La futura prohibici\u00f3n de que los menores de 16 a\u00f1os puedan acceder a redes sociales<\/a> marca un nuevo cap\u00edtulo en el debate sobre infancia, tecnolog\u00eda y responsabilidad p\u00fablica. La medida,<\/a> que el Gobierno de Espa\u00f1a prev\u00e9 aprobar en las pr\u00f3ximas semanas dentro del paquete normativo de protecci\u00f3n de ni\u00f1os y adolescentes en entornos digitales, parte de una premisa clara: retrasar la entrada a plataformas dise\u00f1adas para captar atenci\u00f3n, monetizar datos y fomentar la permanencia prolongada. Sigue la estela de la misma prohibici\u00f3n que entr\u00f3 en vigor en Australia<\/a> el pasado mes de diciembre, y a la que planean sumarse Francia <\/a>y Portugal<\/a>.<\/p>\n Los defensores de esta regulaci\u00f3n consideran que se trata de un paso necesario ante el aumento de problemas de salud mental<\/a>, acoso, exposici\u00f3n a contenidos inadecuados y p\u00e9rdida de privacidad entre menores. Sus detractores alertan, en cambio, de un giro paternalista<\/a> que puede generar efectos contraproducentes y eludir el verdadero n\u00facleo del problema: la falta de educaci\u00f3n digital.<\/p>\n