Granada<\/strong> que han aceptado archivar provisionalmente todas las causas pendientes contra \u00e9l por su delicado estado de salud.<\/p>\nEn una resoluci\u00f3n de fecha 18 de abril, el Juzgado de lo Penal 2 reconoce que el estado de salud del acusado no es compatible con asistir a la sede judicial, fuera de su entorno, por el estr\u00e9s que determina esta situaci\u00f3n, pero considera que no ha lugar a archivar provisionalmente la causa contra \u00e9l, como reclam\u00f3 su defensa.<\/p>\n
De hecho, se\u00f1ala que en el informe m\u00e9dico realizado sobre el estado de salud del exalcalde, los forenses aconsejan su declaraci\u00f3n domiciliaria, pues su estado de salud no impedir\u00e1 que pueda contestar a las preguntas que se formulen, \u201cencontr\u00e1ndose con el sosiego propio de su entorno domiciliario\u201d.<\/p>\n
Por ello, el juez considera que podr\u00e1 declarar por videoconferencia con una unidad del 061 para los d\u00edas del juicio (los d\u00edas 27, 28 y 29 de junio), \u201cpor si fuera necesario su estabilizaci\u00f3n m\u00e9dica en su propio domicilio, en caso de sufrir alguna descompensaci\u00f3n puntual\u201d, y as\u00ed lo solicita al Servicio Andaluz de Salud.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el juez pide a la Delegaci\u00f3n de Justicia de la Junta de Andaluc\u00eda que adopte las \u201cmedidas t\u00e9cnicas necesarias\u201d para conectar por videoconferencia el domicilio del acusado con la Sala de Vistas del Juzgado, con el fin de celebrar el juicio con \u00e9ste en su vivienda particular, donde podr\u00e1 participar y presenciar la prueba que se practique.<\/p>\n
El juicio por estos hechos, que se retomar\u00e1 en junio, fue suspendido el 24 de septiembre de 2013 por enfermedad del exalcalde, que en esta causa est\u00e1 acusado junto con el arquitecto municipal.<\/p>\n
Tanto el exalcalde como el arquitecto se enfrentan a una condena de 15 meses de prisi\u00f3n, multa de 43.200 euros, e inhabilitaci\u00f3n especial para la profesi\u00f3n u oficio por tiempo de ocho a\u00f1os y medio, o, alternativamente, inhabilitaci\u00f3n especial por el mismo periodo.<\/p>\n
Seg\u00fan consta en el escrito de acusaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda, el entonces alcalde y el arquitecto \u201cse concertaron mutuamente y elaboraron un plan\u201d para llevar a cabo en dos parcelas, en la Unidad de Ejecuci\u00f3n (UE) 10 y en la 11, \u201cun desarrollo urban\u00edstico contrario a lo establecido en la legislaci\u00f3n\u201d, y con \u201cperjuicio a los intereses del municipio\u201d.<\/p>\n
As\u00ed, todo comenz\u00f3 el 25 de octubre de 2002, cuando el alcalde firm\u00f3 un documento privado con la Fundaci\u00f3n Ben\u00e9fica San Francisco Javier y Santa C\u00e1ndida por el que el Ayuntamiento le ced\u00eda unos terrenos calificados \u00edntegramente como de zona verde, de 9.120 metros cuadrados, as\u00ed como la totalidad de los espacios que en las UE 10 y 11 que se calificaban como viales, zonas verdes, centros docentes y equipamientos por las Normas Subsidiarias y por el Plan Parcial SR-3.<\/p>\n
Las parcelas netas edificables, para viviendas y residencias, quedaban a \u201clibre disposici\u00f3n\u201d de la Fundaci\u00f3n, que, en lugar de presentar los correspondientes proyectos de urbanizaci\u00f3n, vendi\u00f3 la finca lograda en la operaci\u00f3n en junio de 2003 a una empresa, Fofinam.<\/p>\n
Ya el 13 de enero de 2004, se suscribi\u00f3 entre el Ayuntamiento de Atarfe<\/strong>, representado por su alcalde, y esta empresa un convenio urban\u00edstico en el que se especificaba la necesidad de proceder, por un lado, a una \u201cm\u00e1s adecuada\u201d reorganizaci\u00f3n y agrupaci\u00f3n de las zonas de equipamiento junto a un instituto de ense\u00f1anza que se encontraba en la zona, a fin de ampliar sus dotaciones y, de otro lado, reubicar las zonas libres junto a la zona residencial.<\/p>\nEn el convenio, el Consistorio se compromet\u00eda a incluir en el proyecto del Plan General de Ordenaci\u00f3n Urban\u00edstica (PGOU) de Atarfe una nueva reordenaci\u00f3n de los espacios dotacionales y suelo equipamental. Adem\u00e1s, deb\u00eda transmitir un total de 4.893 metros cuadrados de suelo equipamental sin especificar, de la UE-10, a Fofinam mediante \u201ccompensaci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d sustitutiva, mientras que la empresa ten\u00eda que dedicar esos metros a usos de servicio residencial y asistencial, ense\u00f1anza, servicios comerciales, comunicaciones y transportes.<\/p>\n
Los acusados, \u201cen ejecuci\u00f3n del plan preconcebido\u201d, llevaron a cabo una serie de actuaciones tales como la venta a la empresa de la totalidad de la zona de equipamiento de la UE-10, modific\u00e1ndose el equipamiento de docente a sin especificar. Como consecuencia de ello, sobre una parcela de 14.569 metros cuadrados en la que radicaba el instituto de ense\u00f1anza secundaria se decidi\u00f3 la construcci\u00f3n de un colegio de ense\u00f1anza infantil y primaria. Adem\u00e1s, a trav\u00e9s de diversos estudios de detalle, se fue reduciendo la zona verde y de equipamiento, con cambios de tipolog\u00eda que incluyeron asimismo aumentos de la edificabilidad.<\/p>\n
Adem\u00e1s, en lugar de ordenar el suelo sobrante, ubicaron en la zona una parcela de 3.477 metros cuadrados destinada a edificar una manzana cerrada a favor de la empresa Moda Urbana (perteneciente a Fofinam), la cual cedi\u00f3 al Ayuntamiento otros 2.100 metros para plaza o parque en otro lugar. El resultado fue una operaci\u00f3n \u201cen contravenci\u00f3n de la legalidad urban\u00edstica\u201d, utilizando mecanismos \u201cno previstos\u201d en la ley, \u201cen claro beneficio a una empresa privada\u201d y en \u201cperjuicio de la localidad\u201d -ya que perdi\u00f3 m\u00e1s de 1.000 metros para equipamientos y zona verde-.<\/p>\n
El 10 de febrero de 2004 el proyecto de urbanizaci\u00f3n de la UE-R-10 se aprob\u00f3 definitivamente, incumpliendo las Normas Subsidiarias y el primer estudio de detalle, adem\u00e1s de la Ley de Ordenaci\u00f3n Urbana de Andaluc\u00eda (LOUA). As\u00ed, modificaba y cambiaba el lugar de los espacios libres sin informe del Consejo Consultivo, se redujo el equipamiento de 4.893 metros cuadrados a 4.231, o se defini\u00f3 dentro de una manzana de 7.708 metros cuadrados una \u00e1rea residencial pero sin especificar su superficie. Se concedieron adem\u00e1s licencias de obras para la construcci\u00f3n de 486 viviendas, sobrepasando el est\u00e1ndar fijado por la LOUA, y se construy\u00f3 un colegio dentro del instituto, ocasionando un perjuicio al municipio cuya cuant\u00eda no ha sido a\u00fan definida.<\/p>\n
En el caso tambi\u00e9n est\u00e1 personado como acusaci\u00f3n popular la Plataforma Salvemos la Vega, que eleva su petici\u00f3n de pena para los dos inculpados a los dos a\u00f1os de prisi\u00f3n, multas de 57.600 euros, e inhabilitaci\u00f3n especial para la profesi\u00f3n u oficio por un periodo de ocho a\u00f1os y medio.<\/p>\n
Adem\u00e1s, esta parte solicita la cesi\u00f3n obligatoria y gratuita al municipio manzanas relacionadas con la operaci\u00f3n, el abono en terrenos o met\u00e1lico del 10 por ciento completo del aprovechamiento urban\u00edstico, el importe del resultado de la valoraci\u00f3n pericial del suelo dotacional que no ha sido cedido de acuerdo con lo que se ha construido hasta ahora, y que recaigan sobre el promotor los gastos derivados de las obras necesarias para restituir el dominio p\u00fablico hidr\u00e1ulico del barranco del Canalillo.<\/p>\n<\/div>\n
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