inst\u00f3 a Espa\u00f1a<\/a> a cambiar la normativa, que provoc\u00f3 la modificaci\u00f3n el art\u00edculo 163 de la Ley General de Consumo, pero no se ha llegado a incorporar a los reglamentos auton\u00f3micos de Consumo (salvo en Catalu\u00f1a). En cualquier caso, este cambio fue considerado insuficiente por las autoridades europeas, sin que el asunto se haya resuelto pese a que incluso se ha aprobado una nueva normativa europea a\u00fan m\u00e1s garantista.<\/p>\nLa nueva Directiva mantiene la obligaci\u00f3n de que las agencias de viajes dispongan de un fondo de garant\u00eda con el que responder ante los viajeros en caso de insolvencia o quiebra, o cuando el viaje combinado real no se corresponde con el que se hab\u00eda contratado con la agencia. Pero adem\u00e1s, recoge que la protecci\u00f3n de los viajeros debe ser inmediata (y que el proceso de devoluci\u00f3n de las cantidades en caso de insolvencia o quiebra del organizador sea autom\u00e1tico), e incluye una serie de garant\u00edas adicionales, como el derecho a que el viaje se celebre completo (si los problemas de liquidez de la agencia pillan a los usuarios de camino) o que se incluyan los gastos de repatriaci\u00f3n, alojamiento, asistencia y otros derivados de la situaci\u00f3n (puntos 39 y 40 del Considerando y Cap\u00edtulo V de la Directiva).<\/p>\n
Ninguno de estos elementos est\u00e1 recogido en la normativa espa\u00f1ola actual, recuerda FACUA. Aunque las agencias s\u00ed tienen que disponer de fianzas, \u00e9stas nunca se utilizan para el objetivo previsto, esto es, resarcir a los usuarios afectados, devolver los dep\u00f3sitos efectuados y cubrir los gastos de repatriaci\u00f3n para aquellos viajeros que se encuentren en el extranjero en el momento de la quiebra de las agencias de viajes. Diferentes casos de quiebras de agencias en 2013 (Orizonia, Marsans, Todolisto.es, etc) pusieron esta situaci\u00f3n sobre la mesa de manera clara y evidente. Adem\u00e1s, los reglamentos auton\u00f3micos est\u00e1n repletos de indeterminaciones y falta de concreci\u00f3n, y hacen muy dificultosos o imposibles los procesos de resarcimiento a los usuarios afectados. Entre otras cosas, porque condicionan \u00e9ste a que exista una sentencia o laudo firme para la devoluci\u00f3n de las cantidades entregadas.<\/p>\n
Pero adem\u00e1s, la nueva Directiva ampl\u00eda el concepto de viaje combinado<\/i> con la inclusi\u00f3n de un nuevo t\u00e9rmino: los viajes vinculados<\/i>. Seg\u00fan esta nueva definici\u00f3n, los viajes combinados no ser\u00e1n solamente los que se contraten a trav\u00e9s de una agencia (f\u00edsica o a trav\u00e9s de internet) y hayan sido dise\u00f1ados por \u00e9sta (en cuanto a vuelos, pernoctaciones, incluso destinos incluidos en el pack), sino que tambi\u00e9n tendr\u00e1n la misma protecci\u00f3n aquellos viajes que hayan sido dise\u00f1ados por los propios usuarios. De esta manera, si en una misma operaci\u00f3n un consumidor contrata el vuelo, las noches de hotel y otros elementos como los traslados en su destino, la inclusi\u00f3n de m\u00faltiples destinos o cuestiones como el alquiler de un veh\u00edculo, todo el paquete tendr\u00e1 la consideraci\u00f3n de viaje vinculado y gozar\u00e1 de la misma protecci\u00f3n que el viaje combinado.<\/p>\n
Ni Aecosan ni sus hom\u00f3logos auton\u00f3micos toman la iniciativa (salvo Catalu\u00f1a)<\/b><\/p>\n
FACUA considera indignante la falta de celeridad de la Agencia Espa\u00f1ola de Consumo, Sanidad Alimentaria y Nutrici\u00f3n (Aecosan), responsable de la transposici\u00f3n en lo que se refiere a los derechos de los consumidores. Pese a que la regulaci\u00f3n europea es de finales de 2015, todav\u00eda no se conoce informaci\u00f3n alguna sobre qu\u00e9 pasos ha dado esta agencia para adaptarla a la normativa estatal. La asociaci\u00f3n lamenta que tampoco las comunidades aut\u00f3nomas hayan tomado la iniciativa en este sentido, pese a que podr\u00edan hacerlo sin esperar a la adaptaci\u00f3n estatal.<\/p>\n
La \u00fanica comunidad aut\u00f3noma que ha tomado la iniciativa es Catalu\u00f1a, que ya ha adaptado a su reglamento la nueva ley europea. La ley 5\/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector p\u00fablico y de creaci\u00f3n y regulaci\u00f3n de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos tur\u00edsticos, sobre elementos radiot\u00f3xicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de di\u00f3xido de carbono recoge las modificaciones a la Ley 13\/2002 (de Turismo de Catalu\u00f1a) y a la Ley 22\/2010 (C\u00f3digo de Consumo de Catalu\u00f1a). Fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya el 30 de marzo de 2017 y por tanto est\u00e1 en vigor desde ese mismo d\u00eda.<\/p>\n
El resto de comunidades, o no informan sobre la cuesti\u00f3n o se esconden tras la necesidad de armonizar los reglamentos entre todas y su deseo de esperar a que el Gobierno central tome la iniciativa, sin que haya absolutamente ninguna obligaci\u00f3n legal de hacerlo.<\/p>\n
FACUA considera indignante que, mientras los consumidores espa\u00f1oles siguen desprotegidos y en desventaja frente a otros pa\u00edses que ya han adoptado la normativa comunitaria, las comunidades aut\u00f3nomas (menos Catalu\u00f1a) prefieran esperar a que el Gobierno central decida transponer la Directiva, convoque la Mesa de Directores Generales de Consumo y de Turismo, de las comunidades aut\u00f3nomas, entre todas discutan c\u00f3mo armonizar sus normativas, que de ah\u00ed salga un borrador y cada comunidad aut\u00f3noma inicie sus propios procesos internos despu\u00e9s.<\/p>\n
FACUA lamenta la pasividad de las autoridades correspondientes, y reprueba que \u00e9stas sucumban ante las presiones de las empresas del sector, que se resisten a ofrecer mayores garant\u00edas a los consumidores con argumentos f\u00e1cilmente desmontables como que estos avales hundir\u00e1n a las pymes (falso, porque las garant\u00edas son proporcionales al volumen de negocio de la empresa), o las amenazas de traslado de sus oficinas de comunidad aut\u00f3noma, a un lugar donde la garant\u00eda requerida sea menor. Como ocurre en tantos otros sectores, pese a que se trata de autoridades de protecci\u00f3n de los derechos de los consumidores, lo que hacen es proteger los intereses de los empresarios o al menos tratar de molestarles lo m\u00ednimo, valora FACUA.<\/p>\n
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