Despu\u00e9s de a\u00f1os de tensiones y enfrentamientos, la Uni\u00f3n Europea ha llegado finalmente a un acuerdo de calado sobre uno de los problemas m\u00e1s serios y urgentes que estaba afectando a las relaciones entre los socios y que define una senda clara en su acci\u00f3n exterior: el tratamiento de los flujos migratorios.<\/a><\/p>\n Bajo el principio \u201csolidaridad flexible pero obligatoria\u201d, los Estados miembros han acordado dos importantes l\u00edneas: por un lado, endurecer los requisitos de entrada de los demandantes de asilo y por otro que todos los Estados miembros asuman a una parte de esas personas que llegan hasta las fronteras exteriores de la Uni\u00f3n buscando refugio. En el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, las nuevas regulaciones establecen un umbral m\u00ednimo de reubicaciones (traslados desde los pa\u00edses bajo presi\u00f3n migratoria a otros estados miembros) de 30.000 al a\u00f1o<\/a>. Una cifra, sin embargo, limitada. Los Estados que reh\u00fasen acoger reubicados (de los que se excluye a los que est\u00e1n bajo presi\u00f3n migratoria) deber\u00e1n aportar a la cesta de solidaridad com\u00fan 20.000 euros por persona rechazada o contribuir con medios t\u00e9cnicos y log\u00edsticos cuantificables.<\/p>\n En 2022 llegaron a la Uni\u00f3n unas 180.000 personas en situaci\u00f3n irregular, y aunque es una cifra muy inferior al pico alcanzado en 2015, con 1.400.000 migrantes en la llamada \u201ccrisis de los refugiados\u201d, se trata de un flujo sostenido que, hasta el momento, ha generado tensiones tanto en los pa\u00edses receptores en primera l\u00ednea \u2014Espa\u00f1a, Italia y Grecia<\/a>\u2014, que han alertado de la falta de recursos, como entre el resto de los miembros, m\u00e1s o menos reacios a admitir un cupo de migrantes. Los pa\u00edses receptores siempre han demandado a Bruselas pol\u00edticas claras comunes de gesti\u00f3n en la llegada y un reparto solidario en cuanto a la acogida de estas personas.<\/p>\n