La situaci\u00f3n de la vivienda en alquiler en Espa\u00f1a se va a agravar especialmente este a\u00f1o, cuando vencen 630.000 contratos firmados en 2021 que afectan a 1,6 millones de personas.<\/p>\n
A ellos se sumar\u00e1n otros 600.000 contratos en 2027, el doble de los que vencieron en 2025. Son contratos firmados en los a\u00f1os de la pandemia, cuando muchos de estos arrendamientos se cerraron a la baja. Hoy, despu\u00e9s de un lustro de crecimiento vertiginoso de los precios, est\u00e1n notablemente por debajo de mercado, hasta un 50% seg\u00fan datos del Ministerio de Consumo. La finalizaci\u00f3n de estos contratos se produce en un momento extremadamente complejo<\/a>, con un mercado enloquecido, precios prohibitivos, oferta muy escasa y criterios de selecci\u00f3n draconianos. Cientos de miles de familias se van a enfrentar de un d\u00eda para otro a unos precios prohibitivos en una jungla inmobiliaria.<\/p>\n El Gobierno ha decidido, acertadamente, utilizar incentivos fiscales para tratar de limitar el impacto de esta situaci\u00f3n. El Ejecutivo ha trasladado que estudia penalizar en el IRPF a los propietarios que suban los precios <\/a>de los nuevos acuerdos por encima de la inflaci\u00f3n. Se trata de un giro de 180 grados en la pol\u00edtica fiscal que ven\u00eda aplicando el propio Ejecutivo en materia de vivienda, despu\u00e9s de apostar \u00fanicamente por rebajas en el IRPF de los caseros para facilitar que millones de viviendas siguieran en el mercado. La ley de 2024 establece una reducci\u00f3n general del rendimiento neto del alquiler del 50% a unos dos millones de caseros, al tiempo que incorporaba deducciones mucho mayores (de hasta el 90%) para aquellos que rehabilitaran la vivienda, alquilaran a j\u00f3venes o redujeran el precio m\u00e1s de un 5% respecto al contrato anterior en una zona de mercado tensionado.<\/p>\n El propio presidente del Gobierno lleg\u00f3 a anunciar el pasado mes de enero<\/a> una ampliaci\u00f3n de esa bonificaci\u00f3n para los propietarios del 50% al 100%, como v\u00eda para contener las rentas ante la avalancha de finalizaciones de contratos. Un mes despu\u00e9s el mensaje que se traslada es justo el contrario. Ni una medida ni otra cuentan con el aval del socio minoritario del Gobierno, Sumar, que rechaza por ineficaces estas medidas fiscales porque a su juicio contribuyen a agrandar la desigualdad entre caseros e inquilinos. Sumar quiere un \u00fanico decreto que incluya una pr\u00f3rroga autom\u00e1tica de los contratos <\/a>que vencen este a\u00f1o. El propio Consejo de Ministros est\u00e1 dividido.<\/p>\n La pol\u00edtica tributaria es una herramienta fundamental de la acci\u00f3n de un Gobierno y las decisiones en materia de impuestos no solo son leg\u00edtimas sino necesarias. Aplicada a la vivienda, puede corregir desequilibrios e incentivar unos comportamientos sobre otros. Sin embargo, la crisis habitacional no puede combatirse con anuncios inconexos e incluso contradictorios que solo a\u00f1aden confusi\u00f3n al mercado y generan inseguridad <\/a>tanto para los propietarios como para los inquilinos. Los propietarios no saben si les conviene m\u00e1s subir el alquiler a precio de mercado, congelarlo o bajarlo. Pol\u00edticamente, la impresi\u00f3n de improvisaci\u00f3n tampoco ayuda a la credibilidad.<\/p>\n