Espa\u00f1a suspende en muchos de los aspectos cruciales de la lucha contra la violencia de g\u00e9nero. <\/a>LINK<\/p>\n\u00abSe difunde el n\u00famero oficial de mujeres , ni\u00f1as y ni\u00f1os asesinados, pero no se explica qu\u00e9 ha fallado en el sistema de protecci\u00f3n judicial y social <\/b>y que se va\u00a0 a hacer para mejorarlo. Tampoco hay casi datos sobre prevenci\u00f3n y los m\u00e1s recientes son de 2015 y\u00a0 2016″. Esta falta de datos es, para las expertas, un serio problema a la hora de decidir d\u00f3nde ir\u00e1n los 120 millones de euros que se han aprobado para financiar el pacto de Estado a nivel municipal y auton\u00f3mico.<\/p>\n
\u00abNos encontramos con el h\u00e1ndicap de que la ley integral de 2004, que vino a ser un gran avance en su momento, 14 a\u00f1os despu\u00e9s nos presenta dificultades a la hora de abordar las violencias machistas<\/b>\u00ab, a\u00f1ade Guisando. La causa de este cors\u00e9, es el t\u00edtulo segundo de esa norma, que estipula que las violencias de g\u00e9nero son las que se ejercen por parte de la pareja o expareja de las mujeres. Esto deja fuera de la cobertura legal y de las pol\u00edticas p\u00fablicas cualquier otro tipo de violencias machistas.<\/p>\n
Seg\u00fan la plataforma\u00a0Estambul Sombra, es necesario la elaboraci\u00f3n de una ley paraguas que englobe todas las violencias que se ejercen contra la mujer y que recoge el convenio de estambul, como las violencias sexuales, la mutilaci\u00f3n genital femenina, el matrimonio forzado, o la trata de personas con fines de explotaci\u00f3n sexual.<\/p>\n
Bater\u00eda de exigencias<\/h2>\n
El informe sombra desgrana los fallos y obst\u00e1culos que persisten en nuestro pa\u00eds para la puesta en marcha del Convenio de Estambul y la lucha contra las violencias machistas cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de que nuestro pa\u00eds lo ratificara y contiene una bater\u00eda de exigencias de mejora.<\/p>\n
Las organizaciones de la sociedad civil exigen m\u00e1s prevenci\u00f3n de la violencia de g\u00e9nero en la educaci\u00f3n<\/b>, as\u00ed como mejorar cuantitativa y cualitativamente la formaci\u00f3n del personal en la sanidad p\u00fablica y adecuar los protocolos. Explican que m\u00e1s del 90% de las mujeres utilizan el sistema de salud, por lo que es una pieza clave para la detecci\u00f3n precoz de la violencia de g\u00e9nero.<\/p>\n
Tambi\u00e9n exigen que la atenci\u00f3n jur\u00eddica, psicol\u00f3gica y social a las v\u00edctimas de violencia machista sea m\u00e1s amplia y que se preste antes y no despu\u00e9s a una denuncia judicial<\/b>. Es decir, que el acceso a las prestaciones no est\u00e9 supeditada a la presentaci\u00f3n de denuncia.<\/p>\n
El informe abunda tambi\u00e9n en la necesidad de crear empleo p\u00fablico para atender los servicios de atenci\u00f3n a las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero. En la actualidad el art\u00edculo 19 de la ley de Presupuestos Generales limita esta posibilidad, obligando a los entes p\u00fablicos a externalizar estos servicios, lo que seg\u00fan el informe \u00absupone una precarizaci\u00f3n de los mismos\u00bb.<\/p>\n
Exigen, tambi\u00e9n, acabar con la dependencia econ\u00f3mica de las mujeres<\/b> y resaltan que, pese a que se estima que el 40% de las v\u00edctimas dependen econ\u00f3micamente de su maltratador, s\u00f3lo el 0,5% de las denuncias reciben la ayuda econ\u00f3mica de 430 euros durante un per\u00edodo de seis meses y un 23% la percibe la Renta activa de Inserci\u00f3n.<\/p>\n
Otra de las actuaciones urgentes que propone el documento es revisar el sistema de Viogen<\/b>, la valoraci\u00f3n policial que se realiza a las mujeres v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero para evaluar el riesgo que corren. En la actualidad \u00abel 90% de los casos estima que hay no hay riesgo o que \u00e9ste es bajo y no incluye a los ni\u00f1as y ni\u00f1os\u00bb, claves en la prevenci\u00f3n y la protecci\u00f3n.<\/p>\n
Las organizaciones demandan, tambi\u00e9n, que nuestro pa\u00eds y la Uni\u00f3n Europea apliquen el Convenio de Estambul en los casos de v\u00edctimas cuyo agresor tenga distinta nacionalidad o pa\u00eds de residencia (1 de cada 7 parejas), as\u00ed como la protecci\u00f3n de las espa\u00f1olas que se encuentren en otro pa\u00eds y sean v\u00edctimas de\u00a0 violencia de g\u00e9nero.<\/p>\n
Exigen que el Convenio de la Haya sobre sustracci\u00f3n internacional de menores no prevalezca sobre el de Estambul, que obliga a la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero en dichas circunstancias. El informe contiene una llamada especial sobre el caso de Juana Rivas<\/b>, al entender que nuestro pa\u00eds deber\u00eda\u00a0reclamar la jurisdicci\u00f3n de la denuncia por violencia de g\u00e9nero que present\u00f3 Rivas en Granada en 2016 en base al art\u00edculo 44.2 del Convenio de Estambul\u00a0 por la demora del juicio en Italia.<\/p>\n
El informe pide que se invetigue el hecho de que los juzgados s\u00f3lo dicten sentencias condenatorias en 2 de cada 10 denuncias por violencia de g\u00e9nero y s\u00f3lo conceden ordenes de protecci\u00f3n en 16 de cada 100 casos. \u00abEntre 2015 y 2017 se han tramitado 438.346 denuncias por violencia de g\u00e9nero, una media de 146.100 al a\u00f1o. En uno de cada cuatro casos se solicitaron a los juzgados medidas cautelares de protecci\u00f3n de las que s\u00f3lo se concedieron un 63%, con grandes diferencias territoriales\u00bb, afirma el informe.<\/p>\n
El documento hace una especial llamada de atenci\u00f3n sobre la sobreexposic\u00f3n a la violencia de genero de mujeres y menores migrantes<\/b>, para los que pide adecuar la normativa de extranjera, la ampliaci\u00f3n de los permisos de residencia y un incremento de las traductoras y las ayudas sociales. \u00abSon extranjeras el 9,6% de las personas residentes en Espa\u00f1a y el 43% de las v\u00edctimas mortales por violencia de genero, sin que les proteja el presentar el 33,7% de las denuncias judiciales\u00bb.\u00a0Tambi\u00e9n, critican que de las mujeres que pidieron asilo en Espa\u00f1a durante 2017, solo el 1,95% obtuvieron el estatus de refugiada que otorga protecci\u00f3n legal.<\/p>\n
Espa\u00f1a ser\u00e1 evaluada por las expertas del GREVIO en 2020. Para ello, el pr\u00f3ximo mes de febrero, el Gobierno deber\u00e1 responder a una bater\u00eda de preguntas sobre la\u00a0 aplicaci\u00f3n del Convenio en nuestro pa\u00eds, cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de haberlo ratificado. En septiembre del a\u00f1o que viene, las expertas del GREVIO visitar\u00e1n Espa\u00f1a para reunirse con representantes del gobierno, comunidades aut\u00f3nomas y organizaciones de la sociedad civil. El informe elaborado por las organizaciones sociales se entregar\u00e1 en febrero al comit\u00e9 de expertas del Consejo de Europa para que sea tenido en cuenta a la hora de valorar las actuaciones de nuestro pa\u00eds en relaci\u00f3n al Convenio de Estambul.<\/p>\n
Marisa Kohan<\/p>\n
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