Durante estos d\u00edas finales de campa\u00f1a electoral han surgido sospechas de compra de votos y supuesta manipulaci\u00f3n electoral en varios municipios, como la ciudad aut\u00f3noma de Melilla<\/a>, Moj\u00e1car, Bigastro, Moraleja de Sayago o Villalba del Alcor. Estos episodios, perfectamente identificados y que han sido r\u00e1pidamente abordados administrativa, policial y judicialmente, han servido de excusa a partidos y a ciertos tertulianos para sembrar una sombra de duda sobre la seguridad y la transparencia de nuestro sistema electoral. Se intenta acusar a determinados partidos como autores de un fraude generalizado, se se\u00f1ala a los presuntos autores de las ilegalidades como si fuesen representantes de todo el espectro pol\u00edtico y, en suma, no se busca esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades <\/a>sino, simplemente, enturbiar el proceso electoral.<\/strong> Se trata de la t\u00edpica t\u00e9cnica de exagerar un caso puntual entre millares para proyectar dudas sobre el sistema electoral en su conjunto.<\/p>\n \u00bfSon los mecanismos electorales espa\u00f1oles seguros y garantizan a los ciudadanos la pureza de su sufragio y la integridad de las elecciones<\/a>? Nuestra respuesta es categ\u00f3rica: s\u00ed.<\/strong> La democracia en nuestro pa\u00eds no ha sido seriamente cuestionada en sus 46 a\u00f1os de existencia por denuncias cre\u00edbles de fraude, manipulaci\u00f3n de resultados electorales o falsificaci\u00f3n de estos. Siempre se ha reconocido por las diversas fuerzas contendientes el resultado obtenido. Desde 1977 hasta nuestros d\u00edas se han realizado 14 elecciones generales, 13 auton\u00f3micas, 10 municipales y 7 europeas<\/strong>. Multipliquemos estos datos por los miles de mesas electorales, por las personas que han participado, por las distintas candidaturas que han concurrido y seremos conscientes de la formidable movilizaci\u00f3n de la sociedad en torno al hecho electoral y, conviene subrayarlo, con un volumen de problemas realmente reducido. De ah\u00ed lo improcedente de establecer generalizaciones malintencionadas o desconocedoras sobre la aut\u00e9ntica realidad electoral espa\u00f1ola.<\/em> Una realidad reconocida por algunos de los rankings que miden la calidad de las democracias en perspectiva comparada (Democracy Index de The Economist<\/i><\/a>; Electoral Democracy Index de V-Dem; o Freedom in the World de Freedom House); una realidad contrastada emp\u00edricamente por iniciativas acad\u00e9micas internacionales como el Electoral Integrity Project; una realidad que se desprende, en fin, de los distintos informes realizados sobre el caso espa\u00f1ol por misiones de observaci\u00f3n electoral de organismos internacionales como la OSCE.<\/p>\n El ordenamiento y los procedimientos electorales son plenamente garantistas y, adem\u00e1s, contemplan una serie de sanciones y delitos electorales. Estos delitos est\u00e1n se\u00f1alados en la Loreg (Ley Org\u00e1nica 5\/1985, de 19 de junio, del R\u00e9gimen Electoral General), donde tambi\u00e9n se detallan las penas que pueden imponerse a quienes incurran en alguna ilegalidad.<\/a> Hay hasta 11 conductas castigadas como delito en la ley electoral (arts. 139 a 150 Loreg).<\/p>\n Por ejemplo, un tema de actualidad, porque alrededor de \u00e9l se ha generado controversia durante estos d\u00edas, es el voto por correo<\/em>. Pues bien, el voto por correo tiene al menos dos momentos de autentificaci\u00f3n por parte del elector. Es decir, las posibilidades de suplantaci\u00f3n o manipulaci\u00f3n son reducidas, a no ser que se produzca el hecho delictivo de la compra de votos, con participaci\u00f3n de los propios electores concernidos<\/a>, o de solicitudes manipuladas<\/strong>. Por tanto, no es el sistema de garant\u00edas el que est\u00e1 en cuesti\u00f3n, sino la realizaci\u00f3n de conductas ilegales y delictivas, que deben atajarse, por parte de las fuerzas de orden p\u00fablico y de la justicia, con las m\u00e1ximas celeridad y contundencia, adem\u00e1s de introducirse mejoras de forma inmediata en el mecanismo del voto por correo para minimizar las posibilidades de fraude.<\/p>\n