Las 220 ayudas dadas por el Gobierno con similares requisitos que la Junta hace tambalearse la acusaci\u00f3n que sentar\u00e1 en el banquillo a 22 ex altos cargos<\/p>\n
Las empresas en crisis o sus trabajadores ped\u00edan una ayuda econ\u00f3mica al Gobierno, la justificaban mediante una memoria explicativa y la Direcci\u00f3n General de Empleo,\u00a0de forma directa y sin convocatoria p\u00fablica alguna<\/b>, les daba el dinero si la solicitud se ajustaba a lo estipulado en la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995, publicada en el BOE del d\u00eda 19 de ese mes. Entre 2001 y 2011, el Ministerio de Trabajo otorg\u00f3\u00a0220 ayudas<\/b>\u00a0a empresas en crisis y a sus trabajadores por un total de unos 300 millones de euros.<\/p>\n
Es lo que dice el informe remitido a la juez N\u00fa\u00f1ez Bola\u00f1os por el Ministerio de Trabajo y que\u00a0hace tambalearse la pared maestra que sostiene todo el enmara\u00f1ado laberinto procesal<\/b>\u00a0del caso de los ERE, pues las ayudas de la Junta de Andaluc\u00eda se otorgaron del mismo modo y con los mimos criterios que el Gobierno central.<\/p>\n
N\u00fa\u00f1ez investiga las ayudas dadas por la Junta y el Gobierno a empresas de la Faja Pir\u00edtica de Huelva, por las que est\u00e1n\u00a0imputados dos altos cargos de Ministerio de Trabajo\u00a0<\/b>cuando presid\u00eda el Gobierno Jos\u00e9 Mar\u00eda Aznar.<\/p>\n
Las dichosas transferencias<\/b><\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de las ayudas otorgadas arbitrariamente y sin justificaci\u00f3n legal por el director general de Empleo\u00a0Francisco Javier Guerrero<\/b>\u00a0\u2013pero que no es lo que se juzgar\u00e1 en la vista que sentar\u00e1 en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta en diciembre\u2013, la diferencia principal entre el proceder de una y otra Administraci\u00f3n radicar\u00eda en el\u00a0procedimiento para presupuestar y pagar,<\/b>\u00a0que la Junta hac\u00eda mediante transferencias de financiaci\u00f3n y que la acusaci\u00f3n del caso de los ERE considera una pieza clave del sistema ideado por el Gobierno auton\u00f3mico para burlar la ley y al propio Parlamento andaluz.<\/p>\n
Lo cierto, sin embargo, es que de no haberse infringido \u2013seg\u00fan el auto de juez \u00c1lvaro Mart\u00edn\u2013 \u201clos principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminaci\u00f3n\u201d,\u00a0la controversia sobre las transferencias de financiaci\u00f3n\u00a0<\/b>ser\u00eda meramente contable o, en todo caso, materia contencioso administrativa y no penal. La relevancia procesal del tard\u00edo informe del Gobierno \u2013la juez instructora Mercedes Alaya nunca lo pidi\u00f3\u2013 radica precisamente ah\u00ed: en que\u00a0tambi\u00e9n el Ministerio de Trabajo habr\u00eda infringido todos esos principios<\/b>\u00a0que el juez y las acusaciones sostienen que infringi\u00f3 la Junta.<\/p>\n
\u00bfLegal en Madrid e ilegal en Sevilla?<\/b><\/p>\n
El escrito de acusaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico es taxativo al respecto, tanto que su descripci\u00f3n de la conducta supuestamente delictiva de los pol\u00edticos de la Junta\u00a0encaja como un guante<\/b>\u00a0en la conducta jur\u00eddicamente impecable de los pol\u00edticos del Gobierno: \u201cAl no haberse regulado \u2013escribe el fiscal\u2013 como era exigido\u00a0una convocatoria de estas ayudas que garantizase su publicidad<\/b>\u00a0y conocimiento general por los potenciales beneficiarios de las mismas, al no publicarse como es exigida su concesi\u00f3n y no registrarse como es obligado en la Base de datos y subvenciones de la Junta de Andaluc\u00eda, se han visto\u00a0privados de su derecho<\/b>\u00a0a acceder a estas ayudas un importante n\u00famero de trabajadores afectados por el desempleo o\/y situaciones de crisis empresarial.\u201d<\/p>\n
Concesi\u00f3n directa<\/b><\/p>\n
El escrito, firmado por el director general de Empleo,\u00a0Javier Thibault Aranda<\/b>, no deja lugar a dudas: la concesi\u00f3n por el Gobierno de ayudas extraordinarias entre 2001 y 2011 se realiz\u00f3 en los supuestos y condiciones que se establec\u00edan en la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995, que \u00abno contemplaba la realizaci\u00f3n de concurso p\u00fablico alguno para la concesi\u00f3n de dichas ayudas\u00bb, por lo cual la entonces Direcci\u00f3n General de Trabajo \u00abtramit\u00f3 todas estas solicitudes por el r\u00e9gimen de concesi\u00f3n directa\u00bb<\/b>, resolviendo \u201cdirectamente sobre la concesi\u00f3n de las ayudas, condicionada a la disponibilidad presupuestaria existente\u00bb.<\/p>\n
Acusaci\u00f3n desactivada<\/b><\/p>\n
Uno de los 22 ex altos cargos de la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica acusados de prevaricaci\u00f3n y malversaci\u00f3n valoraba as\u00ed para\u00a0EL PLURAL<\/a>\u00a0el alcance procesal del informe del Ministerio que dirige F\u00e1tima B\u00e1\u00f1ez:<\/p>\n \u201cMi valoraci\u00f3n ser\u00eda que este escrito desactiva una de las\u00a0deficiencias del procedimiento de concesi\u00f3n de las ayudas<\/b>\u00a0que se\u00f1alan los peritos, el juez y el fiscal, y es aquella que se refiere al presunto incumplimiento de la normativa de subvenciones, con sus exigencias de publicidad y libre concurrencia\u201d.<\/p>\n Otro de los procesados, que tambi\u00e9n reclama mantenerse en el anonimato por consejo de su letrado, opina lo mismo pero en t\u00e9rminos mucho m\u00e1s contundentes: \u201cEl escrito del Ministerio es muy relevante porque pone de manifiesto que\u00a0se realiz\u00f3 un informe pericial, con profundo desconocimiento<\/b>del funcionamiento de la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica, sesgado, falto de rigor, con omisiones deliberadas; es obvio que el procedimiento de la Junta de Andaluc\u00eda, al margen de las irregularidades en ayudas concretas, era igual que el del Estado\u201d.<\/p>\n A trabajadores, no a empresas<\/b><\/b><\/p>\n Esta ultima fuente, que tuvo altas responsabilidades presupuestarias en varios Gobiernos andaluces, a\u00f1ade que el \u2018informe Thibault\u2019 \u201cpone en evidencia la acusaci\u00f3n de los peritos de que\u00a0las ayudas a la prejubilaci\u00f3n eran ayudas a empresa para cubrir sus costes<\/b>, incumpliendo la normativa europea de ayudas a empresas, pues el escrito habla claramente de ayudas a trabajadores, aunque el tomador sea la empresa. El\u00a0disparate de los peritos<\/b>\u00a0de que las prejubilaciones eran ayudas a empresas lo desmonta claramente\u201d.<\/p>\n Es relevante recordar que el sustento principal de la acusaci\u00f3n contra los 22 ex altos cargos de la Junta de Andaluc\u00eda, entre ellos los expresidentes Chaves y Gri\u00f1\u00e1n, es el demoledor informe de 8.000 folios elaborado, a instancias de Alaya, por funcionarios de la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado (IGAE), seg\u00fan el cual las ayudas otorgadas por la Junta deb\u00edan regirse por la Ley de Subvenciones y no lo hicieron.<\/p>\n \u00bfSubvenciones o ayudas?<\/b><\/p>\n \u00bfEn qu\u00e9 aspectos concretos habr\u00eda incumplido la Junta esa ley, seg\u00fan el controvertido peritaje de la IGAE? En que\u00a0no aprob\u00f3 una norma reguladora\u00a0<\/b>de las ayudas estableciendo los requisitos de los beneficiarios y los criterios para su concesi\u00f3n y en que\u00a0no aplic\u00f3 un procedimiento que garantizara la publicidad<\/b>\u00a0y la libre concurrencia entre los interesados en la obtenci\u00f3n de ayudas. Pues bien: eso fue exactamente lo que\u00a0tampoco<\/i>\u00a0hizo el Gobierno central al otorgar esas 220 ayudas por valor de 300 millones.<\/p>\n