El IVA en la Unión Europea
La Unión Europea fija un mínimo del 15% para el IVA general, pero también contempla la posibilidad de crear tipos reducidos y especiales
El impuesto sobre el valor añadido (IVA) es una tasa que grava el consumo de bienes y servicios que se comercializan en la Unión Europea, y aunque Bruselas establece unas normas comunes que todos los países deben cumplir, su aplicación depende en última instancia de las capitales europeas. Eso explica que del 27% de IVA general que establece Hungría se pase al 17% de Luxemburgo.
La presión de este gravamen, sin embargo, no es tan sencilla de calcular como puede parecer a primera vista. La Unión Europa fija un mínimo del 15% para la tasa general, la que aplica a casi todos los bienes y servicios que se comercializan en suelo comunitario, pero también contempla la posibilidad de crear tipos reducidos —mínimo del 5%— y especiales —superreducido, cero o intermedio— para ciertos productos básicos como la comida, los medicamentos o los libros. La combinación de todos ellos, teniendo en cuenta la cantidad de transacciones a las que se aplica cada uno y las posibles exenciones, da como resultado la tasa efectiva del IVA, la más exacta y la que permite hacer una comparación más ajustada sobre cómo se grava el consumo en la Unión Europea.
Así, según un informe publicado por la Comisión Europea en referencia al ejercicio de 2019, España destaca por ser el Estado miembro con un IVA efectivo más bajo, apenas del 8,8%, muy por detrás del 15,6% croata, el más alto. Esto se debe a que Madrid abusa del tipo reducido —10%— y superreducido —4%— y a que aplica un régimen especial de tributación alternativo al impuesto sobre el valor añadido en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
A nivel europeo, el dinero recaudado a través de esta vía supuso en 2019 el 7,2% del PIB, pero las arcas públicas dejaron escapar por fraude o evasión fiscal, insolvencias financieras o errores administrativos otros 134.000 millones de euros, el equivalente al 10% del importe total objetivo.
Con todo, la Unión Europea lleva desde 2018 trabajando para reformar unas directrices que llevan vigentes ya tres décadas. La legislación fiscal normalmente tarda en ser aprobada, ya que requiere de un acuerdo unánime en el Consejo Europeo, pero Bruselas sí que ha conseguido dibujar las líneas maestras que deben guiar la próxima reforma. En concreto, los ministros de Economía de la UE acordaron a finales de 2021 la posibilidad de reducir el tipo que grava los bienes y servicios vinculados con la lucha contra el cambio climático —bicicletas o paneles solares—, la protección de la salud —mascarillas— y la transición digital.
Lo que no hicieron, sin embargo, fue resolver el problema de fondo que impide que el IVA sea un impuesto simétrico y proporcional entre los Estados miembros: la variedad de criterios y tipos. La Comisión establece la lista de bienes y servicios que pueden ser incluidos dentro de los tipos reducidos, pero algunas capitales recibieron excepciones a la hora de acceder a la Unión. Ahora, en lugar de acabar con ellas, los ministros de Economía se inclinan por permitir su aplicación siempre y cuando no vayan en contra de los objetivos del Pacto Verde Europeo y dejar que el resto de Estados miembros puedan replicar esas excepciones.