Los cinco primeros meses de vigencia de la Ley de Garant\u00eda Integral de la Libertad Sexual han provocado una enorme y comprensible alarma social por la larga ristra de reducciones de condenas a agresores sexuales. Pero lejos de lo que pueda parecer, la nueva norma no ha provocado una rebaja generalizada de las penas. S\u00f3lo hay que echar un vistazo a Madrid. En esta comunidad aut\u00f3noma, la Audiencia Provincial ha dictado disminuci\u00f3n de condena en menos de dos de cada diez casos revisados. <\/strong>La misma proporci\u00f3n que en Val\u00e8ncia o en Huelva. En otras regiones, como Baleares, esa cifra escala a cuatro de cada diez. Es la primera fotograf\u00eda, aunque todav\u00eda incompleta, del Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la conocida como ley del s\u00f3lo s\u00ed es s\u00ed.<\/em> Y pone un dato importante sobre la mesa: tres de cada cuatro casos revisados han mantenido el castigo.<\/p>\n El \u00f3rgano de gobierno de los jueces acord\u00f3 a comienzos de febrero pedir a los diferentes \u00f3rganos judiciales \u2013Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales o Tribunal Supremo\u2013 informaci\u00f3n sobre el proceso de revisi\u00f3n de sentencias que se hab\u00eda iniciado tras la entrada en vigor de la Ley de Garant\u00eda Integral de la Libertad Sexual. El objetivo era \u00abhacer un an\u00e1lisis detallado\u00bb y \u00abpoder ofrecer datos contrastados de manera transparente\u00bb<\/strong>, despu\u00e9s de meses de informaci\u00f3n circulando a cuentagotas desde los diferentes Tribunales Superiores de Justicia. Y la publicaci\u00f3n de los mismos se hab\u00eda convertido en los \u00faltimos d\u00edas en motivo de enfrentamiento entre conservadores y progresistas en el seno del Poder Judicial. De hecho, en los \u00faltimos d\u00edas nadie daba datos de forma oficial, pero s\u00ed que circulaban entre algunos medios.<\/p>\n Al final, y despu\u00e9s de muchos tiras y aflojas, la informaci\u00f3n se ha hecho p\u00fablica finalmente este jueves. Seg\u00fan las cifras recopiladas<\/a>, en las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Supremo se han producido un total de 721 reducciones de condena y al menos 74 excarcelaciones<\/strong>. Pero esos dos n\u00fameros no muestran por s\u00ed solos la fotograf\u00eda completa. Una imagen que tampoco refleja en su totalidad la informaci\u00f3n recopilada por el Consejo General del Poder Judicial. Del medio centenar de Audiencias Provinciales, 19 no han entregado todos los datos que se les requer\u00eda desde el \u00f3rgano de gobierno de los jueces<\/strong>: tanto la cifra de casos revisados como las rebajas decretadas por sus magistrados.<\/p>\n