Ha\n presentado el recurso ante el Ministerio de Funci\u00f3n P\u00fablica, del que \ndepende la mutua, que aplica una orden ministerial del PP a\u00fan vigente <\/p>\n\n\n\n
Asegura que la decisi\u00f3n vulnera el principio de igualdad y la ley de t\u00e9cnicas de reproducci\u00f3n asistida: \u00abResulta a todas luces un trato discriminatorio\u00bb<\/p>\n\n\n\n
Carmen (nombre ficticio) acaba de recurrir la decisi\u00f3n que le ha obligado a pagar 36 veces m\u00e1s caros los medicamentos<\/a>\n que requiere para su tratamiento de reproducci\u00f3n asistida solo porque \nno tiene pareja var\u00f3n. La mujer, una funcionaria de 38 a\u00f1os que trabaja \nen Madrid, ha presentado el recurso, al que ha accedido eldiario.es, \nante el Ministerio de Pol\u00edtica Territorial y Funci\u00f3n P\u00fablica, donde tuvo\n entrada el pasado 29 de abril. Unas semanas antes, Muface, la mutua a \nla que pertenece obligada, le deneg\u00f3 la financiaci\u00f3n de los dos \nf\u00e1rmacos, a pesar de estar en la sanidad p\u00fablica, en base a la orden \nministerial a\u00fan vigente que excluye a las mujeres lesbianas y sin pareja de la reproducci\u00f3n asistida.<\/a><\/p>\n\n\n\n La norma, aprobada por el Partido Popular en 2014 en plena \u00e9poca de recortes<\/a>,\n ha sido revertida por la mayor\u00eda de comunidades aut\u00f3nomas, pero Muface,\n Isfas y Mugeju, las mutuas de funcionarias, militares, guardias civiles\n y juezas y fiscales, siguen aplic\u00e1ndola. Muchas de estas trabajadoras \npertenecen obligatoriamente a estas mutualidades, que dan a elegir a las\n mismas entre sanidad p\u00fablica o privada a trav\u00e9s de varias entidades con\n concierto. Sin embargo, aunque elijan la primera las mujeres que no \ntienen pareja var\u00f3n se ven obligadas a pagar por algunos medicamentos \ndel tratamiento m\u00e1s que si la tuvieran, puesto que las mutuas no los \nfinancian. Se trata de f\u00e1rmacos que s\u00ed est\u00e1n sufragados por la Seguridad\n Social.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed le ha ocurrido a Carmen, que ha tenido que abonar 298 euros por dos medicamentos, Ovitrelle<\/em> y Puregon<\/em>,\n prescritos con frecuencia en los tratamientos de reproducci\u00f3n asistida.\n Si no estuviera obligada a estar en Muface o si la mutua no aplicara la\n orden ministerial, hubiera tenido que pagar 8 euros, que es el precio \ncon receta. Como ella ha elegido la sanidad p\u00fablica, ha iniciado el \ntratamiento en la Fundaci\u00f3n Jim\u00e9nez D\u00edaz, que s\u00ed le ha autorizado el \nciclo de inseminaci\u00f3n en s\u00ed porque en Madrid, como en casi todas las \ndem\u00e1s autonom\u00edas, ya no est\u00e1 vigente la norma. Si este ciclo no da \npositivo, deber\u00e1 volver a pagar los casi 300 euros otra vez, hasta un \nm\u00e1ximo de seis intentos. <\/p>\n\n\n\n Carmen fundamenta su recurso\n en que la decisi\u00f3n de Muface vulnera el principio de igualdad recogido \nen el art\u00edculo 20 de la Constituci\u00f3n, y que prev\u00e9 que todos los \nespa\u00f1oles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer \ndiscriminaci\u00f3n alguna. \u00abSi tuviera una pareja hombre, no se me hubiera \ndenegado la cobertura de los f\u00e1rmacos\u00bb y \u00absi no estuviera adscrita a \nMuface, se hubiera cubierto el gasto\u00bb, aduce para concluir que se trata \nde \u00abuna doble vulneraci\u00f3n del principio de igualdad\u00bb que \u00abresulta a \ntodas luces un trato absolutamente discriminatorio\u00bb. <\/p>\n\n\n\n Por\n otro lado, el texto tambi\u00e9n asegura que se ha producido una vulneraci\u00f3n\n de la ley de t\u00e9cnicas de reproducci\u00f3n humana asistida, que en su \nart\u00edculo 6 establece que toda mujer mayor de edad y con capacidad de \nobrar plena \u00abpodr\u00e1 ser receptora o usuaria de las t\u00e9cnicas reguladas en \nesta Ley\u00bb y especifica \u00abcon independencia de su estado civil y \norientaci\u00f3n sexual\u00bb. En este sentido, matiza el recurso, \u00abla ley es de \nevidente rango superior jer\u00e1rquico a la orden ministerial en la que se \nbasa la resoluci\u00f3n\u00bb porque \u00abgarantiza el acceso a las t\u00e9cnicas de \nreproducci\u00f3n asistida a todas las mujeres\u00bb. El Ministerio de Pol\u00edtica \nTerritorial y Funci\u00f3n P\u00fablica tiene ahora tres meses para resolver. <\/p>\n\n\n\n El\n dictamen de Muface impugnado concluy\u00f3 que \u00abdebido a que con la \ninformaci\u00f3n m\u00e9dica aportada, no se cumple ninguno de los requisitos se \ninforma como DESFAVORABLE la financiaci\u00f3n de medicaci\u00f3n para la t\u00e9cnica \nde inseminaci\u00f3n artificial con semen de donante\u00bb. Los condicionantes a \nlos que hace referencia son los que introdujo la entonces ministra de \nSanidad, Ana Mato, en la orden ministerial de 2014, que se basan en la \n\u00abexistencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva\u00bb o \n\u00abausencia de consecuci\u00f3n del embarazo tras un m\u00ednimo de 12 meses de \nrelaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de m\u00e9todos \nanticonceptivos\u00bb. Son estos dos requisitos, que en la pr\u00e1ctica excluyen a\n mujeres con pareja mujer y a mujeres sin pareja, los que estableci\u00f3 la \nnorma para acceder a la reproducci\u00f3n asistida en el sistema p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n Su\n caso es paradigm\u00e1tico porque ella es funcionaria en el \u00e1mbito de la \nense\u00f1anza de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto, mutualista \nobligatoria de Muface. Lo mismo ocurre con Isfas, dependiente del \nMinisterio de Defensa, obligatoria para militares y guardias civiles y \ncon Mugeju, del Ministerio de Justicia, que lo es para un amplio abanico\n de profesionales de la Administraci\u00f3n de Justicia: jueces, fiscales, \nsecretarios judiciales o m\u00e9dicos forenses, entre otros. Todos los \nministerios aluden a que las mutuas deben regirse por la cartera b\u00e1sica \nde servicios del Sistema Nacional de Salud, por lo que cuentan con \nescaso margen de maniobra.<\/p>\n\n\n\n En este sentido, y a la \nespera de lo que pase con los posibles pactos de gobierno tras las \nelecciones generales del pasado 28 de abril, la norma sigue teniendo \ncar\u00e1cter estatal y est\u00e1 vigente. Pedro S\u00e1nchez anunci\u00f3 el pasado mes de julio<\/a> que devolver\u00eda este derecho a las mujeres sin pareja hombre, pero no le dio tiempo a consumar la reforma y blindarla antes de los comicios,<\/a>\n para los que los socialistas llevaban la medida en su programa \nelectoral. Por su parte, algunas comunidades aut\u00f3nomas como Andaluc\u00eda, \nExtremadura o Euskadi decidieron no aplicar la norma desde el principio.\n Otras, la fueron revirtiendo con el paso del tiempo y actualmente solo \nen Ceuta, Melilla y Murcia se sigue produciendo la exclusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\nBlindar el derecho<\/h3>\n\n\n\n
Un precedente judicial<\/h3>\n\n\n\n