La sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo<\/a>\n contra los dirigentes acusados de declarar la independencia de \nCatalu\u00f1a, hecha p\u00fablica este lunes, cierra el cap\u00edtulo judicial de una \nde las crisis institucionales m\u00e1s graves a las que se ha enfrentado el \nsistema democr\u00e1tico instaurado por la Constituci\u00f3n de 1978. Los \nmagistrados han apreciado por unanimidad que nueve de los encausados \ncometieron un delito de sedici\u00f3n y cuatro de ellos, adem\u00e1s, otro de \nmalversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos, estableciendo en las penas una \ngradaci\u00f3n de entre 13 y nueve a\u00f1os, proporcional a las respectivas \nresponsabilidades en los hechos probados. De acuerdo con este mismo \ncriterio, tres de los dirigentes pol\u00edticos procesados han sido \ncondenados por un delito de desobediencia. El esfuerzo por acomodar las \npenas a las responsabilidades que ponen de manifiesto estas diferencias \nes una prueba de que la sentencia dictada resulta de la estricta \naplicaci\u00f3n de las leyes penales en un Estado de derecho, no de un juicio\n parcial ni de una venganza.<\/p>\n\n\n\nNo pueden ampararse bajo la libertad de expresi\u00f3n las decisiones del Parlament de los d\u00edas 6 y 7 de septiembre<\/p>\n\n\n\n
Tampoco\n es resultado de ninguna judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica la intervenci\u00f3n \ndel Tribunal Supremo en esta causa. Seg\u00fan considera probado la \nsentencia, los dirigentes secesionistas violaron la legalidad \ndemocr\u00e1tica con el prop\u00f3sito de que el Gobierno central aceptase \nconvocar una consulta popular sobre la autodeterminaci\u00f3n de Catalu\u00f1a, \namenazando, en caso contrario, con proceder a la declaraci\u00f3n unilateral \nde independencia realizada, finalmente, el 27 de octubre de 2017. Es \nevidente que la aplicaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal por parte del Tribunal \nSupremo no resolver\u00e1 la crisis institucional provocada por esta \nestrategia, que es, sin duda, pol\u00edtica, aunque apoyada en la ilegalidad.\n Pero tambi\u00e9n que la semilla de la tiran\u00eda habr\u00eda sido plantada si, para\n lograr una soluci\u00f3n, se aceptara que las estrategias pol\u00edticas no est\u00e1n\n obligadas a respetar los l\u00edmites fijados por el C\u00f3digo Penal.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan han venido a establecer los siete magistrados que han visto el \ncaso, esos l\u00edmites est\u00e1n claros y siguen vigentes, de modo que no pueden\n ampararse bajo la libertad de expresi\u00f3n las decisiones adoptadas por el\n Parlament de Catalu\u00f1a los d\u00edas 6 y 7 de septiembre de 2017, derogando \nla Constituci\u00f3n y el Estatut mediante una votaci\u00f3n para la que \npreviamente se hab\u00edan modificado las reglas de la C\u00e1mara y privado de \nvoz a la oposici\u00f3n. Tampoco el derecho de manifestaci\u00f3n puede \nconfundirse con la resistencia a la autoridad, seg\u00fan ocurri\u00f3 ante la \nConsejer\u00eda de Econom\u00eda el d\u00eda 20 del mismo mes. Ni nada tiene que ver \ncon el ejercicio de las libertades y los derechos civiles convocar un \nrefer\u00e9ndum de autodeterminaci\u00f3n incompatible con la legalidad interna e \ninternacional, cumpliendo acto seguido con la amenaza de declarar la \nindependencia sobre sus supuestos resultados.<\/p>\n\n\n\n
Tras la publicaci\u00f3n de la sentencia, el independentismo se debate entre sucumbir a la tentaci\u00f3n de vincular toda salida pol\u00edtica a la situaci\u00f3n de los condenados o asumir de una vez por todas la realidad de que su proyecto es inviable y sus fuerzas insuficientes.<\/p>\n\n\n\n
Ser\u00eda un error que se inclinara por la primera alternativa, porque significar\u00eda conceder un margen de actuaci\u00f3n incontrolable a las fuerzas m\u00e1s radicales que ha incubado en su seno. Pero, adem\u00e1s, porque la sociedad catalana, al igual que la espa\u00f1ola, necesitan pasar p\u00e1gina de unos acontecimientos que han provocado divisi\u00f3n, desaliento e incertidumbre. Y tambi\u00e9n, por descontado, sufrimiento a los dirigentes condenados a unas penas de prisi\u00f3n cuya gravedad es acorde a los delitos cometidos; sufrimiento que, por lo dem\u00e1s, es posible reconocer sin renunciar a la convicci\u00f3n de que el Tribunal Supremo ha hecho justicia y de que era imprescindible que la hiciera.<\/p>\n\n\n\n
Para salir del est\u00e9ril punto muerto en el que las instituciones catalanas llevan estancadas una d\u00e9cada, y que algunos sectores del independentismo aspiran a prolongar con la excusa de la sentencia, es preciso comprender que el Tribunal Supremo no ha concedido la victoria a una posici\u00f3n pol\u00edtica sobre otra, sino que ha ratificado una vez m\u00e1s la de un sistema democr\u00e1tico construido desde el final de la dictadura\u00a0con determinaci\u00f3n, generosidad y sacrificio por todos los ciudadanos, incluidos los de Catalu\u00f1a, que estuvieron en primera l\u00ednea de defensa de la Constituci\u00f3n de 1978. <\/p>\n\n\n\n
Los desaf\u00edos del encaje territorial al que el independentismo ha tratado de imponer una soluci\u00f3n unilateral siguen siendo los mismos que cuando emprendi\u00f3 la deriva que lo ha tra\u00eddo hasta aqu\u00ed, tras utilizar el fracaso del Estatut con el mismo prop\u00f3sito con que otras fuerzas m\u00e1s radicales pretenden hoy servirse de la sentencia, con cortes de v\u00edas y ocupaciones de espacios p\u00fablicos. Como entonces, Catalu\u00f1a necesita un Estatut, no para apaciguar a quienes defienden el programa de la independencia o tranquilizar a quienes lo rechazan, sino, sencillamente, para reponer la claridad legislativa y el rigor t\u00e9cnico que requiere una norma del bloque de constitucionalidad, que el vigente no cumple. De igual manera, es necesaria una nueva ley de financiaci\u00f3n auton\u00f3mica que haga justicia a Catalu\u00f1a, pero tambi\u00e9n a cada una de las comunidades aut\u00f3nomas que, como Catalu\u00f1a y con menos recursos que ella, han pagado el coste de una profunda recesi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Ser\u00eda ilusorio imaginar en unas jornadas cargadas de emoci\u00f3n que la sentencia facilitar\u00e1 el hallazgo de una soluci\u00f3n. Nada impide, sin embargo, que si el independentismo resuelve con serenidad la encrucijada que tiene ante s\u00ed, como tambi\u00e9n los principales partidos constitucionales, la sentencia represente contra todo pron\u00f3stico el punto de inflexi\u00f3n necesario para el m\u00e1s urgente de los acuerdos posibles: fijar la agenda pol\u00edtica en la que esa soluci\u00f3n deber\u00e1 ir a buscarse<\/p>\n\n\n\n
EDITORIAL DEL PAIS<\/p>\n\n\n\n
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