La justicia ha reconocido la incapacidad permanente absoluta de una trabajadora del hogar por las limitaciones psicol\u00f3gicas que le caus\u00f3 el entorno de violencia de g\u00e9nero<\/strong> que tuvo que vivir. As\u00ed lo ha acordado una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a (cuyo texto puede consultar aqu\u00ed<\/a>) en contra del criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Los magistrados tuvieron en cuenta, por encima de la naturaleza de las lesiones, <\/strong>el efecto que la situaci\u00f3n familiar produjo en la capacidad laboral de la perjudicada.<\/p>\n El fallo a\u00f1ade que, el criterio fundamental para determinar el grado de incapacidad<\/a> no es el estudio de la enfermedad en s\u00ed, sino la disminuci\u00f3n de la aptitud para el trabajo. Esta valoraci\u00f3n, expresa el tribunal, se hace de forma individualizada y sin atender a otros supuestos aparentemente similares. La resoluci\u00f3n confirma una renta vitalicia mensual para la beneficiaria de 945,62 euros, m\u00e1s pagas extras, con efectos desde el 1 de mayo de 2021.<\/p>\n Seg\u00fan los hechos probados de la sentencia, en agosto de 2020 se reconoci\u00f3 a la trabajadora la incapacidad permanente absoluta para su profesi\u00f3n habitual debido a un \u201ctrastorno de ansiedad con limitaciones\u201d.<\/p>\n Sin embargo, en abril de 2021, otra resoluci\u00f3n decret\u00f3 su mejor\u00eda. No se detect\u00f3 entonces ning\u00fan grado de incapacidad permanente total. El Institut Catal\u00e0 d\u2019Avaluacions M\u00e8diques (ICAM) diagnostic\u00f3 entonces un \u201ctrastorno de adaptaci\u00f3n mixto reactivo sin limitaci\u00f3n psicofuncional\u201d, adem\u00e1s de \u201cdiabetes mellitus\u201d y \u201cun espol\u00f3n calc\u00e1neo en el pie izquierdo\u201d. Contra esta decisi\u00f3n, la empleada agot\u00f3, sin \u00e9xito, la v\u00eda administrativa.<\/p>\n Ya en sede judicial, la prueba documental volvi\u00f3 a acreditar el trastorno de ansiedad, unido a un \u201cs\u00edndrome ansioso depresivo en contexto de problem\u00e1tica de maltrato familiar\u201d. La enferma present\u00f3 \u201ccrisis de ansiedad recurrentes y s\u00edntomas som\u00e1ticos asociados, tales como dolor y molestias gastrointestinales\u201d.<\/p>\n El juzgado de lo social n\u00famero 9 de Barcelona estim\u00f3 la demanda en julio de 2022. La sentencia reconoci\u00f3 el grado absoluto y conden\u00f3 al Instituto Nacional de la Seguridad Social a abonar a la interesada una pensi\u00f3n vitalicia mensual, equivalente al 100 por cien de su base reguladora de 945,62 euros, m\u00e1s pagas extras, con efectos desde el 1 de mayo de 2021.<\/p>\n A continuaci\u00f3n, el Instituto present\u00f3 recurso de suplicaci\u00f3n ante el Tribunal Superior de Justicia catal\u00e1n que, tras los tr\u00e1mites habituales, ha confirmado la sentencia inicial.<\/p>\n Los magistrados recuerdan en su resoluci\u00f3n que la incapacidad permanente implica una reducci\u00f3n anat\u00f3mica o funcional grave del paciente, que disminuya o anule su capacidad laboral.<\/p>\n Desde este punto de partida, prosiguen, es necesario \u201cindividualizar cada situaci\u00f3n concreta\u201d ante un hipot\u00e9tico reconocimiento de la incapacidad. Resulta imprescindible valorar \u201ccircunstancias f\u00e1cticas\u201d como la enfermedad, su evoluci\u00f3n, la edad de la incapaz o la profesi\u00f3n habitual \u201ccon sus distintos matices\u201d. En ese an\u00e1lisis, resulta muy dif\u00edcil encontrar supuestos \u201ccon identidad sustancial\u201d, concluyen, en referencia al recurso interpuesto por el INSS y el caso que alegaron en contra de la declaraci\u00f3n de incapacidad absoluta.<\/p>\n En consecuencia, y a pesar de las alegaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social<\/a>, \u201cla invocaci\u00f3n de precedentes judiciales resulta inefectiva\u201d. Cualquier sentencia que se invoque, por referirse a otro hecho distinto, no puede vincular al juzgador, que debe adoptar una \u201cdecisi\u00f3n precisa y concreta\u201d.<\/p>\n Por ello, contin\u00faa el razonamiento de los jueces, han de valorarse \u201clas limitaciones funcionales, m\u00e1s que la \u00edndole y naturaleza de los padecimientos que las originan\u201d. Las lesiones, en s\u00ed mismas, no impiden a una persona \u201cdesarrollar un trabajo concreto o todo tipo de trabajo\u201d. Como ejemplo, justifica el fallo, \u201cunas limitaciones pueden resultar determinantes de la imposibilidad de realizar una tarea, e implicar una incapacidad\u201d, pero ser intrascendentes para otra profesi\u00f3n \u201ca pesar de derivar de las mismas lesiones\u201d.<\/p>\n En definitiva, y tras estudiar estas \u201ccircunstancias concurrentes\u201d, el fallo se decanta por \u201cel criterio que usar\u00eda un ciudadano medio\u201d.<\/a> De este modo, el informe administrativo empleado en juicio admite un \u201ctrastorno de ansiedad reactivo a violencia de g\u00e9nero\u201d, que obliga a la enferma a seguir un tratamiento en los servicios sociales. Estas limitaciones \u201cincapacitan para realizar de manera estable las tareas fundamentales de cualquier tipo de trabajo o profesi\u00f3n\u201d, incluida la que ejercitaba la demandante.<\/p>\n Por ello, el TSJ catal\u00e1n confirma la sentencia inicial y el grado de incapacidad pretendido, sin condena en costas<\/p>\nAnsiedad y violencia<\/h3>\n
An\u00e1lisis individualizado<\/h3>\n