{"id":49420,"date":"2021-10-10T09:31:32","date_gmt":"2021-10-10T07:31:32","guid":{"rendered":"http:\/\/miradordeatarfe.es\/?p=49420"},"modified":"2021-10-09T13:33:41","modified_gmt":"2021-10-09T11:33:41","slug":"facua-valora-positivamente-las-medidas-de-urgencia-destinadas-a-los-afectados-del-volcan-de-la-palma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/miradordeatarfe.es\/?p=49420","title":{"rendered":"FACUA valora positivamente las medidas de urgencia destinadas a los afectados del volc\u00e1n de La Palma"},"content":{"rendered":"
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La asociaci\u00f3n considera que deber\u00edan concretarse algunos art\u00edculos de la norma para dar m\u00e1s seguridad jur\u00eddica a las v\u00edctimas.<\/h2>\n<\/div>\n
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FACUA-Consumidores en Acci\u00f3n valora positivamente la bater\u00eda de medidas de urgencia impulsadas por el Ministerio de Consumo para proteger los derechos de los consumidores ante la erupci\u00f3n del volc\u00e1n de La Palma, aunque considera que deber\u00edan realizar algunas modificaciones para concretar dichas medidas y as\u00ed lograr mayor seguridad jur\u00eddica a las v\u00edctimas.<\/p>\n

Moratoria de seis meses en pr\u00e9stamos<\/strong><\/p>\n

El Real Decreto-ley 20\/2021, de 5 de octubre<\/a>, recoge una moratoria de seis meses, tanto en hipotecas como en cr\u00e9ditos al consumo, incluidos los leasings<\/em>, tanto para el importe principal como sobre los intereses, independientemente de si est\u00e1n o no al corriente de pago. En el caso de las hipotecas, la medida abarca a todos los inmuebles situados en La Palma, mientras que, en el caso de los cr\u00e9ditos al consumo, incluir\u00e1 a todos los residentes de la isla. \u00abLa solicitud por parte del deudor a la entidad financiera acarrea de forma directa la suspensi\u00f3n de las obligaciones de pago\u00bb,<\/em> recoge en una nota de prensa<\/a> el Ministerio de Consumo.<\/p>\n

Suspensi\u00f3n de tres meses en los plazos para desistir de contratos<\/strong><\/p>\n

La norma contempla, por un periodo de tres meses, la suspensi\u00f3n de los plazos legales para ejercer el derecho de desistimiento sobre cualquier contrato, incluidos los plazos de devoluci\u00f3n de productos. Esta medida afecta, especialmente, a las compras online.<\/p>\n

Devoluciones en contratos de suministros no prestados<\/strong><\/p>\n

Con relaci\u00f3n a los contratos de tracto \u00fanico (un concierto, por ejemplo) y sucesivo (suministros de agua, gas, fibra…), el Real Decreto recoge que, cuando no puedan ser cumplidos, la empresa tendr\u00e1 la obligaci\u00f3n de devolver el dinero abonado por los usuarios en un plazo de 30 d\u00edas como m\u00e1ximo.<\/p>\n

Cancelaci\u00f3n de viajes<\/strong><\/p>\n

En relaci\u00f3n con los viajes a La Palma, los consumidores podr\u00e1n cancelarlos y la empresa deber\u00e1 reembolsar todos los importes abonados, siempre que fuesen contratados antes del 13 de septiembre.<\/p>\n

Contratos empaquetados con tarifas convergentes<\/strong><\/p>\n

Por otro lado, en el art\u00edculo 14 del texto sobre \u00abMedidas de protecci\u00f3n de personas consumidoras\u00bb <\/em>se recoge, entre otras cuestiones, que en el caso de contratos empaquetados que incluyan \u00abla prestaci\u00f3n de diversos servicios o la provisi\u00f3n de bienes junto a esos servicios\u00bb<\/em>, las tarifas convergentes quedar\u00e1n \u00absometidas al correspondiente acuerdo entre las partes\u00bb.<\/em><\/p>\n

FACUA se\u00f1ala que en el caso de paquetes de servicios de telecomunicaciones con tarifas convergentes no desglosadas por servicio, si resultan de imposible cumplimiento -temporal o definitivamente-, el precio no puede quedar de acuerdo entre las partes, pues esto determinar\u00e1 en la pr\u00e1ctica su imposici\u00f3n por parte de la empresa.<\/p>\n

As\u00ed, la asociaci\u00f3n considera que deber\u00eda acudirse al criterio de la proporcionalidad determinado en el Real Decreto-ley 899\/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas, podr\u00eda tomarse de ejemplo.<\/p>\n

Esta normativa habilita a que, para determinar la cuant\u00eda de \u00abindemnizaci\u00f3n o compensaci\u00f3n<\/em>\u00bb por la interrupci\u00f3n del servicio de internet contratado conjuntamente a otros de telefon\u00eda, la empresa \u00abpodr\u00e1 indicar en su oferta la parte del precio que corresponde a cada servicio\u00bb.<\/em> De no hacerlo el precio de cada servici\u00f3 ser\u00e1 \u00abproporcional al de su contrataci\u00f3n por separado<\/em>\u00ab, mientras que si no los comercializa de este modo, el precio del servicio de internet es del \u00ab50 por ciento del precio total<\/em>\u00ab.<\/p>\n

Ambig\u00fcedad de algunos preceptos<\/strong><\/p>\n

FACUA considera ambiguos algunos preceptos del apartado \u00abMedidas de protecci\u00f3n de personas consumidoras\u00bb.<\/em> Dicho cap\u00edtulo abarca varias medidas dirigidas a garantizar los derechos de los consumidores afectados.<\/p>\n

Entre otras cuestiones, recoge la suspensi\u00f3n de los plazos para el ejercicio del derecho de desistimiento de contratos, as\u00ed como que las partes quedar\u00e1n exoneradas del cumplimiento de contratos de compraventa, prestaci\u00f3n de servicios o provisi\u00f3n de suministros si resultasen imposibles de llevar a cabo. En este caso, se deber\u00e1n \u00abrestituir las potenciales cantidades abonadas\u00bb <\/em>por los usuarios. Si fueran contratos de tracto sucesivo, el usuario puede elegir entre \u00abla resoluci\u00f3n del contrato sin pagar ninguna penalizaci\u00f3n o el aplazamiento de la ejecuci\u00f3n del mismo\u00bb<\/em>. La normativa hace hincapi\u00e9 en los contratos de transporte, en los de provisi\u00f3n de suministros y en el caso de los contratos empaquetados.<\/p>\n

As\u00ed, el art\u00edculo 14, citado anteriormente, determina un plazo de cinco meses para ejercer los derechos recogidos en las \u00abMedidas de protecci\u00f3n de personas consumidoras<\/em>\u00ab, por lo que la acci\u00f3n prescribir\u00e1 \u00aba los cinco meses desde el nacimiento del derecho o, en el caso de que hubiese nacido antes de la entrada en vigor de este real Decreto-ley, a los cinco meses de su entrada en vigor<\/em>\u00ab.<\/p>\n

Sin embargo, la norma no aclara cu\u00e1ndo nace dicho derecho. El citado art\u00edculo recoge que \u00abse considerar\u00e1 como fecha de nacimiento del correspondiente derecho la fecha de afectaci\u00f3n que conste en dichos registros o bases de datos, que habr\u00e1n de mantenerse continuamente actualizados<\/em>\u00ab, pero no establece o determina si los registros o bases de datos a los que hace alusi\u00f3n son de accesibilidad p\u00fablica, ni qui\u00e9n es el titular, ni el modo en que la informaci\u00f3n se va a volcar ni actualizar en los mismos.<\/p>\n

Igualmente, FACUA advierte de que cinco meses es un plazo muy reducido con relaci\u00f3n al r\u00e9gimen general contemplado en el art\u00edculo 1.964 del C\u00f3digo Civil, que determina que \u00ablas acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco a\u00f1os desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligaci\u00f3n<\/em>\u00ab. Adem\u00e1s, no aclara si ese plazo de cinco meses impide el ejercicio de otras posibles acciones, tanto en el r\u00e9gimen general como en la normativa sectorial espec\u00edfica.<\/p>\n

Da\u00f1os en viviendas<\/strong><\/p>\n

A trav\u00e9s del Real Decreto-ley, el Gobierno ha aprobado una bater\u00eda de medidas urgentes para mitigar los da\u00f1os ocasionados por la erupci\u00f3n volc\u00e1nica. Con este paquete de ayudas, se sumar\u00eda un importe de 213.763.000 euros a los primeros 10,5 millones de euros aprobados el pasado martes 28 de septiembre, que ya se encuentran a disposici\u00f3n de las autoridades canarias. Las subvenciones y ayudas directas se dirigen a \u00abpaliar los da\u00f1os en viviendas, locales, entorno productivo, agr\u00edcola y pesquero, infraestructuras y medio ambiente\u00bb<\/em>, seg\u00fan ha anunciado el Gobierno en una nota de prensa<\/a> emitida en su web.
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El Real Decreto-ley contempla la administraci\u00f3n de ayudas directas a personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas encaminadas a los casos de destrucci\u00f3n o da\u00f1os estructurales en viviendas y negocios. Del mismo modo, se har\u00e1 este a\u00f1o una exenci\u00f3n total del Impuesto de Bienes Inmuebles para las viviendas y los da\u00f1os causados y se aplazar\u00e1 el pago de deudas tributarias.<\/p>\n

Entre otras medidas, el Ejecutivo ha regulado el Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia (PRTR), orientado a la rehabilitaci\u00f3n residencial y construcci\u00f3n de vivienda social, dotado con 4,420 millones de euros. El programa contempla la construcci\u00f3n de hasta 20.000 nuevas viviendas p\u00fablicas para alquiler social, adem\u00e1s de la posibilidad de rehabilitar barrios completos.<\/p>\n

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Imagen: El Peri\u00f3dico<\/div>\n
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