Se trata de la primera resoluci\u00f3n absolutoria en Espa\u00f1a. La demandante ped\u00eda 475 euros a cada uno de los usuarios por supuestamente compartir la pel\u00edcula Dallas Buyers Club en redes P2P.<\/p>\n
El Juzgado n\u00famero 1 de lo Mercantil de San Sebasti\u00e1n ha hecho p\u00fablica la primera sentencia en Espa\u00f1a que declara absuelto al acusado de compartir supuestamente una pel\u00edcula en internet a trav\u00e9s de redes P2P. El caso, conocido como Dallas Buyer Club, salt\u00f3 a los juzgados cuando la empresa poseedora de los derechos de la pel\u00edcula en Espa\u00f1a demand\u00f3 al usuario acus\u00e1ndole de compartir la pel\u00edcula online, <\/em>seg\u00fan informa el diario El Confidencial<\/em>.<\/strong><\/p>\n La demandante Dallas Buyers Club LLC, encargada de comercializar, proteger y gestionar los derechos de la pel\u00edcula con el mismo nombre en Espa\u00f1a, acus\u00f3 a decenas de usuarios de estar compartiendo de forma ilegal un archivo del filme en redes P2P, aportando como prueba la direcci\u00f3n IP de los equipos implicados. A cada uno ped\u00eda 475 euros como sanci\u00f3n.<\/p>\n La sentencia asegura que no hay fundamentos del derecho suficientes para probar la infracci\u00f3n, ya que no existen pruebas de que hubo \u00abcomunicaci\u00f3n p\u00fablica\u00bb <\/em>tal y como requiere la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) para que haya dicha infracci\u00f3n. \u00abEl art\u00edculo 20 de la LPI define Comunicaci\u00f3n P\u00fablica como todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a una obra sin previa distribuci\u00f3n de ejemplares a cada una de ellas\u00bb, <\/em>a\u00f1ade la sentencia.<\/p>\n En este tipo de programas la descarga del archivo en la carpeta compartida del ordenador del usuario se realiza uno a uno en funci\u00f3n de criterios de preferencia que da el programa, y la subida se realiza de forma autom\u00e1tica. Por lo que la transferencia de archivos tiene lugar, como se\u00f1ala la sentencia, \u00absin que requiera el conocimiento o la voluntad del usuario\u00bb.<\/em><\/p>\n Una direcci\u00f3n IP no es garant\u00eda de haber cometido la infracci\u00f3n<\/strong><\/p>\n Adem\u00e1s de se\u00f1alar que no hay pruebas de infracci\u00f3n, David Bravo<\/strong>, abogado experto en propiedad intelectual que cre\u00f3 el modelo de contestaci\u00f3n de la demanda<\/strong>, matiza que la sentencia \u00abno solo niega que haya infracci\u00f3n, sino que asegura que, incluso si hubiera habido comunicaci\u00f3n p\u00fablica, e infracci\u00f3n, no ser\u00eda imputable a la persona a la que se ha demandado en base a la IP\u00bb<\/em>.<\/p>\n Esto se debe a que la compa\u00f1\u00eda demandante consigui\u00f3 por orden judicial que la operadora de telecomunicaciones Euskaltel le facilitase las direcciones IP de los supuestos infractores. Sin embargo, Bravo recuerda que una direcci\u00f3n IP no es garant\u00eda de que el titular de la misma sea quien haya cometido la infracci\u00f3n. \u00abCualquier familiar o amigo que haya ido a su casa ha podido cometer esa infracci\u00f3n. Si es una red wifi abierta, literalmente puede ser cualquiera. Y si es cerrada, est\u00e1 m\u00e1s que probado que hay formas de colarse en esa red\u00bb, <\/em>a\u00f1ade.<\/p>\n