El sector renovable, harto del cuello de botella que supone la tramitación administrativa en España
Una regulación homogénea entre las Administraciones aceleraría los proyectos
Clifford Chance y la Universidad de Salamanca organizaron ayer una mesa redonda en Madrid en la que se debatió sobre la necesidad de agilizar la concesión de permisos para proyectos de energías renovables.
Bajo el título “La autonomía energética: un reto posible: Necesidad de agilizar la concesión de permisos” y con la moderación del director de la práctica de Derecho Público de Clifford Chance en España, Jaime Almenar, los ponentes analizaron el grado de desarrollo de los permisos administrativos partiendo de la exhortación de la Unión Europea sobre la necesidad de agilizar y simplificar los procesos, uno de los principales problemas para el desarrollo de las energías renovables según el órgano europeo.
Principal cuello de botella para las empresas renovables
A pesar del intenso interés inversor por las energías renovables, existe la duda de si España podrá alcanzar los objetivos marcados en cuanto a implementación de la energía renovable. Tal y como afirma Jaime Almenar, “en marzo de este año contamos con 145 gigas de proyectos eólicos y fotovoltaicos que cuentan con permisos de acceso, aunque no están en operación. Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) necesitamos para 2030 unos 59 gigas nuevos. Por lo tanto, tenemos entre el doble y el triple de la potencia que queríamos, pero no están en operación”.
Para Fernando Calancha, secretario de la Junta Directiva de la Asociación Empresarial Eólica, la explicación a este cuello de botella se sitúa en la tramitación de los proyectos, de los que afirma que existe un verdadero problema derivado de la necesidad de modificar los requisitos y los tiempos necesarios para obtener los permisos, así como de los escasos medios públicos y la falta de homogenización de procesos entre las distintas Administraciones.
“De los 39.000 gigavatios en tramitación, solo 1,7 tienen guía en la actualidad, por lo que cada vez es más difícil sacar adelante los proyectos de energía renovable. Tramitar ahora se ha vuelto mucho más complicado de lo que era en el pasado”, afirma.
Según Calancha, el Real Decreto que regula en la actualidad el procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica data del año 2000 y fue aprobado con objeto de tramitar y poner en marcha ciclos combinados. “Esa misma norma, con adaptaciones, es la referente para tramitar instalaciones renovables 22 años después”, apunta.
Laura de Rivera, directora de Regulación y de Servicios Jurídicos del Grupo Red Eléctrica, añade otro elemento fundamental en el debate, como es la necesidad de desarrollar redes para que las renovables puedan evacuar energía.
“Una nueva línea de la red de transporte eléctrico puede tardar entre 6 y 10 años en desarrollarse, por lo que para que se cumplan los objetivos de penetración de renovables, es fundamental agilizar y simplificar las nuevas tramitaciones de los permisos administrativos para su desarrollo”, asegura.
En este sentido, desde el Ministerio de Transición Ecológica el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, explica que el gran contingente de proyectos renovables es una muestra del potencial y atractivo de España para los inversores en renovables, pero reconoce que estamos ante un importante reto, ya que un volumen tan alto de nueva energía como la que actualmente está en tramitación no puede absorberse en el corto plazo, por lo que sigue siendo necesario un ordenamiento y racionalización del sector que permita quedarnos con los proyectos más óptimos.
José Ignacio Sánchez, Profesor y Director del Máster en Análisis del Derecho y las Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca, coincide en la necesidad de realizar una criba que permite eliminar aquellos proyectos que no caben ahora ni van a caber en el futuro, al tiempo que no bloquee la entrada de nuevos proyectos que ofrezcan mayores dosis de innovación y de eficiencia. “Aunque hablamos de energía renovable, el problema es distinto en el terreno solar y eólico. El problema más acuciante es el ámbito fotovoltaico, que es donde está la mayor inflación de proyectos”.
Compromiso con los territorios
La relación de los proyectos renovables con los territorios donde se llevan a cabo y las trabas de algunas Administraciones ante proyectos renovables planteados ha sido otro de los temas analizados por los expertos. Para Fernando Calancha, las empresas llevan trabajando desde hace mucho tiempo con las regiones y se debe seguir haciendo, pero algunas administraciones a nivel local no admiten, como prohibición general, o dificultan extraordinariamente la construcción de plantas u otras infraestructuras en su localidad. “Frente a estas actitudes hay que hacer algo. Cuando la Comisión Europea habla de interés prioritario o prevalente, dejar de la mano de la aceptabilidad social la puesta en marcha de los proyectos no es una opción porque entonces no vamos a lograr los objetivos”.
Para el profesor José Ignacio Sánchez, la responsabilidad de contemplar los aspectos sociales asociados a la transición energética y cuya importancia es crucial, no debería recaer ni única, ni fundamentalmente, en los promotores de los proyectos; el Estado dispone de herramientas fiscales y de cohesión fiscal, que son más idóneas. En caso contrario, se está metiendo más ruido en los procesos, que es preciso simplificar al máximo.
Por el contrario, la representante de Red Eléctrica, Laura de Rivera, considera que la licencia social es fundamental para evitar que los proyectos se hagan por mera imposición: “Si una infraestructura pasa por un territorio al que no le revierte ningún beneficio, no solamente se va a tener en contra a la Administración sino también a los vecinos. Eso finalmente supone más dilación en la tramitación y la judicialización de los procesos. En este sentido, Manuel García Hernández matiza que no solo hacen falta grandes instalaciones, sino proyectos más pequeños de autoconsumo y generación distribuida de carácter local, añadiendo que los concursos facilitarán la aceptación de estos proyectos en el territorio.
Por una regulación homogénea por parte de las Administraciones
A pesar de los esfuerzos de todas las Administraciones para agilizar la concesión de permisos, los ponentes coinciden en que es necesaria una reforma de las instituciones en todos sus niveles para impulsar el desarrollo necesario de las energías renovables.
Fernando Calancha, de la Asociación Empresarial Eólica, considera que, a pesar de esta buena fe por parte de todas las Administraciones, existe una heterogeneidad cada vez más relevante en todos los procedimientos administrativos a las que se suman algunas disfunciones en algunas Comunidades Autónomas, que paralizan muchos de los procesos en curso. “En la actual situación el Estado puede asumir competencias y regular estas materias. No estamos solamente ante una transición ecológica, sino que estamos hablando de alcanzar una autonomía energética, de situaciones de seguridad de suministro y de nuestro futuro energético”.
Laura de Rivera coincide en la falta de criterios homogéneos a pesar de que las Comunidades Autónomas han ido tomando medidas para agilizar los proyectos, poniendo como ejemplo las modificaciones normativas aprobadas en Aragón, Castilla la Mancha y en Andalucía. Además, señala ciertas disfunciones entre administraciones. De tal modo, que hay proyectos de redes de transporte tramitados por la Administración General del Estado a los que otras administraciones concurrentes en el territorio añaden trámites adicionales que pueden llegar a contradecir con actos que ya han devenido firmes.
Por último, concluye poniendo como ejemplo Alemania en la que se han celebrado cumbres de red y elaborado guías prácticas para la expansión de las redes con recomendaciones sobre como tramitar. Sería deseable una mayor coordinación entre administraciones, ya sea a través de conferencias sectoriales u otros instrumentos jurídicos de colaboración y coordinación, en las que se acuerden criterios homogéneos a la hora de tomar decisiones en aspectos ambientales o de tramitaciones”, apostilla.
En este sentido, el representante del Ministerio de Transición Ecológica, Manuel García, reconoce que hace falta un cambio organizacional muy relevante en todos los ámbitos de la Administración. “La Administración estaba preparada para un mundo en el que había al año cinco o diez plantas de generación como mucho, con las que se podía tener un seguimiento individualizado y casi diario. Ahora el mundo ha cambiado por completo y desde el Ministerio ya se están dando los pasos para responder a las demandas de la nueva realidad”.