\u00bfDebe procederse con una vacunaci\u00f3n obligatoria? En las \u00faltimas semanas se han sucedido noticias alentadoras sobre la eficacia de varias vacunas contra la covid-19 que se encuentran en la tercera fase de sus ensayos cl\u00ednicos. Esto, siguiendo a la Comisi\u00f3n Europea, ha acelerado la necesidad de dise\u00f1ar una\u00a0estrategia nacional de vacunaci\u00f3n\u00a0sobre los grupos de poblaci\u00f3n que, por raz\u00f3n de su situaci\u00f3n cl\u00ednica o profesional, tendr\u00e1n acceso prioritario a las primeras dosis autorizadas que lleguen a Espa\u00f1a.<\/p>\n
El\u00a0bar\u00f3metro de noviembre 2020 del CIS<\/a>\u00a0muestra el recelo de buena parte de los espa\u00f1oles (47\u00a0%) a \u201cvacunarse inmediatamente cuando se tenga la vacuna\u201d frente a un 36,8\u00a0% que s\u00ed lo har\u00eda. Ello contrasta con un respaldo de m\u00e1s del 95\u00a0% en Espa\u00f1a con respecto a la\u00a0vacunaci\u00f3n in<\/a><\/p>\n M\u00e1s probablemente, la causa que subyace es la celeridad con la que se han desarrollado. De acuerdo con la\u00a0Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Vacunolog\u00eda, el r\u00e9cord de precocidad para una nueva vacuna era, hasta ahora, de cuatro a\u00f1os, si bien este plazo debe ser ponderado conforme a las\u00a0excepcionales circunstancias de una pandemia y a la ingente labor previa realizada. Una respuesta negativa de la ciudadan\u00eda, en cualquier caso, podr\u00eda dar al traste con la inmunidad comunitaria m\u00ednima necesaria, y que los expertos han situado entre un\u00a060 y un 70\u00a0%.<\/p>\n Preventivamente, algunas voces ya se han apresurado a reclamar su obligatoriedad. De hecho, ser\u00e1 pr\u00f3ximamente registrada una\u00a0proposici\u00f3n de ley para establecerla en la\u00a0Ley de salud de Galicia. En ella se contemplar\u00e1n sanciones que, dependiendo de la gravedad, pueden alcanzar hasta los seiscientos mil euros. Sin embargo, no plantea la indemnizaci\u00f3n a aquellos que se les haya administrado la vacuna en contra de su voluntad y padezcan efectos adversos, lo que podr\u00eda atentar contra el principio de proporcionalidad.<\/p>\n \u00bfEs necesario recurrir a la v\u00eda forzosa? La Base Cuarta de la\u00a0Ley de 25 de noviembre de 1944, de Bases de Sanidad Nacional<\/a>, ya declaraba \u201cobligatorias\u201d las vacunaciones contra la viruela y la difteria, extendiendo \u201cla obligatoriedad\u201d a las de car\u00e1cter preventivo contra las infecciones t\u00edficas y parat\u00edficas. En todas las dem\u00e1s infecciones eran recomendables y, en su caso, \u201cimpuestas por las autoridades sanitarias\u201d.<\/p>\n La vigente\u00a0Ley 22\/1980, de 24 de abril, de modificaci\u00f3n de la base IV de la Ley de Bases de la Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 1944<\/a>, dulcific\u00f3 esta redacci\u00f3n. En su art\u00edculo \u00fanico aseguraba que \u201cpodr\u00e1n\u201d ser declaradas por el Gobierno las vacunaciones contra la viruela, la difteria y contra las infecciones t\u00edficas y parat\u00edficas. Igualmente, para el resto de infecciones, la salvaguarda de la Ley de 1944 se mantiene inalterada. La condici\u00f3n infecciosa de estas enfermedades puede amparar su aplicaci\u00f3n obligatoria en casos de similar naturaleza o, lo que es lo mismo, a que se aplique anal\u00f3gicamente (art. 4.1\u00a0C\u00f3digo Civil<\/a>) para hacer frente a un virus que ha demostrado ser muy contagioso.<\/p>\n Asimismo, la\u00a0Ley Org\u00e1nica 3\/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P\u00fablica<\/a>, recoge en su art. 3 que \u201c(\u2026) la autoridad sanitaria, (\u2026) podr\u00e1 adoptar (\u2026) las que se consideren necesarias en caso de riesgo de car\u00e1cter transmisible\u201d. La amplitud de acciones y medidas que pueden entenderse justificadas bajo esta cl\u00e1usula podr\u00eda legitimar al ministro de Sanidad para decretar la vacunaci\u00f3n prescindiendo del consentimiento con motivo de un riesgo para la salud p\u00fablica (art. 9.2 a)\u00a0Ley 41\/2002, de 14 de noviembre, b\u00e1sica reguladora de la autonom\u00eda del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n cl\u00ednica<\/a>).<\/p>\n No obstante, y pese a que, como explica de la Mata, podr\u00eda caber incluso su aplicaci\u00f3n coactiva al ejercerse en cumplimiento de un deber reconocido por la Ley Org\u00e1nica 3\/1986, conviene tener presente que tanto la integridad f\u00edsica como la libertad son derechos fundamentales\u00a0constitucionalmente<\/a>\u00a0protegidos (art\u00edculos. 15 y 17.1, respectivamente).<\/p>\n En este contexto irrumpe la siguiente pregunta: \u00bfes \u00e9tico imponer esta obligatoriedad? Desde el punto de vista de un Estado social y democr\u00e1tico y de Derecho, no parece, desde luego, la mejor de las opciones. Es cierto que existen alternativas como la vacunaci\u00f3n condicional, por la que se establecer\u00edan\u00a0espacios seguros\u00a0<\/strong>a los que solo se permitir\u00eda la entrada a quienes se hubieran vacunado voluntariamente. Esto garantizar\u00eda su protecci\u00f3n, e impulsar\u00eda a hacerlo a los que no.<\/p>\n Sin embargo, la f\u00f3rmula m\u00e1s exitosa para asegurar una vacunaci\u00f3n masiva es disponer de la confianza ciudadana: sirva como ejemplo la vacuna contra la gripe que, desde el inicio de la campa\u00f1a en octubre de 2020, ha aumentado su demanda hasta agotarse en n\u00facleos de gran poblaci\u00f3n como\u00a0Le\u00f3n,\u00a0Vigo,\u00a0Zaragoza\u00a0y la\u00a0Villa de Madrid.<\/p>\n Para contar con esta confianza debemos conocer los resultados preliminares de las vacunas que se hallan en fases avanzadas a trav\u00e9s de su publicaci\u00f3n en revistas cient\u00edficas, como han hecho recientemente la Universidad de Oxford y AstraZeneca en\u00a0The Lancet<\/em>. Esto permitir\u00eda su revisi\u00f3n por expertos independientes en la materia. Entre otros datos, revelar\u00eda cu\u00e1l ha sido el perfil de los voluntarios y si la vacuna ha sido testada (y, en su caso, con qu\u00e9 grado de \u00e9xito) en personas mayores y personas con discapacidad (grandes dependientes o no), dos de los cuatro grupos que ser\u00e1n vacunados en primer lugar.<\/p>\n Estos procesos han de ser verificados y, en su caso, validados por la\u00a0Agencia Europea de Medicamentos.<\/p>\n Es responsabilidad de las administraciones competentes comandar la educaci\u00f3n sanitaria (arts. 43.3 Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola y 6.2\u00a0Ley 14\/1986, de 25 de abril, General de Sanidad) por medio de campa\u00f1as de concienciaci\u00f3n sobre la seguridad de las vacunas, primero, y de su eficacia,despu\u00e9s. Todo esto, guiados por la evidencia cient\u00edfica de la que se disponga en cada momento y por la\u00a0transparencia.<\/p>\n Investigador FPI de la Universidad del Pa\u00eds Vasco UPV\/EHU y Profesor Ayudante de Derecho Penal, Universidad del Pa\u00eds Vasco \/ Euskal Herriko Unibertsitatea<\/p>\n\u00bfSe puede obligar por ley?<\/h2>\n
\u00bfEs \u00e9tico obligar a la vacunaci\u00f3n?<\/h2>\n
\nEkain Pay\u00e1n Ellacuria<\/span><\/strong><\/a><\/h4>\n