{"id":55709,"date":"2022-09-01T10:49:14","date_gmt":"2022-09-01T08:49:14","guid":{"rendered":"https:\/\/miradordeatarfe.es\/?p=55709"},"modified":"2022-09-01T11:21:36","modified_gmt":"2022-09-01T09:21:36","slug":"el-caso-de-los-ere-de-andalucia-vicios-de-una-sentencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/miradordeatarfe.es\/?p=55709","title":{"rendered":"El caso de los ERE de Andaluc\u00eda: vicios de una sentencia"},"content":{"rendered":"

Estamos no solo ante una utilizaci\u00f3n pol\u00edtica de la justicia penal, sino tambi\u00e9n partidista. Sus actuaciones responden objetivamente a la constante presi\u00f3n medi\u00e1tica de la derecha<\/h3>\n
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Dec\u00eda el maestro de laboralistas Manolo L\u00f3pez que los jueces deben ser como los toreros: \u201cLo que quieran ideol\u00f3gicamente, pero que sean buenos\u201d. Y acompa\u00f1aba esta afirmaci\u00f3n con dos ejemplos de magistrados de Trabajo en tiempos de la dictadura franquista: Rafael Mart\u00ednez Emperador (asesinado por ETA<\/a> en 1997 y, por cierto, t\u00edo de Jos\u00e9 Antonio Gri\u00f1\u00e1n) y Blas Oliet. En un juicio por despido de un activista de Comisiones Obreras, por ejemplo, la empresa le reprochaba que promov\u00eda reuniones de las entonces ilegales CC OO. Y la respuesta de estos magistrados era la siguiente: \u201c\u00bfEsas reuniones se celebraban dentro o fuera de la jornada laboral?\u201d. La contestaci\u00f3n empresarial siempre era la misma: \u201cEvidentemente, fuera. La empresa no va a permitir reuniones dentro de la jornada del trabajo\u201d. Y la conclusi\u00f3n judicial era: \u201cLa magistratura de Trabajo no tiene competencias para examinar lo que ocurra fuera de la jornada laboral\u201d.<\/p>\n

Esta an\u00e9cdota ha acudido a mi mente a ra\u00edz del caso de los ERE de Andaluc\u00eda,<\/a> en el que tribunales y Fiscal\u00eda establecen de \u201cmanera aprior\u00edstica\u201d que las transferencias de financiaci\u00f3n que se utilizaban como mecanismo<\/a> administrativo para establecer ayudas a las prejubilaciones y jubilaciones eran ilegales, a pesar de que figuraban en las leyes presupuestarias andaluzas, aprobadas por el Parlamento aut\u00f3nomo.<\/p>\n

Este pronunciamiento judicial se ha efectuado sin competencia procesal adecuada, puesto que el art\u00edculo 153 a) de la Constituci\u00f3n establece que el control de las disposiciones normativas con fuerza de ley de los \u00f3rganos de las comunidades aut\u00f3nomas debe ser ejercitado por el Tribunal Constitucional, sin que un \u00f3rgano judicial penal tenga competencia para ello. El art\u00edculo 117.3 de la Ley Fundamental abunda en esta idea: el ejercicio de la potestad judicial en todo tipo de procesos juzgando o ejecutando lo juzgado, \u201ccorresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, seg\u00fan las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan\u201d. No existe ninguna disposici\u00f3n con rango de ley que atribuya esta competencia a un \u00f3rgano jurisdiccional penal para examinar o establecer la ilegalidad de dichas transferencias de financiaci\u00f3n.<\/p>\n

Con estas resoluciones judiciales, con un claro sesgo partidario, el denominado eufem\u00edsticamente \u201cenano judicial\u201d frente al \u201cgigante ejecutivo\u201d se transforma en un verdadero gigante, ya que en materia penal desarrolla actividades que contradicen el contenido de decisiones pol\u00edticas por parte de \u00f3rganos ejecutivos o parlamentarios.<\/p>\n

Como muestra est\u00e1 la carta que el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, sin competencia en materia de ejecuci\u00f3n de sentencias, envi\u00f3 a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, <\/a>sobre el cumplimiento de la sentencia del diputado Alberto Rodr\u00edguez, <\/a>cuyo fallo no incorporaba de manera clara y directa la p\u00e9rdida del acta de parlamentario.<\/p>\n

Las condenas a los exdirigentes andaluces adolecen, en mi opini\u00f3n, de un vicio de inconstitucionalidad que debe ser subsanado por el Tribunal Constitucional, a trav\u00e9s de los recursos de los condenados por prevaricaci\u00f3n y malversaci\u00f3n, dado que todos ellos han sido sentenciados vulnerando los art\u00edculos 24.1 y 2 de la Constituci\u00f3n por tribunales que no ten\u00edan competencia procesal para dilucidar la ilegalidad de las transferencias de financiaci\u00f3n previstas en los Presupuestos de la comunidad aut\u00f3noma, vulnerando adem\u00e1s el derecho a la tutela judicial efectiva.<\/p>\n

El art\u00edculo 25.1 de la Constituci\u00f3n sobre la tipificaci\u00f3n legal clara y taxativa del delito imputado mediante la adecuada previsi\u00f3n y descripci\u00f3n de este en una norma con rango de ley, en este caso el C\u00f3digo Penal, tambi\u00e9n ha sido vulnerado.<\/p>\n

Cuando el C\u00f3digo Penal se refiere a prevaricaci\u00f3n, habla de resoluciones manifiestamente ilegales sobre asuntos de car\u00e1cter administrativo o de procedimiento y no de los actos pol\u00edticos de preparaci\u00f3n de las leyes de Presupuestos, aspectos sobre los que los \u00f3rganos judiciales penales no tienen competencia en un esquema democr\u00e1tico de separaci\u00f3n de poderes. Esta interpretaci\u00f3n del delito de prevaricaci\u00f3n para actos pol\u00edticos, adem\u00e1s de muy grave en t\u00e9rminos democr\u00e1ticos, no es admisible constitucionalmente.<\/p>\n

Es necesario subrayar que una ley de Presupuestos prevalece ante la Ley General de Subvenciones,<\/a> por ser ley singular. Con mayor claridad debe tenerse en cuenta que aquellos responsables pol\u00edticos que participan en la preparaci\u00f3n de unos presupuestos tampoco pueden ser responsables de malversaci\u00f3n, pues no son ellos quienes disponen de las cantidades a pagar o a financiar, dado que esta actuaci\u00f3n administrativa, como estableci\u00f3 el propio Tribunal Supremo en la sentencia absolutoria de la exalcaldesa del PP de Jerez de la Frontera, corresponde a escalones administrativos inferiores y no al \u00f3rgano pol\u00edtico m\u00e1ximo.<\/p>\n

La actuaci\u00f3n de estos \u00f3rganos judiciales penales resulta carente de justificaci\u00f3n, en contraste con la actuaci\u00f3n relacionada con Esperanza Aguirre,<\/a> donde se ha exigido para configurar un indicio suficiente de responsabilidad penal la prueba de que conoc\u00eda y sab\u00eda acerca de las irregularidades de miembros de su equipo, en tanto que en el caso ERE <\/i>se admite como prueba plena de condena, no ya como indicio para abrir un procedimiento penal, el que deb\u00edan conocer los responsables pol\u00edticos condenados de la Junta las irregularidades en la gesti\u00f3n de las ayudas.<\/p>\n

Estamos no solo ante la utilizaci\u00f3n pol\u00edtica de la justicia penal, sino tambi\u00e9n partidista, dado que las actuaciones que ha realizado en este caso concreto responden objetivamente a la constante presi\u00f3n medi\u00e1tica de la derecha.<\/p>\n

Evidentemente, se han producido actuaciones de fraude con relevancia penal en expedientes concretos<\/a> y determinados, como la incorporaci\u00f3n de intrusos que no formaban parte de la plantilla de una empresa o la concesi\u00f3n de ayudas a empresas ficticias. Ahora bien, estos fraudes penales concretos y determinados deben sustanciarse en procedimientos espec\u00edficos y es ah\u00ed donde debe establecerse la cuantificaci\u00f3n concreta de perjuicio a los fondos p\u00fablicos. No resulta admisible que el perjuicio sea la totalidad de la cuant\u00eda de las ayudas de prejubilaci\u00f3n para el periodo 2000-2009, ya que la inmensa mayor\u00eda de las concesiones y ayudas son perfectamente legales, como demuestra el que los trabajadores han consolidado su derecho y siguen percibiendo las citadas concesiones y ayudas, sin que la Junta de Andaluc\u00eda ni ning\u00fan organismo administrativo ni judicial las haya anulado por ilegales.<\/p>\n

No es admisible que en las resoluciones judiciales penales se haga un totum revolutum<\/i> para imputar penalmente al \u00f3rgano de gobierno de la Junta de Andaluc\u00eda en la etapa socialista.<\/a><\/p>\n

En esta sentencia de la denominada pieza pol\u00edtica de los ERE, adem\u00e1s de las vulneraciones constitucionales antes se\u00f1aladas, se produce otra infracci\u00f3n constitucional relevante: ante la ausencia de prueba directa y clara de la autor\u00eda de los hechos por los dirigentes pol\u00edticos de la Junta, se acude a consideraciones gen\u00e9ricas sobre supuestas interpretaciones \u2014\u201cdeb\u00eda conocer\u201d, \u201cdeb\u00eda saber\u201d, \u201cno es l\u00f3gico que no lo conociera\u201d\u2014 que no pueden armar una motivaci\u00f3n suficiente de una prueba condenatoria. En materia penal, a diferencia de otros procesos, la prueba de cargo debe ser concreta y suficiente, y los indicios y los juicios de inferencia deben ser indiscutibles, no basados en consideraciones gen\u00e9ricas, de forma que se establezca un enlace l\u00f3gico y directo entre el hecho acreditado y la conclusi\u00f3n f\u00e1ctica obtenida. Tal motivaci\u00f3n no existe en este caso, donde no hay enlace l\u00f3gico y directo, sino un conjunto de suposiciones e inferencias encadenadas. Se ha vulnerado la exigencia de que la prueba de cargo en materia penal debe ser adecuada, suficiente y estar totalmente motivada.<\/p>\n