Para que esto suceda, no obstante, cada gobierno local deber\u00e1 decidir si act\u00faa o no sobre los inmuebles desocupados de su jurisdicci\u00f3n. En caso afirmativo, los consistorios tendr\u00e1n que ponerse manos a la obra y hacer un barrido de datos que permita identificar qu\u00e9 viviendas cumplen con los requisitos que recoge la normativa. A partir de aqu\u00ed, los ayuntamientos podr\u00edan aplicar diferentes recargos sobre el tributo: uno del 50%, otro del 100% y otro m\u00e1ximo del 150%.<\/p>\n
El objetivo de esta f\u00f3rmula, seg\u00fan detalla el proyecto de ley, es optimizar \u201cel uso del parque edificatorio residencial\u201d y reforzar \u201cel instrumento de los ayuntamientos para hacer frente a situaciones de vivienda desocupada a trav\u00e9s de la fiscalidad<\/a>\u201d.<\/p>\n La primera sanci\u00f3n, con un recargo de hasta el 50% de la cuota l\u00edquida del impuesto, recaer\u00e1 en los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con car\u00e1cter permanente. La normativa explica en su articulado los requisitos necesarios para entrar en esta definici\u00f3n. As\u00ed, tendr\u00e1 esta consideraci\u00f3n el inmueble que \u201cpermanezca desocupado, de forma continuada y sin causa justificada, por un plazo superior a dos a\u00f1os, conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimiento que establezca la ordenanza fiscal\u201d. La casa en cuesti\u00f3n, adem\u00e1s, tendr\u00e1 que pertenecer a un propietario que tenga cuatro o m\u00e1s viviendas de uso residencial.<\/p>\n La normativa contempla, en paralelo, una penalizaci\u00f3n adicional sobre esta sanci\u00f3n para evitar que la situaci\u00f3n se estanque. As\u00ed, el recargo podr\u00e1 ser de hasta el 100% de la cuota l\u00edquida \u201ccuando el periodo de desocupaci\u00f3n sea superior a tres a\u00f1os, pudiendo modularse en funci\u00f3n del periodo de tiempo de desocupaci\u00f3n\u201d, seg\u00fan recoge el texto.<\/p>\n La sanci\u00f3n m\u00e1xima, por \u00faltimo, se ha dise\u00f1ado para los propietarios que, teniendo m\u00e1s de cuatro viviendas en toda Espa\u00f1a, mantengan al menos dos de ellas deshabitadas en el mismo municipio<\/a>. En este caso, el recargo ser\u00e1 del 150% sobre la cuota l\u00edquida.<\/p>\n Seg\u00fan los \u00faltimos datos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), con cifras del a\u00f1o 2018, la factura media en Espa\u00f1a aumentar\u00eda desde los 315 euros que supone el pago corriente del IBI hasta los 472,8 euros, los 630,4 euros y los 788 euros en funci\u00f3n del tipo de recargo aplicado. En ciudades como Madrid o Castell\u00f3n la factura m\u00e1xima superar\u00eda los 1.050 euros por vivienda, mientras que en Barcelona, Tarragona o Lleida el recargo m\u00e1ximo elevar\u00eda la cuota por encima de los 900 euros. Todas las cifras, no obstante, son medias y aproximadas, ya que la base imponible del IBI depende del valor catastral del inmueble<\/a> y el tipo impositivo suele actualizarse cada cierto tiempo por cada ayuntamiento.<\/p>\n La normativa contempla una serie de excepciones que permiten al propietario tener su vivienda vac\u00eda sin sufrir ning\u00fan tipo de penalizaci\u00f3n. Entre estas se encuentra el traslado temporal por razones laborales o de formaci\u00f3n o el cambio de domicilio por situaci\u00f3n de dependencia o salud.<\/p>\n Tambi\u00e9n se libran los inmuebles destinados a segunda residencia<\/a> con un m\u00e1ximo de cuatro a\u00f1os de desocupaci\u00f3n continuada, los inmuebles sujetos a actuaciones de obra o rehabilitaci\u00f3n y los que cuentan con otras circunstancias que imposibiliten su ocupaci\u00f3n efectiva, como ser objeto de litigio o estar pendiente de resoluci\u00f3n judicial. Tambi\u00e9n podr\u00e1n estar vac\u00edas sin riesgo de sanci\u00f3n las casas que est\u00e9n en el mercado de la compra o el alquiler durante un m\u00e1ximo de 12 o 6 meses, respectivamente.<\/p>\n La declaraci\u00f3n municipal como inmueble desocupado con car\u00e1cter permanente exigir\u00e1 siempre la audiencia previa del sujeto pasivo, es decir, el propietario, y la acreditaci\u00f3n por parte del ayuntamiento de los indicios de desocupaci\u00f3n. Para ello, recuerda el texto normativo, los consistorios suelen utilizar datos del padr\u00f3n municipal, as\u00ed como los consumos de servicios de suministro de agua, gas o electricidad<\/a>, entre otros mecanismos.<\/p>\n![](\"https:\/\/i0.wp.com\/imagenes.elpais.com\/resizer\/15U7o5yusPwZoxDjmB38gZHjN2w%3D\/414x0\/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com\/prisa\/2QTPKNQ2MZFUFC4J2JI445X75U.png?resize=414%2C813&ssl=1\")
<\/span>Excepciones<\/h3>\n