LA NUEVA LEY DE LA CIENCA SALE ADELANTE SIN NINGÚN VOTO EN CONTRA

El Congreso de los Diputados ha aprobado , con los votos a favor de los principales grupos parlamentarios —incluido el PP—, la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.  La norma establece un aumento de la inversión pública en I+D para alcanzar los niveles de la UE y crea contratos indefinidos para investigadores y tecnólogos

La nueva norma pretende asegurar un aumento continuado de la inversión pública en investigación hasta que España alcance en 2030 los objetivos recomendados por la Unión Europea, fijados en un 1,25% del PIB —el nivel actual ronda el 0,58%—, tal y como adelantó a EL PAÍS en febrero la ministra de Ciencia, Diana Morant.

La norma ha sido aprobada con 279 votos a favor, 62 abstenciones —incluidas las del grupo de Vox y el Partido Nacionalista Vasco— y ningún voto en contra. En su intervención antes de la votación, Morant ha dicho: “Gracias, señorías, por su trabajo constructivo. Hoy la política responde a las demandas de la comunidad científica”.

Esta reforma modifica la ley de la ciencia aprobada en 2011 por el ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La ministra en aquel momento era Cristina Garmendia y los objetivos de la norma eran muy parecidos a los de la actual reforma: dotar de estabilidad laboral a los investigadores jóvenes y agilizar el funcionamiento de los centros de investigación, donde la burocracia ha llegado a límites insospechados, como que los científicos no puedan comprar ni sillas.

La reforma aprobada hoy crea varios tipos de contratos más estables para investigadores y tecnólogos en diferentes momentos de su carrera. El contrato indefinido para investigadores pretende acabar con un problema que el sistema de I+D+i ha arrastrado durante décadas: el encadenamiento de contratos temporales hasta bien pasados los 40 años.

La versión aprobada hoy en el Congreso también contempla medidas para igualar los méritos de investigadores que han trabajado en el extranjero a los que han desarrollado la mayor parte de su carrera en España, así como los que lo han hecho en universidades, y no solo en los organismos públicos de investigación.

Los científicos jóvenes podrán optar a un nuevo contrato de acceso al sistema público de I+D+i. Será de entre tres y seis años de duración y se aplicará en universidades públicas y organismos, fundaciones y consorcios del sector público. Los beneficiarios tendrán derecho a indemnización, algo que no se daba antes. Asimismo, la norma dispone que los investigadores predoctorales contratados tengan derecho a una indemnización cuando se les acabe el contrato. El texto también define la nueva carrera para el personal técnico y al personal investigador sanitario en hospitales y fundaciones vinculadas a estos.

La modificación de la norma también intenta paliar las enormes trabas burocráticas que aún aquejan a algunos centros de investigación, hasta el límite paradójico de que no pueden gastar los fondos que consiguen y deben devolverlos. La nueva normativa que impulsa el Gobierno simplifica la justificación de gastos con fondos públicos y reformula la inspección de las mismas, que se hará por muestreo.

El nuevo texto incluye las enmiendas defendidas por diferentes colectivos, como los investigadores sanitarios o los sindicatos, que reclamaban que la estabilidad que garantiza la reforma laboral se aplicase a todo el sistema público de ciencia sin distinción. Esta medida reducirá la temporalidad a la mitad, según el sindicato CC OO. Por ejemplo, en el CSIC, el mayor organismo público de investigación con 13.500 trabajadores, se espera pasar del 45% de temporalidad al 20%, según los cálculos de esta organización.

El Gobierno ha aprovechado la reforma para crear la Agencia Espacial Española, que dependerá del Ministerio de Ciencia y se materializará “sin aumento de gasto público”. El objetivo de la agencia será “el fomento, ejecución y desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito del espacio, la coordinación estatal e internacional de la política espacial española”. El Ejecutivo se compromete a crear un estatuto para la agencia en el plazo máximo de un año.

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