El 8 de septiembre de 1954 el dictador Francisco Franco aprob\u00f3 en el pazo de Meir\u00e1s un reglamento de disciplina acad\u00e9mica en la Universidad que desde entonces ha seguido vigente para los universitarios, pero no para los profesores, a quienes se aplica el Reglamento de R\u00e9gimen Disciplinario de los Funcionarios<\/a> (1986). El ministro de Universidades, Manuel Castells, se comprometi\u00f3 con los colectivos estudiantiles a ponerle fin a esta norma \u2015que sigue castigando los des\u00f3rdenes p\u00fablicos, la difamaci\u00f3n y la falta de probidad (honradez)\u2015 y el proyecto de decreto para su derogaci\u00f3n acaba de entrar en el tr\u00e1mite de audiencia<\/a> e informaci\u00f3n p\u00fablica. \u201cEl reglamento es obsoleto y punitivo desde cualquier punto de vista democr\u00e1tico\u201d, afirm\u00f3 Castells el 4 de marzo ante los alumnos. Los rectores consideran que supone un \u201cvac\u00edo legal\u201d porque no hay recambio jur\u00eddico.<\/p>\n Esta norma de 1954 castiga con la expulsi\u00f3n temporal o perpetua de la carrera las \u201cmanifestaciones contra la religi\u00f3n y moral cat\u00f3licas o contra los principios e instituciones del Estado\u201d, \u201cla injuria, ofensa o insubordinaci\u00f3n contra las autoridades acad\u00e9micas o contra los profesores\u201d o \u201cla suplantaci\u00f3n de personalidad en actos de la vida docente y la falsificaci\u00f3n de documentos\u201d. Unas medidas que a ojos del Gobierno atentan \u201ccontra principios y valores democr\u00e1ticos, la libertad y pluralismo religioso, la aconfesionalidad del Estado y la regulaci\u00f3n actual del sistema universitario espa\u00f1ol\u201d<\/p>\n La norma franquista est\u00e1 plagada de preceptos anticonstitucionales. No regula el derecho de defensa del estudiante, no prescribe cu\u00e1ndo caducan las faltas, no considera los principios b\u00e1sicos de proporcionalidad y responsabilidad y atribuye la potestad de sancionar a un tribunal de honor. Por ese motivo, si el alumno recurre un castigo los tribunales le dan la raz\u00f3n pero con mucho retraso. Por ejemplo, cinco estudiantes fueron expulsados de la Universidad de Sevilla aplicando este reglamento por asaltar en 2002 el rectorado<\/a> en protesta contra la LOU (Ley Org\u00e1nica de Universidades) con palanquetas y barras de hierro, y vaciando los extintores contra los guardias. Un sexto, que cursaba 5\u00ba de Pedagog\u00eda, tuvo que devolver el dinero que hab\u00eda recibido en becas. Nueve a\u00f1os despu\u00e9s, la justicia les absolvi\u00f3 por falta de pruebas en la identificaci\u00f3n.<\/p>\n El Gobierno, sin embargo, no tiene intenci\u00f3n de elaborar un nuevo reglamento que se apruebe en el Parlamento con rango de ley. Considera que la Ley Org\u00e1nica de Universidades (2001) proporciona autonom\u00eda a los campus. \u201cEn desarrollo de este precepto, las universidades contienen ya en sus estatutos o normas de organizaci\u00f3n y funcionamiento un cat\u00e1logo de derechos y deberes de los estudiantes, as\u00ed como c\u00f3digos de conducta\u201d, se justifica en el borrador. El problema es que estos c\u00f3digos no tienen peso por no tener rango de ley general y los rectores \u2013enfrascados en la log\u00edstica de la docencia semipresencial\u2013 discrepan del ministro, con el que dan muestras de gran sinton\u00eda, aunque no han alzado la voz p\u00fablicamente.<\/p>\n \u201cEs una legislaci\u00f3n que no casa con la Constituci\u00f3n y por eso se deroga\u201d, apoya la medida Miguel \u00c1ngel Collado presidente de Asuntos Estudiantiles de la conferencia de rectores (CRUE), pero tambi\u00e9n exhorta al Estado a aprobar una nueva. \u201cHace falta una ley para poner sanciones. Un Ayuntamiento no podr\u00eda poner sanciones sin m\u00e1s, hace falta una habilitaci\u00f3n legal. Lo que queremos trabajar en la CRUE es un reglamento de convivencia, no de disciplina porque eso es competencia del Estado. Tenemos que seguir hablando con el Gobierno para que haya una base legal\u201d, prosigue Collado, catedr\u00e1tico de Derecho Financiero y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha.<\/p>\n Las ense\u00f1anzas universitarias se rigen por la LOU y los derechos y deberes de sus alumnos se desarrollan en el Estatuto del Estudiante Universitario, dos textos que se atienen a la Constituci\u00f3n. Sin embargo, ning\u00fan Gobierno ha tocado en estos 66 a\u00f1os el r\u00e9gimen disciplinario. El estatuto, aprobado en 2010, emplazaba a redactar un nuevo reglamento en un a\u00f1o, pero este no lleg\u00f3. Los campus han desarrollado en democracia sus propios textos de disciplina, pero no han dudado de usar el franquista en el siglo XXI. Por ejemplo, el Rectorado de la Universidad de la Laguna denunci\u00f3 en los tribunales a 12 alumnos<\/a> de la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario por difamaci\u00f3n y falta de honradez, aplicando este reglamento. Estos hab\u00edan afirmado en una nota que se hab\u00edan perdido 300 becas por la presunta \u201cnegligencia\u201d de una facultad al entregar las solicitudes fuera de plazo.<\/p>\n En el \u00faltimo pleno del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) se present\u00f3 una moci\u00f3n para su derogaci\u00f3n y en una de las \u00faltimas reuniones del ministerio con los estudiantes estos reclamaron que se \u201ccreara un marco com\u00fan entre las universidades para que no se generen desigualdades entre las diferentes universidades que afecten de forma negativa al estudiantado. \u201cSolo derogarlo no es la soluci\u00f3n\u201d, explica Laura Alcaide, estudiante miembro del consejo.<\/p>\n La constitucionalidad de este reglamento ha sido cuestionada en dos ocasiones por el Tribunal Supremo (1988 y 1989), que asumi\u00f3 su vigencia hasta que no se derogase. Tambi\u00e9n el Defensor del Pueblo ha reclamado en tres ocasiones (1990, 2008 y 2012) su anulaci\u00f3n. Los tribunales pueden no aplicarlo acogi\u00e9ndose a una Ley org\u00e1nica del Poder Judicial (1985) por inconstitucionalidad.<\/p>\n Los socialistas, con \u00c1ngel Gabilondo como ministro, plantearon en 2011 un reglamento m\u00e1s de convivencia que sancionador que no lleg\u00f3 a aprobarse en el Parlamento. Con los populares, la Defensora del Pueblo Soledad Becerril remarc\u00f3 su anacronismo en un informe en 2012 por existir \u201cnotorias carencias para ser aplicada a situaciones frecuentes\u201d, como son el uso de las nuevas tecnolog\u00edas para copiar en los ex\u00e1menes o un trabajo o los derechos de autor. Pero el ministro Jos\u00e9 Ignacio Wert aparc\u00f3 la idea. \u201cExisten problemas m\u00e1s acuciantes que resolver en la Universidad\u201d, justificaron entonces fuentes internas.<\/p>\n Es casi una cuesti\u00f3n personal de Castells. El ministro, que estudiaba en la Universidad de Barcelona, se instal\u00f3 en Par\u00eds en 1962 huyendo del franquismo. \u201cEn 1962 iniciamos una serie de manifestaciones. Y claro que nos reprimieron y duro, aunque menos duro que a los obreros, porque todav\u00eda hay clases\u201d, cont\u00f3 en una entrevista en La Vanguardia<\/i><\/a> en 2018.<\/p>\nAprobar un nuevo reglamento<\/h3>\n