En el verano, Chile incorpor\u00f3 a su c\u00f3digo penal el concepto de ecocidio. Lo hizo de forma indirecta,<\/a> aunque no lo menciona como tal, s\u00ed habla de lo que el ecocidio supone. Ha sido una decisi\u00f3n hist\u00f3rica que confirma que atacar v\u00eda legislaci\u00f3n el abuso de los recursos naturales<\/strong> se est\u00e1 asentando como uno de los caminos que est\u00e1n tomando diferentes pa\u00edses alrededor del mundo.<\/p>\n Por definici\u00f3n, el ecocidio es \u00abcualquier acto il\u00edcito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause da\u00f1os graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente<\/strong>\u00bb. El concepto fue definido en 2021 por un panel de expertos independientes convocados por la Fundaci\u00f3n Stop Ecocidio. Y esa es<\/a> la que est\u00e1n pidiendo ahora que la Corte Penal Internacional incorpore al Estatuto de Roma.<\/p>\n Aun as\u00ed, el t\u00e9rmino no es nuevo. De hecho, algo m\u00e1s de una docena de pa\u00edses en todo el mundo ya tienen<\/a>\u00a0leyes sobre el ecocidio, algunos desde incluso los a\u00f1os 90<\/strong>. Unos cuantos m\u00e1s est\u00e1n<\/a> trabajando para hacerlo o est\u00e1n cerca de tipificarlo. B\u00e9lgica es el caso m\u00e1s reciente. Adem\u00e1s, en febrero, el Parlamento Europeo aprob\u00f3 la nueva normativa europea de delitos ambientales, que no incluye el t\u00e9rmino pero que, como en el caso chileno, s\u00ed sus \u00e1reas de impacto.<\/p>\n La Uni\u00f3n Europea ha estado<\/a> endureciendo en los \u00faltimos meses las diferentes normas comunitarias relacionadas con los delitos ambientales. Seg\u00fan datos<\/a> del Consejo de la Uni\u00f3n Europea, \u00abla delincuencia medioambiental es una de las actividades delictivas organizadas m\u00e1s lucrativas del mundo<\/strong>\u00bb. Ahora mismo, es<\/a> la tercera industria criminal del mundo, con un crecimiento de entre el 5 y el 7% interanual y causa p\u00e9rdidas de entre 110.000 y 281.000 millones de d\u00f3lares en todo el mundo. Sin embargo, es dif\u00edcil de detectar y de sancionar.<\/p>\n El Parlamento Europeo aprob\u00f3 este a\u00f1o la nueva normativa europea de delitos ambientales<\/p>\n<\/blockquote>\n En noviembre de 2023, se cerr\u00f3 un acuerdo para aumentar la lista de potenciales delitos ambientales y sus penas. As\u00ed, la lista pas\u00f3 de 9 a 18 cr\u00edmenes tipificados en la normativa europea. Entre los nuevos delitos, se encuentran el tr\u00e1fico de madera, el reciclado ilegal de componentes de barcos o las infracciones serias en la normativa sobre qu\u00edmicos<\/strong>. Las penas tambi\u00e9n se han vuelto m\u00e1s duras, tanto en tiempo de c\u00e1rcel como en multas. Por ejemplo, la penalizaci\u00f3n econ\u00f3mica oscilar\u00e1 entre el 3 y el 5% de la facturaci\u00f3n de las empresas, o entre los 24 y los 40 millones de euros.<\/p>\n \u00abLa delincuencia medioambiental causa da\u00f1os devastadores a nuestro medio ambiente, perjudica nuestra salud y nuestra econom\u00eda\u00bb, asegura Virginijus Sinkevi\u010dius, comisario responsable de Medio Ambiente, Oc\u00e9anos y Pesca. \u00abDurante demasiado tiempo, los delincuentes se han beneficiado de la debilidad de las sanciones y de la falta de ejecuci\u00f3n<\/strong>\u00bb, lamenta<\/a>.<\/p>\n En paralelo, la UE ha ido cerrando acuerdos provisionales para afianzar otras normativas comunitarias que reduzcan el impacto en el medio ambiente. En los \u00faltimos meses, se ha endurecido la norma de gesti\u00f3n de residuos, incorporando obligaciones de pago para las industrias contaminantes (las farmac\u00e9uticas y cosm\u00e9ticas deber\u00e1n asumir<\/a> el 80% del coste del tratamiento adicional para eliminar micropl\u00e1sticos); se ha regulado el packaging<\/em>, para obligar a que este sea m\u00e1s sostenible y reducirlo al m\u00ednimo; y se han aprobado medidas parlamentarias para reducir contaminaci\u00f3n industrial y de las granjas, codificando multas para quienes incumplan.<\/p>\n Las leyes concretas est\u00e1n emergiendo, pero la cuesti\u00f3n verde lleva siendo una cuesti\u00f3n penal ya desde hace alg\u00fan tiempo. A nivel global, activistas y organizaciones de todo tipo llevan d\u00e9cadas haciendo activismo judicial. En 2022, se registr\u00f3 en Francia \u2013el primer pa\u00eds de la Uni\u00f3n Europea en tipificarlo en su c\u00f3digo penal\u2013 la primera demanda por ecocidio en Europa<\/strong>, centrada en la contaminaci\u00f3n qu\u00edmica. Pero incluso all\u00ed donde el ecocidio no es todav\u00eda parte de la ley, se han presentado demandas, aprovechando otras normas.<\/p>\n Desde 2017, se han duplicado los litigios ambientales<\/strong>, seg\u00fan estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia. Y los demandados no son solo empresas; tambi\u00e9n se est\u00e1 acusando<\/a> a los organismos p\u00fablicos de no hacer lo suficiente para frenar el cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n Fuentes expertas esperan que la cifra de litigios clim\u00e1ticos vaya en aumento en las pr\u00f3ximas d\u00e9cadas. Las sentencias, al convertirse en jurisprudencia, pueden afianzarse como material para el cambio.<\/p>\n Una gran parte de los litigios clim\u00e1ticos se producen en los tribunales estadounidenses, aunque tambi\u00e9n se est\u00e1n produciendo ejemplos m\u00e1s cercanos. En Espa\u00f1a, la demanda colectiva de varias oeneg\u00e9s contra el Gobierno se resolvi\u00f3 a favor del Estado. La m\u00e1s reciente \u2013y llamativa, porque implica a dos compa\u00f1\u00edas privadas tanto como demandante como demandada\u2013 es la que acaba de enfrentar a Repsol e Iberdrola. Esta \u00faltima ha denunciado a la primera por, seg\u00fan sus acusaciones<\/a>, hacer greenwashing<\/em><\/a> y, con ello, distorsionar el mercado.<\/p>\n El ecopostureo es una de las grandes preocupaciones de este momento, incluso fuera de los tribunales. Euromonitor ya apuntaba en diciembre en sus proyecciones de consumo para 2024 que una de las claves ser\u00eda lo que llamaban \u00abgreenwashed<\/em> out<\/em>\u00bb, un mayor cuestionamiento de las promesas \u00abeco\u00bb<\/strong> y un rechazo m\u00e1s pleno de las que no tienen fundamentos reales.<\/p>\n Por ello, no sorprende que vaya a ser tambi\u00e9n una de las \u00e1reas clave de la normativa verde que se avecina. En Espa\u00f1a, se trabaja en la llamada Ley de Consumo Sostenible, que penalizar\u00e1 que se vendan como \u00abverdes\u00bb productos que no lo son y los considerar\u00e1 competencia desleal. Las multas, seg\u00fan ha adelantado<\/a> El Pa\u00eds<\/em>, podr\u00edan llegar a los 100.000 euros.<\/p>\n Sobre el ecocidio, aunque todav\u00eda no forma parte del c\u00f3digo penal espa\u00f1ol, el Parlamento catal\u00e1n ha iniciado<\/a> un procedimiento para conseguirlo.<\/p>\n\n
El medio ambiente, a juicio<\/h2>\n
Raquel C. Pico<\/strong><\/a><\/h2>\n