El tiempo de aviso m\u00ednimo para poner fin al contrato<\/strong> antes de acabe cada pr\u00f3rroga, que pas\u00f3 de uno a tres meses con la anterior reforma fallida, se queda en cuatro meses si quien quiere terminar con el contrato es el arrendador, dos si es el arrendatario. Eso s\u00ed, durante cada una de las anualidades de la pr\u00f3rroga de tres a\u00f1os, la persona que viva en el piso podr\u00e1 no renovar avisando con un mes de antelaci\u00f3n.<\/p>\n Esta nueva versi\u00f3n del Decreto Ley tambi\u00e9n limita la facultad de los propietarios de recuperar el piso en caso de que la familia necesite ocuparlo, avisando con dos meses. Si el Decreto Ley de noviembre establec\u00eda que la vivienda deb\u00eda ser ocupada en tres meses -para asegurarse de que de verdad la necesitaba el propietario-, el publicado hoy marca adem\u00e1s que ese derecho solo se puede ejercer si estaba estipulado en el contrato inicial.<\/p>\n Si la vivienda cambia de propiedad, el nuevo due\u00f1o deber\u00e1 asumir el contrato de alquiler vigente en los mismos t\u00e9rminos. Con los retoques incluidos, esto no aplica solo en caso de venta, sino tambi\u00e9n si cambia de manos tras una sentencia judicial o un desahucio.<\/p>\n El Decreto Ley establece un procedimiento para proteger ante desahucios a los hogares vulnerables. As\u00ed, establece que en estos casos se notificar\u00e1 de oficio a los servicios sociales<\/strong> (en la anterior versi\u00f3n era la propia persona en situaci\u00f3n de vulnerabilidad quien deb\u00eda ponerse en contacto con ellos), que pueden pedir al juez que paralice el proceso durante un mes (dos en caso de que quien alquile sea una sociedad) para encontrar una soluci\u00f3n.<\/p>\n Otra de las novedades de la nueva versi\u00f3n de este Decreto Ley es que elimina la posibilidad de los desahucios abiertos<\/strong> (sin fecha ni hora), obligando a informar del momento en el que se va a echar al arrendatario de su vivienda. Y obliga a dar m\u00e1s informaci\u00f3n al afectado durante todo el proceso (contacto de los servicios sociales, qu\u00e9 significa cada decisi\u00f3n y cada paso que tome\u2026).<\/p>\n Los arrendadores no pueden subir el alquiler, durante el tiempo que dure el contrato o sus pr\u00f3rrogas, al precio que quieran. Como ya se estableci\u00f3 en diciembre, el contrato podr\u00e1 establecer una subida anual basada en alg\u00fan \u00edndice de referencia. Si no est\u00e1 establecido desde un principio, no se puede subir. Y, en cualquier caso -no solo para alquileres baratos, como marcaba el anterior texto- esa subida no puede ser superior al IPC<\/strong>.<\/p>\n Eso s\u00ed, si hay acuerdo entre arrendatario y arrendador, se podr\u00e1n hacer obras en cualquier momento y subir el alquiler, siempre que se trate de reformas que vayan m\u00e1s all\u00e1 del deber del propietario de conservaci\u00f3n de la vivienda.<\/p>\n Una de las principales novedades del Decreto Ley negociado con Podemos es la creaci\u00f3n de un sistema de \u00edndice de referencia del precio del alquiler<\/strong>, que aglutinar\u00e1 datos de diversas fuentes para establecer valores medios por metro cuadrado por barrios, ciudades, comunidades aut\u00f3nomas\u2026 que puedan servir de referencia para aplicar bonificaciones fiscales, por ejemplo, a quienes alquilen m\u00e1s barato; o penalizaciones si los precios son muy elevados. Este \u00edndice deber\u00e1 ponerse en marcha en ocho meses<\/strong> y las comunidades aut\u00f3nomas pueden crear el suyo propio.<\/p>\n Cuando quien alquile sea una entidad, se har\u00e1 cargo de los gastos de inmobiliaria y firma del contrato siempre<\/strong>. As\u00ed, esta \u00faltima versi\u00f3n elimina la excepci\u00f3n en el caso de que sean los arrendatarios quienes contraten directamente los servicios de una firma inmobiliaria.<\/p>\n Las fianzas ser\u00e1n, como m\u00e1ximo, de tres meses: un mes establecido por ley y otros dos, como tope, de \u201cgarant\u00eda adicional\u201d. La novedad en el nuevo texto es que las comunidades aut\u00f3nomas pueden establecer un sistema p\u00fablico de dep\u00f3sito de fianzas que incluya datos de inscripci\u00f3n del alquiler (personas implicadas, precio de la renta, metros\u2026).<\/p>\n Los ayuntamientos pueden aplicar un recargo de hasta un 50% del IBI a viviendas desocupadas permanentemente. Esto ya era as\u00ed con la norma vigente. Lo que hace la reforma -ya desde el texto de diciembre- es permitir que las comunidades aut\u00f3nomas establezcan qu\u00e9 significa \u201cvivienda desocupada permanentemente\u201d<\/strong>.<\/p>\n Adem\u00e1s, y esto tambi\u00e9n se introdujo en diciembre, las ordenanzas fiscales de cada localidad podr\u00e1n reducir hasta un 95% el impuesto a quienes alquilen la vivienda con una renta limitada (por debajo de los umbrales que establezcan las normativas de ayudas al alquiler). Los alquileres de vivienda para uso estable y permanente no pagar\u00e1n impuesto de transmisiones patrimoniales ni de actos jur\u00eddicos documentados.<\/p>\n Las normas sobre comunidades de propietarios, reformas en la finca y pisos tur\u00edsticos no han cambiado con respecto a lo aprobado en diciembre. La reforma impuso desde un principio la posibilidad de establecer l\u00edmites a las viviendas de uso tur\u00edstico, que pueden ser aprobados por mayor\u00eda de tres quintos de la comunidad de propietarios. Adem\u00e1s, los vecinos podr\u00e1n tambi\u00e9n establecer cuotas especiales de hasta un 20% m\u00e1s a las casas que se usen para ese fin.<\/p>\n El fondo de reserva de las comunidades de propietarios, destinado a cubrir obras de mantenimiento o reparaci\u00f3n, pasa de ser del 5% del presupuesto al 10%. Tendr\u00e1n tres a\u00f1os para ponerse al d\u00eda.<\/p>\n Si hasta ahora los vecinos no se pod\u00edan negar a realizar obras para mejorar la accesibilidad de discapacitados o mayores de 70 a\u00f1os si costaban a la comunidad menos de un a\u00f1o de cuotas, ahora adem\u00e1s tampoco pueden hacerlo si las ayudas p\u00fablicas cubren el 75% de las adaptaciones.<\/p>\n Pero estas normas no afectan a todos los contratos de alquiler. La reforma excluye de las obligaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos a las viviendas con m\u00e1s de 300 metros cuadrados o que cuesten m\u00e1s de 4.000 euros al mes. En estos casos, al contrario que con el resto de los alquileres, primar\u00e1 el acuerdo entre las partes y no la normativa legal, que ir\u00e1 en segundo t\u00e9rmino.<\/p>\n Lo que ha cambiado con respecto al texto anterior es qu\u00e9 se considera alquiler de vivienda. Gracias a las modificaciones, tambi\u00e9n lo es -y, por tanto, tambi\u00e9n le aplican todas estas reglas- aquellos casos en los que no sea la vivienda permanente del arrendatario, pero s\u00ed de su c\u00f3nyuge o hijos.<\/p>\n Si comparamos el texto aprobado en diciembre con el que ha llegado hoy al BOE encontramos una diferencia m\u00e1s, que nada tiene que ver con el mercado de la vivienda<\/strong>. El Decreto Ley incluye una disposici\u00f3n adicional extra que permite que los convenios para ejecutar infraestructuras de transporte terrestre, a\u00e9reo o mar\u00edtimo sean de diez a\u00f1os, prorrogables a 17, seg\u00fan la duraci\u00f3n del proyecto. En general, la norma que regula los convenios establece que no pueden ser superiores a cuatro a\u00f1os, m\u00e1s otros cuatro de pr\u00f3rroga.<\/p>\nDesahucios<\/h3>\n
Precios y gastos<\/h3>\n
Incentivos y penalizaciones<\/h3>\n
Pisos tur\u00edsticos y comunidades de propietarios<\/h3>\n
A qui\u00e9n afecta<\/h3>\n
Bola extra<\/h3>\n