Como responsable civil subsidiario pero intentar\u00e1 que, m\u00e1s que responsable, sea considerado una \u00abv\u00edctima\u00bb de la gesti\u00f3n realizada por los exalcaldes socialistas, V\u00edctor S\u00e1nchez y Tom\u00e1s Ruiz MaesoEl Ayuntamiento de Atarfe (Granada) ha formalizado su personaci\u00f3n en el caso sobre las supuestas irregularidades cometidas en la concesi\u00f3n de las licencias de primera ocupaci\u00f3n de la macrourbanizaci\u00f3n Medina Elvira, en el municipio, despu\u00e9s de que el Juzgado de Instrucci\u00f3n 4 de Granada declarara su posible responsabilidad civil subisidiaria.<\/p>\n
Seg\u00fan han informado fuentes del Ayuntamiento, el municipio se persona en ese sentido como responsable civil subsidiario pero intentar\u00e1 que, m\u00e1s que responsable, sea considerado una \u00abv\u00edctima\u00bb de la gesti\u00f3n realizada por los exalcaldes socialistas, V\u00edctor S\u00e1nchez y Tom\u00e1s Ruiz Maeso.<\/p>\n
De hecho, se dar\u00eda la paradoja de que el actual equipo de gobierno, de Por Atarfe S\u00ed (Podemos), tuviera que hacer frente de forma subsidiaria a las indemnizaciones que se desprendieran de esta causa, que ser\u00e1 juzgada en la Audiencia Provincial de Granada, por unas posibles ilegalidades presuntamente cometidas por aquellos a los que denunciaron con anterioridad, S\u00e1nchez y Ruiz Maeso, aunque el primero no acude a las vistas previstas contra \u00e9l por su delicado estado de salud.<\/p>\n
Seg\u00fan ha indicado a Europa Press la actual primera teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Vivienda, Rosa F\u00e9lix, al margen del caso judicial, el Ayuntamiento intentar\u00e1 negociar con los bancos una posible salida sostenible a la urbanizaci\u00f3n, y har\u00e1 un estudio de viabilidad para darle una \u00absalida legal y una alternativa\u00bb a las viviendas. \u00abUna cosa es que nos defendamos en este caso y otra muy distinta que dejemos abandonadas a las v\u00edctimas, y no vamos a hacer eso\u00bb, ha mantenido F\u00e9lix, que ha recordado que el Ayuntamiento mantiene una deuda de en torno a 60 millones, seg\u00fan la estimaci\u00f3n provisional.<\/p>\n
La deuda, de la que Por Atarfe S\u00ed ha conseguido abonar m\u00e1s de dos millones de euros, se ver\u00eda engrosada por las posibles indemnizaciones que tendr\u00eda que enfrentar en el caso de las licencias de Medina Elvira, una cuant\u00eda que el Ayuntamiento desconoce por ahora.<\/p>\n
El Juzgado de Instrucci\u00f3n 4 declar\u00f3 la declarado la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento respondiendo a la petici\u00f3n de la Audiencia Provincial de Granada, que el pasado 25 de enero, cuando estaba previsto el comienzo del juicio por el asunto de las licencias, acord\u00f3 devolverle la causa para que revisara el auto de apertura de juicio oral en lo referente a las responsabilidades civiles.<\/p>\n
As\u00ed, el titular del Juzgado, el magistrado Antonio Moreno, declar\u00f3 la responsabilidad civil de las sociedades inmobiliarias presuntamente implicadas (Bareo Investments, Vladigolf, Pens\u00ednsula Project, Costaind y Costa Ind\u00e1lica), y acord\u00f3 trasladarle las actuaciones a sus administradores concursales –ya se que encuentran en concurso de acreedores– para que presenten su escrito de defensa.<\/p>\n
Tambi\u00e9n declaraba la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Atarfe por las peticiones indemnizatorias que pudieren resultar y declararse respecto de los acusados, y le daba un plazo de tres d\u00edas para personarse en esa condici\u00f3n y presentar escrito de defensa.<\/p>\n
Los acusados<\/p>\n
En este caso de las licencias de primera ocupaci\u00f3n de Medina Elvira, un macrocomplejo urban\u00edstico que estaba llamado a convertirse en una urbanizaci\u00f3n de lujo dotada de instalaciones tur\u00edsticas y comerciales y un campo de golf de 18 hoyos hoy abandonado, est\u00e1n acusados los exalcaldes de Atarfe V\u00edctor S\u00e1nchez y Tom\u00e1s Ruiz Maeso.<\/p>\n
Ruiz Maeso y S\u00e1nchez –que no se presentar\u00e1 al juicio por motivos de salud– se enfrentan a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n y diez a\u00f1os de inhabilitaci\u00f3n especial para empleo o cargo p\u00fablico por la posible comisi\u00f3n de un delito continuado de prevaricaci\u00f3n urban\u00edstica. Tambi\u00e9n est\u00e1n acusados el arquitecto municipal, Luis Gustavo G.C., y el secretario del Ayuntamiento, Jos\u00e9 Antonio L.G., para los que la Fiscal\u00eda pide la misma pena que a los anteriores.<\/p>\n
Asimismo, el Ministerio P\u00fablico atribuye tres delitos continuados de estafa al representante legal de la mercantil Bareo Investments y Vladiglof –la empresa propietaria de los terrenos–, Orfeo B.R., y para los representantes legales de las promotoras Pen\u00ednsula Project, y Costaind y Costa Ind\u00e1lica, Jos\u00e9 G.V.L.G. y Marcelino M.D.F. Para cada uno de ellos solicita seis a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 14.400 euros.<\/p>\n
Seg\u00fan consta en el escrito de acusaci\u00f3n provisional de la Fiscal\u00eda, al que ha tenido acceso Europa Press, tanto V\u00edctor S\u00e1nchez –alcalde desde 1991 hasta marzo de 2009– como Tom\u00e1s Ruiz, en connivencia con los tambi\u00e9n acusados secretario y arquitecto municipal, \u00abaprovech\u00e1ndose de sus cargos municipales y obviando el cumplimiento de la legalidad\u00bb, concedieron irregularmente las licencias de primera ocupaci\u00f3n a diversas promotoras del complejo residencial Medina Elvira.<\/p>\n
Con ello, favorecieron y permitieron que las sociedades implicadas procedieran a la venta de inmuebles \u00aba sabiendas de que no contaban con los servicios m\u00ednimos imprescindibles, exigidos legalmente, para su ocupaci\u00f3n y habitabilidad, as\u00ed como incumpliendo los tr\u00e1mites esenciales y previos a la concesi\u00f3n de las licencias\u00bb. De este modo se concedieron siete licencias de primera ocupaci\u00f3n a distintas sociedades titulares de unas promociones de viviendas y de un centro docente ubicadas en este sector residencial.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda mantiene que esto se hizo \u00abeludiendo los requisitos exigidos por la normativa urban\u00edstica para este tipo de suelo y los tr\u00e1mites legalmente previstos para ello\u00bb, en ocasiones, previo informe favorable del arquitecto municipal, \u00abpleno conocedor\u00bb dado su cargo de \u00ablas condiciones exigidas legalmente\u00bb.<\/p>\n
Con ello considera el fiscal que los procesados incumplieron \u00abconsciente y deliberadamente\u00bb lo establecido en la normativa vigente, una actuaci\u00f3n que se desarroll\u00f3 con \u00abel conocimiento y el consentimiento\u00bb del secretario del Ayuntamiento, quien \u00abfaltando a su deber\u00bb, permiti\u00f3 la \u00abvulneraci\u00f3n de la normativa urban\u00edstica\u00bb, \u00abno advirtiendo deliberadamente de la ilegalidad de la actuaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
LOS EMPRESARIOS URBAN\u00cdSTICOS<\/p>\n
Para el fiscal, los responsables de las empresas Bareo Investments y Vladiglof, y de las promotoras Pen\u00ednsula Project, y Costaind S.A. y Costa Ind\u00e1lica, guiados por el \u00e1nimo de \u00abobtener un lucro il\u00edcito\u00bb procedieron a la venta de los pisos de que eran titulares en el complejo residencial, a\u00fan siendo plenamente conscientes de la situaci\u00f3n en que se encontraban las viviendas y que al presentar graves irregularidades en la normativa urban\u00edstica no pod\u00edan obtener las licencias necesarias, adem\u00e1s de que no contaban con condiciones de habitabilidad al no estar ejecutadas las obras de saneamiento ni estar dotadas de los servicios necesarios.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda mantiene que \u00abocultaron\u00bb estos problemas a los compradores de las viviendas, toda vez que de haberlo sabido no hubiesen llevado a cabo la adquisici\u00f3n ni el pago de su precio, a\u00f1adiendo que \u00abla publicidad realizada incluso a trav\u00e9s de Internet y la apariencia de solvencia de los representantes legales de las sociedades implicadas en estos hechos determinaron las adquisiciones de las viviendas\u00bb.<\/p>\n
De hecho, el Ministerio P\u00fablico reclama adem\u00e1s declarar la nulidad de las siete licencias de primera ocupaci\u00f3n concedidas de manera ilegal y la indemnizaci\u00f3n conjunta, por parte de los acusados, a los adquirientes de las viviendas en las cantidades en que se acredite el perjuicio ocasionado.<\/p>\n