{"id":63684,"date":"2023-10-07T09:49:33","date_gmt":"2023-10-07T07:49:33","guid":{"rendered":"https:\/\/miradordeatarfe.es\/?p=63684"},"modified":"2023-10-05T13:57:47","modified_gmt":"2023-10-05T11:57:47","slug":"el-tribunal-constitucional-respalda-en-22-sentencias-el-encaje-de-una-amnistia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/miradordeatarfe.es\/?p=63684","title":{"rendered":"El Tribunal Constitucional respalda en 22 sentencias el encaje de una amnist\u00eda"},"content":{"rendered":"

Juristas y exmagistrados del tribunal defienden la constitucionalidad de la medida de gracia en relaci\u00f3n con el \u2018proc\u00e9s\u2019; no hay sentencias contrarias que invaliden esta figura<\/h2>\n
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La posibilidad de aprobar una amnist\u00eda <\/a>en relaci\u00f3n con el proc\u00e9s <\/i>independentista catal\u00e1n \u2014culminado en oto\u00f1o de 2017\u2014 y sus consecuencias suscitan un encendido debate entre pol\u00edticos, juristas y analistas, como se comprob\u00f3 recientemente en la fallida investidura del presidente del PP, Alberto N\u00fa\u00f1ez Feij\u00f3o.<\/p>\n

La \u00faltima palabra la tendr\u00e1 con toda seguridad el Tribunal Constitucional, \u201cint\u00e9rprete supremo\u201d de la Carta Magna, que ha dictado en el periodo democr\u00e1tico hasta 22 sentencias<\/em><\/strong>, examinadas por este diario, en las que se alude a la amnist\u00eda. La discutida medida de gracia<\/a> tiene encaje constitucional, seg\u00fan el an\u00e1lisis de estas 22 sentencias. La medida es parte de la negociaci\u00f3n que el PSOE mantiene con los partidos independentistas catalanes para lograr su apoyo a la investidura de Pedro S\u00e1nchez.<\/p>\n

\u201cPor supuesto que cabe una ley de amnist\u00eda dentro de la Constituci\u00f3n, el legislador es plenamente competente para elaborarla, pero en todo caso debe adecuarse a la Constituci\u00f3n\u201d, introduce a este peri\u00f3dico Eugenio Gay,<\/a> exvicepresidente del Constitucional. Este resumen taxativo resulta tanto m\u00e1s relevante cuanto el letrado se manifiesta tambi\u00e9n muy inquieto ante su \u201ccomplicado encaje\u201d en el principio de igualdad que deben honrar las medidas de gracia.<\/p>\n

En palabras casi id\u00e9nticas, su colega Juan Antonio Xiol, tambi\u00e9n vicepresidente del tribunal hasta 2022, afirmaba en agosto en CatR\u00e0dio que en estrictos t\u00e9rminos jur\u00eddicos<\/a> \u201cla amnist\u00eda cabe perfectamente en la Constituci\u00f3n, siempre que cumpla los requisitos de los principios y derechos constitucionales\u201d. \u201cNing\u00fan juez ordinario le ha pedido jam\u00e1s que la declarase inconstitucional y el tribunal la ha aplicado una multitud de veces\u201d, a\u00f1ad\u00eda.<\/p>\n

\"Tribunal<\/span>
Sede del Tribunal Constitucional, en Madrid.Alvaro Garcia (EL PA\u00cdS)<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

Seg\u00fan esta tesis, los magistrados del Constitucional tendr\u00edan que haber declarado derogadas las dos \u00faltimas amnist\u00edas (tanto la limitada de 1976 como la de 1977) si hubieran sido contrarias a la Constituci\u00f3n. Pero no ha sido as\u00ed. La Carta Magna no solamente ampara esas normas concretas, sino tambi\u00e9n el instituto gen\u00e9rico de la amnist\u00eda, porque as\u00ed lo disponen los tratados internacionales firmados por Espa\u00f1a, que forman parte del ordenamiento jur\u00eddico interno. Porque es una expresi\u00f3n, junto al indulto, de la facultad de gracia que consagra el art\u00edculo 62<\/a> de la Constituci\u00f3n. Y de ninguna manera la proh\u00edbe, aunque no la mencione expresamente.<\/p>\n

Porque el Legislativo (el Parlamento) y no el Ejecutivo (el Gobierno) mantiene su competencia para articularla mediante ley org\u00e1nica. Y porque pueden formularse distintos tipos de amnist\u00eda, con alcance, ambici\u00f3n y efectos diferentes: la figura de la amnist\u00eda puede traducirse en una u otra amnist\u00eda. No hay solo un formato posible, seg\u00fan concluyen la docena de juristas consultados para elaborar esta informaci\u00f3n.<\/p>\n

Este es el resumen de la gu\u00eda establecida por el Constitucional en dichas resoluciones.<\/p>\n

La ampara expresamente el Consejo de Europa.<\/b> La \u00faltima sentencia del Constitucional (STC 81\/2022, de 27 de junio)<\/a> sobre la amnist\u00eda recuerda que el convenio sobre el traslado de personas condenadas, del Consejo de Europa \u2014de marzo de 1983\u2014, permite a las partes \u201cconceder el indulto, la amnist\u00eda o la conmutaci\u00f3n de penas de conformidad con la Constituci\u00f3n o sus dem\u00e1s normas jur\u00eddicas\u201d (art\u00edculo 12).<\/p>\n

Este convenio internacional rige en Espa\u00f1a y forma parte del ordenamiento interno, como consagra la Constituci\u00f3n, para todos los tratados y acuerdos suscritos por Espa\u00f1a, bajo condici\u00f3n de haberse publicado oficialmente (art\u00edculo 96.1). Solo as\u00ed gozan de primac\u00eda frente al derecho interno. Esta ratificaci\u00f3n se public\u00f3 en el Bolet\u00edn Oficial del Estado el 10 de junio de 2018. Y en su desarrollo, el Reino de Espa\u00f1a ha firmado diversos acuerdos internacionales bilaterales. Con Filipinas, en 2007. Con la India, en 2017. Adem\u00e1s, Espa\u00f1a ha rubricado en los \u00faltimos a\u00f1os m\u00e1s de 30 tratados bilaterales internacionales que incluyen una eventual amnist\u00eda.<\/p>\n

\"Numerosas<\/span>
Numerosas personas se manifiestan durante la celebraci\u00f3n del aniversario del refer\u00e9ndum del 1-O, en la plaza de Urquinaona, el 1 de octubre de 2023, en Barcelona.Kike Rinc\u00f3n (Europa Press)<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

Incorporan directamente la amnist\u00eda varias normas jur\u00eddicas que \u2014aparte de la Constituci\u00f3n\u2014 contemplan, con menci\u00f3n expl\u00edcita, la posible concesi\u00f3n de una amnist\u00eda. De forma que esta podr\u00eda acogerse a lo dispuesto en el citado convenio del Consejo de Europa. Entre ellas, destaca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incluye el t\u00e9rmino en el art\u00edculo 666.4. Esta ley configura a la amnist\u00eda \u2014que sobrevive as\u00ed tras m\u00e1s de 40 a\u00f1os de era constitucional\u2014 como uno de los art\u00edculos \u201cde previo pronunciamiento\u201d. Esto significa que puede ser alegada por el justiciable antes del juicio oral (con un plazo de tres d\u00edas tras la \u00faltima calificaci\u00f3n de los hechos), con el fin de paralizar el proceso. Esta posibilidad se puede alegar durante todo el proceso, recuerda un exmagistrado del tribunal.<\/p>\n

La Constituci\u00f3n no restringe la amnist\u00eda.<\/b> \u201cNo hay restricci\u00f3n constitucional directa sobre esta materia\u201d, estableci\u00f3 el tribunal de garant\u00edas en su STC 147\/1986<\/a>. La amnist\u00eda de 1977 est\u00e1 viva y es actual. Porque una nueva ley, de 1984, la complet\u00f3: le a\u00f1adi\u00f3 un art\u00edculo seg\u00fan el cual los derechos para reclamar sus efectos (por ejemplo, mediante recursos al propio Constitucional) siguen vigentes, porque son \u201cimprescriptibles\u201d, salvo algunos econ\u00f3micos (STC 27\/1984).<\/a> Las resoluciones del Constitucional han beneficiado a veces a los recurrentes (militares republicanos, trabajadores forzosos, dirigentes sindicales\u2026) y en ocasiones a los recurridos. Pero en ning\u00fan caso los magistrados han puesto en cuesti\u00f3n el instituto jur\u00eddico de las amnist\u00edas durante la etapa constitucional.<\/p>\n

No existe prohibici\u00f3n. <\/b>Si la Constituci\u00f3n excluyera la m\u00e1xima medida de gracia como contraria a su esp\u00edritu y a su texto, el tribunal de garant\u00edas tendr\u00eda que haberlo declarado expresamente en sus resoluciones a lo largo del tiempo, advierte un destacado exmagistrado del tribunal. \u00bfPor qu\u00e9? Porque la Carta Magna dispone en su disposici\u00f3n derogatoria tercera que \u201cquedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constituci\u00f3n\u201d. Y el tribunal ostenta en exclusiva la funci\u00f3n esencial de \u201cint\u00e9rprete supremo de la Constituci\u00f3n\u201d, y en su ejercicio, la de \u201capreciar la conformidad o disconformidad con la Constituci\u00f3n de una ley, disposici\u00f3n o acto\u201d. En suma, si hubiera detectado esa disconformidad de la ley preconstitucional de 1977 con la Norma Fundamental de 1978, o de la instituci\u00f3n de amnist\u00eda, habr\u00eda sido su obligaci\u00f3n declararla obsoleta (STC 76\/1986).<\/a> Y no ha detectado disconformidad en ninguna de las 22 sentencias que ha dictado sobre la materia a lo largo de cuatro decenios.<\/p>\n

El art\u00edculo 62 la abarca como derecho de gracia. <\/b>Este art\u00edculo clave atribuye al Rey \u201cejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podr\u00e1 autorizar indultos generales\u201d. Ahora bien, \u00bfen qu\u00e9 consiste el contenido material de ese \u201cderecho de gracia\u201d que se deriva del principio de clemencia? Inicialmente, era la facultad de perd\u00f3n atribuida a los monarcas absolutos. Con las democracias liberales (en Espa\u00f1a, con la Constituci\u00f3n de C\u00e1diz de 1812) se traspas\u00f3 al Legislativo, como encarnaci\u00f3n de la nueva soberan\u00eda nacional. La Constituci\u00f3n de 1978 establece que la soberan\u00eda nacional reside en el pueblo espa\u00f1ol. Una trayectoria hist\u00f3rica que narran bien el profesor y letrado en el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (TJUE) Juan Luis Requejo (Amnist\u00eda e indulto en el constitucionalismo hist\u00f3rico espa\u00f1ol,<\/i> publicado en 2001), y tambi\u00e9n el exhaustivo tratadista Enrique Linde Paniagua (Amnist\u00eda e indulto en Espa\u00f1a,<\/i> T\u00facar, 1976).<\/p>\n

Al comp\u00e1s del tiempo, al indulto se le a\u00f1ade la amnist\u00eda como un modo m\u00e1s amplio de cancelaci\u00f3n de responsabilidades penales, en pro de un bien superior (la \u201ctranquilidad\u201d del pa\u00eds, la \u201creconciliaci\u00f3n\u201d, la \u201cconvivencia democr\u00e1tica\u201d). Linde agrupa amnist\u00eda, indulto e indulto general bajo un \u201ctratamiento unitario\u201d y considera que \u201ctodos ellos presentan semejanzas\u201d. Y aunque exhiban \u201cdiferencias\u201d entre s\u00ed, no cree \u201cque deba renunciarse a comprender unitariamente estos institutos, porque de todos modos consisten en el ejercicio de potestad, que produce como efecto hacer cesar el ejercicio o efectos de la potestad punitiva del Estado\u201d. Todos ellos se agrupan bajo el concepto de gracia del art\u00edculo 62 de la Carta Magna.<\/p>\n

En la sentencia 63\/1983<\/a> el tribunal comparte que la amnist\u00eda es \u201cun instituto\u201d fundado en la clemencia y \u201cun ejercicio del derecho de gracia\u201d. Y en la STC 147\/1986,<\/a> los magistrados refuerzan los razonamientos diferenciadores del indulto y la amnist\u00eda. Incluyen a ambos en el amplio marco de la gracia: reconocido por la Constituci\u00f3n en sus distintos institutos, excepto el del indulto general. Este resulta prohibido, ya que era epis\u00f3dico o banal, pues se conced\u00eda para celebrar eventos como el nacimiento de Isabel II, un a\u00f1o jacobeo o los 25 a\u00f1os de paz del franquismo que organiz\u00f3 el ministro de Informaci\u00f3n Manuel Fraga. Esa misma sentencia afirma que en la ley de amnist\u00eda de 1977 \u201cverdaderamente se materializ\u00f3 el ejercicio de la facultad de gracia\u201d. En suma, la amnist\u00eda se inserta como una figura m\u00e1s dentro del \u201cderecho de gracia con arreglo a la ley\u201d que prescribe el art\u00edculo 62. Su redacci\u00f3n, eso s\u00ed, debe adecuarse a los requisitos exigidos por la Carta Magna. Es incorrecto, en definitiva, sostener que la amnist\u00eda debe figurar de forma expresa en la Constituci\u00f3n: la autorizaci\u00f3n puede ser impl\u00edcita. La prohibici\u00f3n se limita a la Administraci\u00f3n (art\u00edculo 103) pero no a las Cortes, que no est\u00e1n sometidas m\u00e1s que a la Constituci\u00f3n (art\u00edculos 1,2 y 66,2).<\/p>\n

\"Oriol<\/span>
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont el 27 de octubre de 2017 en el Parlament de Catalu\u00f1a. Albert Garcia<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

Como sintetiza Eugenio Gay, \u201cel legislador tiene absoluta capacidad de decisi\u00f3n para ello\u201d, pero \u201csiempre que no conculque la Constituci\u00f3n y que lo haga por ley org\u00e1nica, porque afecta a derechos fundamentales\u201d. \u201cEl legislador puede legislar sobre asuntos no expresos o imprevistos, aunque la Constituci\u00f3n no los mencione\u201d, remata. As\u00ed, el Constitucional estableci\u00f3 en la STC 76\/1986<\/a> que \u201csolo el legislador constitucional\u201d y \u201cmediante una ley de amnist\u00eda\u201d podr\u00eda \u201cotorgar vigencia presente\u201d a normas antiguas, como las de la etapa republicana (se refiere a la igualdad entre funcionarios civiles y militares republicanos, porque estos estaban discriminados) que quedaron derogadas por la Carta Magna de 1978.<\/p>\n

Indulto y amnist\u00eda son cualitativamente distintos. <\/b>La STC 147\/1986<\/a> niega que se pueda razonar en estos casos en t\u00e9rminos de que \u201cquien acuerde lo menos\u201d, que debe ser el jefe del Estado firmando decisiones de los pol\u00edticos (para el indulto individual), tambi\u00e9n debe ser quien acuerde \u201clo m\u00e1s\u201d (la amnist\u00eda); y se infiere que igualmente si no se puede lo menos (indultos generales), tampoco lo m\u00e1s (la amnist\u00eda). Zanja esas disquisiciones estableciendo que \u201ces err\u00f3neo razonar sobre el indulto y la amnist\u00eda como figuras cuya diferencia es meramente cuantitativa\u201d. \u00bfPor qu\u00e9? Porque \u201cse hallan entre s\u00ed en una relaci\u00f3n de diferenciaci\u00f3n cualitativa\u201d.<\/p>\n

La explicaci\u00f3n es sencilla: tanto los indultos del Gobierno de Jos\u00e9 Mar\u00eda Aznar en 1996 a terroristas de Terra Lliure<\/a> como la ley de amnist\u00eda del 15 de octubre de 1977<\/a> llevaban el refrendo de la firma del Rey: pero aquellos los aprob\u00f3 el poder ejecutivo (el Gobierno), y esta, el legislativo (las Cortes). Iba incluso signada por el presidente de las c\u00e1maras, Antonio Hern\u00e1ndez Gil, y fue votada por la mayor\u00eda de los grupos parlamentarios, excepto los diputados de Alianza Popular. Los indultos son competencia del Gobierno, que puede concederlos por decreto; las amnist\u00edas son competencia del Parlamento y requieren ley org\u00e1nica.<\/p>\n

Hay diversos tipos de amnist\u00eda, seg\u00fan su alcance. <\/b>La amnist\u00eda implica siempre extinguir la \u201cresponsabilidad penal\u201d de los afectados. Pero el Tribunal Constitucional admite en la sentencia 63\/1983 que seg\u00fan ciertos expertos solo \u201ccomporta la extinci\u00f3n de la pena\u201d; y que para algunos implica la extinci\u00f3n del \u201cdelito\u201d e incluso de \u201cla norma\u201d anterior, por injusta, en un cambio de r\u00e9gimen. Las que esterilizan normativas, como las amnist\u00edas de 1976 y 1977, comportan efectos derogatorios retroactivos legales; las dem\u00e1s, solo de actos delictivos, no de tipos delictivos.<\/p>\n

Unas borran el delito o la sanci\u00f3n, y sus efectos; las otras pueden borrar todo eso, y adem\u00e1s la ley en que se sustentaron los tribunales para condenar. Depende de la \u201cintensidad\u201d de sus objetivos o de que el \u201cefecto reintegrador\u201d que persigue sea m\u00e1s o menos ambicioso: \u201cLa amnist\u00eda no deja de serlo por tener efectos m\u00e1s limitados\u201d (sentencia 147\/1986).<\/a><\/p>\n

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Relaci\u00f3n de sentencias clave:<\/h3>\n
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Sentencias del Tribunal Constitucional 28\/1982<\/a>; 34\/1982<\/a>; 43\/1982<\/a>; 50\/1982<\/a>; 63\/1983<\/a>; 27\/1984<\/a>; 122\/1984<\/a>; 76\/1986<\/a>; 147\/1986<\/a>; 116\/1987<\/a>; 190\/1988<\/a>; 204\/1988<\/a>; 143\/1989<\/a>; 215\/1989<\/a>; 345\/1993<\/a>; 361\/1993<\/a>; 10\/1994<\/a>; 11\/1994<\/a>; 194\/1999<\/a>; 180\/2001<\/a>; 180\/2005<\/a> y 81\/2022<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

La m\u00e1xima gracia exige requisitos y permite establecer condiciones<\/h3>\n

Una v\u00eda para el pleno encaje constitucional de una eventual amnist\u00eda a los independentistas catalanes ser\u00eda reforzar su exposici\u00f3n de motivos, cumpliendo requisitos y planteando condiciones, seg\u00fan los juristas consultados por EL PA\u00cdS.<\/p>\n

Las exposiciones de motivos de las leyes tienen un \u201calcance jur\u00eddico interpretativo\u201d; son sus gu\u00edas de aplicaci\u00f3n. La sentencia sobre el Estatut catal\u00e1n (STC 31\/2010) hizo especial hincapi\u00e9 en ese asunto, y subray\u00f3 la especial significaci\u00f3n de un pre\u00e1mbulo. Tambi\u00e9n lo tendr\u00eda el de una ley de amnist\u00eda, m\u00e1s a\u00fan teniendo en cuenta como contraste que la de 1977 careci\u00f3 del mismo.<\/p>\n

Por esta raz\u00f3n, convendr\u00eda \u201cincluir en el pre\u00e1mbulo el objetivo superior de garantizar la convivencia democr\u00e1tica y el de la paz social\u201d, asegura la catedr\u00e1tica de Derecho Constitucional Rosario Garc\u00eda Mahamut, de la Universitat Jaume I, de Castell\u00f3.<\/p>\n

Esta jurista tambi\u00e9n cree que ser\u00eda adecuado mencionar la justicia material (solventando la discriminaci\u00f3n entre cabecillas y actores secundarios) y los otros principios generales de la Carta Magna. La legislaci\u00f3n de amnist\u00eda \u201cs\u00ed debe ajustarse a los principios constitucionales\u201d, resalt\u00f3 el Constitucional en su primera resoluci\u00f3n sobre la materia, en 1982. La autora de El indulto, un an\u00e1lisis jur\u00eddico constitucional<\/i> (Marcial Pons, 2004) considera que esa aplicaci\u00f3n \u201cpuede ser compleja\u201d t\u00e9cnicamente.<\/p>\n

\u201cS\u00ed cabe una amnist\u00eda en la Constituci\u00f3n, y ser\u00eda oportuno que, si se decide, se detallen todos los argumentos conforme cumple los requisitos de los principios constitucionales\u201d, comparte Julio Ponce, catedr\u00e1tico de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona.<\/p>\n

Otros juristas subrayan que se puede explorar una redacci\u00f3n que vaya m\u00e1s lejos. Por ejemplo, que aluda al fomento de la participaci\u00f3n pol\u00edtica. O elevando al texto una menci\u00f3n expl\u00edcita a la STC 43\/2014 que configur\u00f3 el llamado \u201cderecho a decidir\u201d como una \u201caspiraci\u00f3n leg\u00edtima\u201d siempre que opere dentro de la Constituci\u00f3n. Eso supone una clara exclusi\u00f3n de la unilateralidad: de ser firmado por los grupos parlamentarios independentistas solventar\u00eda gran parte de los problemas pol\u00edticos asociados al asunto. Los expertos indican otros principios constitucionales clave:<\/p>\n

Principio de legalidad: la capacidad de legislar.<\/b> \u201cSolo el legislador constitucional\u201d es competente para otorgar una amnist\u00eda (sentencia 76\/1986)<\/a> y, al tratarse de derechos fundamentales y asuntos relacionados con el derecho penal, debe hacerlo mediante ley org\u00e1nica. No parece que este asunto deba generar debate.<\/p>\n

Principio de seguridad jur\u00eddica. <\/b>La sentencia 147\/1986<\/a> reconoce que la amnist\u00eda \u201cafecta a la seguridad jur\u00eddica\u201d porque \u201caltera situaciones que han sido consagradas por sentencias judiciales firmes, provistas del valor de cosa juzgada\u201d. Y plantea como salida contemplar que se trata de \u201cun problema de l\u00edmites, de razonabilidad de los l\u00edmites\u201d impuestos a esa seguridad \u201cen aras de la prevalencia de la justicia material\u201d.<\/p>\n

Principio de igualdad: asignatura complicada.<\/b> La sentencia 116\/1987 recuerda que \u201cla legislaci\u00f3n de amnist\u00eda, aunque responda en su conjunto a un valor superior de justicia, se halla sometida al principio de igualdad\u201d. Y la sentencia 63\/1983 prescribe que ha de conciliarse \u201ccon el principio de igualdad\u201d, pues \u201ces algo que se asienta firmemente en el valor de la igualdad y en la sujeci\u00f3n de todos los poderes, p\u00fablicos \u2014tambi\u00e9n del legislativo\u2014 a este valor superior de nuestro ordenamiento, art\u00edculo 1.1 de la Constituci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

En otra media docena de sentencias, no referidas directamente a la amnist\u00eda (como la 88\/2003), el tribunal configura el derecho a la igualdad al indicar que \u201cno da cobertura a un imposible derecho a la igualdad en la ilegalidad, de modo que aquel a quien se aplica la ley no puede considerar violado el citado principio constitucional\u201d por el hecho de que \u201cno se aplique a otros que asimismo han incumplido\u201d. No supone, por tanto, que \u201cen virtud del principio de igualdad deba declararse la impunidad de otros que hayan participado en los mismos hechos\u201d.<\/p>\n

Respeto a la prohibici\u00f3n de arbitrariedad. <\/b>Para rechazar una norma debe ser manifiestamente arbitraria, de una arbitrariedad evidente, prohibida por el art\u00edculo 9.3 de la Constituci\u00f3n. Puede no serlo si deriva de una justificaci\u00f3n \u201crazonable\u201d y con \u201cfundamento\u201d (STC 67\/2013). Lo ser\u00eda si se articulase solo en beneficio de un Gobierno o de un partido y no de objetivos buscados por la Constituci\u00f3n como \u201cgarantizar la convivencia democr\u00e1tica\u201d (recogida en el pre\u00e1mbulo), la \u201cparticipaci\u00f3n de todos los ciudadanos en la vida pol\u00edtica\u201d (art\u00edculo 9.2) o la \u201cpaz social\u201d.<\/p>\n<\/div>\n

Xavier Vidal-Folch<\/strong><\/a><\/p>\n

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FOTO: Acto organizado por \u00d3mnium Cultural en febrero de 2021 en Barcelona, en el que participaron destacados dirigentes del ‘proc\u00e9s’.MASSIMILIANO MINOCRI<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/header>\n
https:\/\/elpais.com\/espana\/2023-10-05\/el-tribunal-constitucional-respalda-en-22-sentencias-el-encaje-de-una-amnistia.html<\/span><\/figure>\n
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