o la restauración, y se permiten fiestas y conciertos multitudinarios. Resulta por tanto convincente la decisión de los ministros de Sanidad, Educación y Universidades y los consejeros autonómicos de mantener el regreso a las aulas en las fechas previstas, pese a la expansión desbocada de la variante ómicron, a condición de que se garanticen los recursos necesarios para un estricto cumplimiento de las medidas de protección vigentes.

Las autoridades han tenido que tomar de nuevo una decisión difícil. En este caso, la cuestión a ponderar era si el beneficio de retrasar la vuelta a las aulas, en términos de reducción de los contagios, compensaba los costes que la medida implicaría. Los niños son transmisores, pero en caso de contagio no sufren formas graves de enfermedad, de modo que el beneficio directo en su caso es menor que en otros grupos de edad. En cambio, suspender las clases presenciales tiene consecuencias directas sobre la calidad de la educación, la salud mental y la conciliación familiar.

Como se pudo comprobar durante el confinamiento, la educación a distancia compromete la calidad pedagógica. Aunque la brecha digital ha disminuido gracias a la entrega de ordenadores a los escolares que carecían de ellos, la enseñanza no presencial afecta a la equidad y agrava las desigualdades en la medida en que no todos los alumnos tienen un entorno favorable en casa para seguir este tipo de enseñanza. Por otra parte, las medidas de protección se han mostrado hasta ahora efectivas: en la última semana lectiva antes de las vacaciones, en plena sexta ola, tuvieron que hacer cuarentena los alumnos de algo más de 5.000 aulas de infantil y primaria, pero esta alteración apenas afectó al 1,3% del total de estas, lo que, incluso si este porcentaje crece en enero, puede considerarse un mal menor. La experiencia acumulada permite concluir que, en caso de evolución negativa de la pandemia, los colegios deberían ser los últimos en cerrar.

Con todo, es previsible que la brutal expansión de la variante ómicron, cuyo pico se espera para mediados de enero, provoque más contagios y un elevado número de bajas laborales entre el personal docente. Por eso es importante tomar medidas para garantizar la rápida sustitución de los ausentes y poder desdoblar las clases donde sea necesario. Pero la medida más efectiva será sin duda acelerar la vacunación de los niños de 5 a 11 años. Casi un tercio de los 3,3 millones de escolares de esa edad ha recibido una primera dosis, pero es vital para la buena marcha del curso escolar que todos los alumnos, de infantil a la universidad, puedan tener la pauta completa lo antes posible.

Es lamentable que tras haber logrado una dinámica de acuerdos que ha permitido adoptar la decisión por unanimidad, pese a las reticencias previas de Madrid y Murcia, los gobiernos de la primera de estas dos comunidades y Andalucía hayan vuelto a la dinámica de la deslealtad institucional al adelantarse y modificar las reglas de cuarentena en los colegios sin esperar a la deliberación conjunta. Generar confianza tiene que ser una de las prioridades de la política y las decisiones tomadas de forma concertada la refuerzan.

EL PAIS

 

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